La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria lanzó una voz de alarma luego de que se confirmaran los primeros casos de COVID-19 en ese país, advirtiendo que todas las partes en conflicto deben cesar las hostilidades para permitir que se tomen medidas urgentes que eviten una mayor catástrofe en la país.
A casi nueve años del inicio de la guerra que ha debilitado gravemente el sistema sanitario sirio, sólo el 64% de los hospitales y 52% de los centros primarios de salud funcionan mientras que el 70% de los trabajadores del sector han salido del país, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Esta situación deriva de los ataques, detenciones y desaparición de doctores, enfermeros y voluntarios de salud por parte de los diferentes actores del conflicto. La Comisión reiteró que debe ponerse fin inmediatamente a todas las agresiones a proveedores, instalaciones y personal médico.
“Los civiles sirios enfrentan ahora una amenaza mortal, el brote de coronavirus, que golpeará sin distinción y será devastador para los más vulnerables frente a la ausencia de medidas preventivas urgentes”, dijo Paulo Pinheiro, presidente de la Comisión.
“Para evitar una tragedia inminente, las partes deben escuchar el llamado al alto el fuego del Secretario General de las Naciones Unidas y de su enviado especial para Siria. Cualquier medida que no contemple ese cese de hostilidades condenaría a numerosos civiles a una muerte prevenible”, subrayó.
En este contexto, la Comisión acogió con beneplácito la declaración de las Fuerzas Democráticas Sirias de evitar las acciones militares a la luz de la pandemia.
Los más vulnerables
Entre las comunidades más vulnerables ante el COVID-19 se cuentan los más de 6,5 millones de personas desplazadas, que incluyen a más de un millón de civiles, en su mayoría mujeres y niños, que viven en tiendas de campaña superpobladas o hacinados en campamentos improvisados a lo largo de la frontera siria con Turquía, en la provincia de Idlib. Esas personas tienen un acceso muy limitado al agua limpia y a instalaciones de saneamiento.
En el resto del país, decenas de miles de personas habitan en tiendas de campaña, mientras que otras permanecen en zonas remotas, sin acceso a cuidados médicos, como las 70.000 del campamento al-Hol, la mayoría mujeres y niños, en el este de Siria.
“Se debe autorizar que llegue a todas esas personas la ayuda humanitaria, que incluye los suministros y apoyo médico, sin recurrir a ninguna consideración política”, apuntó Karen AbuZayd, también integrante del grupo de expertos.
Levantar las sanciones
La Comisión insistió en la exhortación del Secretario General de la ONU y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos a relajar o levantar las sanciones impuestas a los países para garantizarles el acceso a alimentos, insumos esenciales de salud y apoyo médico específico para combatir el coronavirus.
Para millones de sirios, la pandemia abriría la puerta a nuevas formas de sufrimiento, después de haber padecido ya una serie de privaciones y violaciones inimaginables de sus derechos. “Es urgente una acción conjunta de todos los actores del conflicto en Siria y de la comunidad internacional para evitar una tragedia más”, concluyó la Comisión.
