Formar una asociación, organizarse con otras personas o defender una causa colectiva no debería depender de la autorización de un gobierno. La ONU acaba de reafirmar un principio fundamental de la democracia: la ciudadanía tiene derecho a organizarse libremente, incluso cuando sus ideas incomodan al poder.

En un contexto internacional marcado por el endurecimiento de las restricciones contra organizaciones civiles, sindicatos, defensores de derechos humanos, movimientos sociales y grupos de oposición, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió una nueva orientación sobre la libertad de asociación. Su mensaje es contundente: el Estado no es dueño de los derechos ciudadanos ni puede decidir arbitrariamente quién tiene permiso para ejercerlos.

La Observación General número 38 interpreta el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce y protege la libertad de asociación. Su contenido va más allá de la posibilidad de constituir formalmente una organización: garantiza que las personas puedan reunirse, organizarse, cooperar y perseguir objetivos comunes sin sufrir obstáculos injustificados, tanto en el ámbito público como en el laboral.

Organizarse no es una concesión del poder

Uno de los pronunciamientos centrales del Comité es que la libertad de asociación no está condicionada a la autorización ni al reconocimiento del Estado. En otras palabras, las personas no necesitan obtener previamente un permiso gubernamental para ejercer este derecho. La decisión de integrarse a una organización, crear un colectivo o participar en una asociación corresponde a los individuos.

Esta afirmación tiene implicaciones importantes, particularmente en países donde los procedimientos administrativos se convierten en mecanismos de control político. El registro, la autorización, las obligaciones burocráticas o las exigencias financieras pueden utilizarse legítimamente para fines administrativos, pero también pueden transformarse en instrumentos de intimidación, exclusión o persecución cuando se aplican arbitrariamente.

El Comité también establece que pertenecer a una asociación que no se encuentra registrada no debe ser motivo de penalización. El reconocimiento formal de una organización no puede convertirse en una condición para que sus integrantes ejerzan derechos fundamentales. De lo contrario, la autoridad estaría subordinando una libertad constitucional e internacionalmente reconocida a su propia voluntad administrativa.

La democracia también protege a quienes incomodan

La libertad de asociación no se limita a organizaciones que respaldan al gobierno, que son políticamente neutrales o que mantienen posiciones socialmente aceptadas. También protege a quienes sostienen ideas controvertidas, disidentes o disruptivas, así como a quienes participan en acciones pacíficas de desobediencia civil.

Este punto resulta esencial para comprender el alcance real de una democracia. La libertad pierde sentido cuando únicamente se permite expresar opiniones que no cuestionan el orden establecido. Los sindicatos que denuncian abusos laborales, los colectivos que exigen justicia, las organizaciones ambientalistas que confrontan intereses económicos y los movimientos que cuestionan decisiones gubernamentales forman parte de una sociedad democrática, incluso cuando sus demandas generan conflicto.

El Comité advierte, además, sobre el uso abusivo de leyes antiterroristas y de seguridad nacional para perseguir organizaciones calificadas de manera ambigua como extremistas, indeseables o peligrosas. Cuando las normas se redactan con términos imprecisos, el margen de discrecionalidad de las autoridades aumenta y la disidencia puede terminar criminalizada bajo argumentos de seguridad.

El financiamiento y la cooperación internacional también son derechos

Otro aspecto relevante de la orientación es el reconocimiento del derecho de las asociaciones a buscar, recibir y utilizar recursos financieros, incluidos aquellos provenientes del extranjero. La cooperación internacional forma parte de las posibilidades legítimas de acción de la sociedad civil y no debería convertirse, por sí misma, en motivo de sospecha o persecución.

Etiquetar a una organización como agente extranjero o vincular automáticamente su financiamiento internacional con amenazas a la seguridad nacional puede funcionar como una estrategia de estigmatización. El problema no radica en que los Estados establezcan mecanismos transparentes y razonables de rendición de cuentas, sino en que esas disposiciones se utilicen selectivamente para debilitar a organizaciones críticas, desacreditar sus investigaciones o restringir su capacidad de actuación.

La transparencia financiera y la libertad de asociación no son principios incompatibles. Un Estado democrático puede exigir obligaciones legítimas de información, pero no utilizar esas exigencias como pretexto para impedir la participación ciudadana, la cooperación internacional o la defensa de los derechos humanos.

Vigilar a la sociedad también puede convertirse en una forma de represión

El Comité expresa preocupación por la vigilancia de asociaciones y sus integrantes, particularmente mediante herramientas digitales, así como por la infiltración de agentes policiales o de inteligencia en sus actividades. La vigilancia indiscriminada genera un efecto intimidatorio: las personas pueden dejar de participar, expresar sus opiniones o involucrarse en causas públicas ante el temor de ser identificadas, investigadas o sancionadas.

La libertad de asociación no significa que las organizaciones estén por encima de la ley. Sin embargo, cualquier restricción debe tener fundamento legal claro, perseguir un objetivo legítimo y ser estrictamente necesaria y proporcional. No basta con que una autoridad considere inconveniente, incómoda o políticamente peligrosa una organización para justificar su intervención.

La suspensión o disolución forzosa de una asociación, señala el Comité, debe constituir una medida excepcional, utilizada únicamente como último recurso y sujeta a garantías judiciales. El principio es sencillo, pero políticamente trascendental: el Estado debe proteger el ejercicio de los derechos, no invertir la relación para convertir la restricción en regla y la libertad en excepción.

Una advertencia para las democracias

El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que los ataques contra la libertad de asociación son un indicador de una represión más amplia contra los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia. Cuando se persigue a quienes se organizan, el daño no se limita a una agrupación particular; se debilita la capacidad de toda la sociedad para vigilar al poder, denunciar abusos, defender intereses colectivos y exigir rendición de cuentas.

La libertad de asociación es especialmente importante porque permite que ciudadanos aislados se conviertan en actores colectivos. Una persona puede tener dificultades para enfrentar por sí sola a una institución, una empresa o una autoridad, pero la organización permite construir fuerza social, documentar injusticias, defender derechos y disputar decisiones públicas.

Por eso, el derecho a asociarse no debe entenderse como una concesión administrativa ni como una prerrogativa reservada a organizaciones reconocidas oficialmente. Es una libertad fundamental que pertenece a las personas y cuya protección constituye una obligación de los Estados.

La advertencia de Naciones Unidas llega en un momento en que numerosos gobiernos pretenden justificar mayores controles sobre la sociedad civil en nombre de la seguridad, el orden o la estabilidad. Sin embargo, una democracia que teme a sus ciudadanos organizados, que condiciona su participación al permiso del poder o que castiga la disidencia deja de fortalecer sus instituciones y comienza a vaciarlas de contenido.

Porque cuando el gobierno decide quién puede organizarse, qué causas pueden defenderse y qué voces tienen derecho a existir en el espacio público, la libertad deja de ser un derecho y se convierte en una autorización revocable. Y una sociedad donde los derechos dependen de la voluntad de la autoridad no es una sociedad plenamente democrática.