Al concluir su visita al país andino, un relator independiente de la ONU señala, entre otras dificultades sistémicas para que la sociedad boliviana tenga un acceso a la justicia la impunidad, especialmente en los crímenes de feminicidio, el hacinamiento carcelario y el abuso de la prisión preventiva, y la falta de recursos.
“La justicia está lejos de la gente”, ha asegurado el relator* especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados al terminar su visita oficial al Estado Plurinacional de Bolivia.
Para Diego García-Sayán, que llevó a cabo la visita entre el 15 al 22 de febrero a invitación del Gobierno, “la construcción de un sistema de justicia independiente y accesible es un reto fundamental de la sociedad boliviana”.
Entre las dificultades sistémicas que existen para que los bolivianos puedan acceder de manera fluida a la justicia, García-Sayán destacó “la impunidad frente al crimen”, especialmente en los casos de feminicidio y violencia sexual.
“Esto hace que la justicia esté lejos de las aspiraciones y necesidades de la gente”, añadió.
Otra severa limitación a la justicia es el hacinamiento carcelario y la altísima proporción de detenciones preventivas.
Por ese motivo, el experto exhortó al país a “intensificar sus esfuerzos para combatir el abuso de la figura de la prisión preventiva y reducir la sobreocupación en los centros de detención”.
Falta de recursos
García-Sayán mencionó las graves restricciones en los recursos presupuestales disponibles para la administración de justicia, así como los deficientes mecanismos de gestión de esos recursos.
Por ello, instó a que esas restricciones se superen con programas graduales, pero sostenidos. Otro aspecto que resaltó fue el de la justicia indígena y sus limitaciones, que calificó como un asunto de crucial relevancia para la sociedad boliviana. De hecho, la Constitución ha establecido importantes normas y principios fundamentales relativos a esta cuestión.
“Lamentablemente la Ley de Deslinde Jurisdiccional del 2010 establece tal cantidad de restricciones y limitaciones que acaba neutralizando a la justicia indígena”, observó el experto que aconsejó revisar este asunto y establecer nuevamente la llamada justicia de paz para asuntos y cuestiones menores “habida cuenta de su accesibilidad y la falta de jueces en la mayoría de las circunscripciones del país”.
Los efectos de la crisis política y social en 2019
La crisis política y social del 2019, por otro lado, y sus repercusiones en el sistema judicial es otro de los asuntos sobre los que el relator puso énfasis. Tras haber sostenido una larga sesión de trabajo con víctimas de los sucesos de represión entre el 11 y el 19 de noviembre de ese año, expresó su preocupación por las serias limitaciones en las investigaciones judiciales en curso, pasados ya más de dos años de hechos en los que murieron varias personas y muchas más quedaron heridas.
Y sobre la elección de altas cortes por medio del voto popular, el relator indicó que “conviene revisar y perfeccionar algunos de estos procesos de cara a contar con un sistema judicial independiente y en el que los criterios de selección sean estrictamente meritocráticos, basados en la trayectoria y experiencia profesional y su compromiso con los derechos humanos”.
Al respecto tomó nota de las diversas alternativas que recogió en sus diversas entrevistas e hizo especial hincapié en reajustar los procesos de preselección para que estos sean guiados exclusivamente por la identificación de los méritos, la carrera profesional y el compromiso con los derechos humanos y no por consideraciones políticas o partidarias.
Compromiso de la sociedad y las instituciones
“La justicia independiente y efectiva es central para la vida digna y el disfrute de los derechos humanos. Durante el tiempo que pasé en Bolivia, he notado la extendida atención que la sociedad y las instituciones bolivianas le dan a la justicia, a la necesidad de superar sus limitaciones y contar con una justicia más transparente, independiente y al servicio de la sociedad. Congratulo el esfuerzo de encarar una reforma de la justicia en Bolivia. Exhorto a todos y todas a aprovechar esta oportunidad”, dijo García-Sayán.
El relator expresó también su esperanza y convicción en que en la sociedad boliviana hay abundantes y extendidas esperanzas de contar con una justicia independiente y accesible.
“He percibido una saludable corriente de pensamiento a favor de un gran acuerdo nacional por la justicia en distintos sectores de opinión, organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones políticas. En ello, se trata de impulsar y promover un proceso sostenido en el tiempo que contribuya a contar con una justicia independiente y al acceso de la gente”, concluyó.
Diego García-Sayán (Perú) es Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados desde diciembre de 2016. Anteriormente fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante dos mandatos consecutivos. Durante su mandato, fue elegido Vicepresidente de la Corte (2008-2009) y Presidente de la Corte por dos períodos consecutivos (2009-2013). Tiene una larga experiencia trabajando en cuestiones de derechos humanos en diversas instituciones, incluyendo las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Entre otros fue: Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los Acuerdos de Paz en El Salvador y para la posterior verificación de los acuerdos informando directamente al Consejo de Seguridad; miembro y Presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias durante varios años; miembro del Grupo de Rediseño del Sistema de Administración de Justicia de las Naciones Unidas, nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas en 2006; Jefe de la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Guatemala durante las elecciones generales (2007).
Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
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