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La lucha común contra las vacunas falsas, un gran desafío para la UE

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Lisboa, 23 may (EFE).- Mientras Europa empieza a recuperarse del impacto de la pandemia, surgen nuevas amenazas, como la falsificación de las vacunas, que requiere de una respuesta conjunta y “un cuadro jurídico común”, sostiene en una entrevista con Efe la ministra lusa de Justicia, Francisca Van Dunem.

La falsificación de medicinas y vacunas a través de las redes de crimen organizado corre “paralelamente al tráfico de droga”, denuncia.

Las “ofertas” fraudulentas multiplican el riesgo para los usuarios, lamenta la titular de Justicia, que ocupa la cartera desde 2015, cuando el socialista António Costa se estrenó en el Gobierno.

A corto plazo, confía en que este delito se integre en los programas de acción europeos y se unifiquen los criterios para combatirlo.

“Es importante construir un cuadro base común para poder cooperar. En algunos Estados, la falsificación puede ser un delito administrativo y en otros un crimen, esto obstaculiza que haya cooperación judicial”, advierte.

“Queremos llamar la atención” para lograr “un cuadro jurídico común, que tenga la misma base de respuesta en términos sancionadores y que permita a los varios estados cooperar entre sí”.

Pero los efectos de la pandemia son muy amplios. El confinamiento ha aumentado también la violencia machista y los mensajes racistas, lamenta la ministra, nacida en Luanda, licenciada en Derecho y excolaboradora de la Fiscalía General de la República.

EMPODERAR A LAS VÍCTIMAS

El combate contra la violencia machista y el racismo pasa por la ley y también por “empoderar” a las víctimas, asegura.

La violencia machista -“un tema muy sensible para el Gobierno” luso, dice- requiere “pensar en cómo protegemos a las víctimas, cómo encaramos la victimización”.

La clave está en “cómo las víctimas se sienten o no protegidas y empoderadas, con verdadera capacidad, no solo para denunciar sino para seguir en el proceso en las fases siguientes”, defiende.

Pese a los avances lusos en este campo, hay asignaturas pendientes en materia legal, por ejemplo, en la consideración de la violencia sexual en el contexto doméstico.

Legislar para que se considere delito derivaría en “sanciones más graves para los agresores”.

Cuando se trata de racismo, junto al abordaje legal hay que considerar la “perspectiva social”.

La pandemia “abrió la caja de Pandora” y las redes sociales “fueron un espacio de liberación de expresiones de odio, de racismo, xenofobia y discriminación”.

En el plano político, continúa, “hubo formaciones que normalizaron el discurso de la discriminación”, apurando el debate sobre los límites del “discurso del odio” y de la “libertad de expresión”.

“Son tiempos difíciles, pero también tiempos en que ponemos a prueba nuestra capacidad de resiliencia, de enfrentarnos a estos fenómenos con serenidad y firmeza”, concluye.

SOMBRAS EN LA PRESIDENCIA

En la recta final de la presidencia portuguesa de la UE, Van Dunem celebra los logros en capítulos como la protección de adultos vulnerables, aunque admite que la controversia sobre el candidato luso a fiscal europeo ha dañado la imagen del país.

El escándalo saltó en vísperas de la asunción portuguesa, cuando se denunció que João Guerra, el candidato de Lisboa a fiscal no reunía los mejores méritos para el cargo.

El tribunal de Justicia de la UE analiza el caso y Portugal, asegura la ministra, ya ha entregado la documentación solicitada.

El caso “puso en cuestión” la imagen de Portugal, reconoce Van Dunem, y no saltó por “casualidad”. “Es un tema triste en el plano político”.

La otra gran sombra es la tortura y muerte del ciudadano ucraniano Ihor Homeniuk a manos de agentes de Fronteras en el aeropuerto de Lisboa. Ocurrió en marzo de 2020, pero la sentencia fue dictada en mayo de 2021: 9 y 7 años para tres agentes considerados culpables.

Es un tema muy “grave”, pero “los tribunales hicieron su trabajo”, zanja.

UNA JUSTICIA LENTA Y CARA

Lenta y cara. Las contundentes críticas sobre la Justicia lusa se repiten desde organizaciones civiles y profesionales.

“La justicia portuguesa es lenta en ciertas áreas”, reconoce la ministra. “Es lenta la justicia administrativa, por ejemplo, pero lo mismo no pasa con la justicia civil, tampoco con la penal”.

El último caso que ha colmado la paciencia de los portugueses es la “operación Marqués”, un megaproceso que, después de siete años, acaba de llevar a juicio al exprimer ministro José Sócrates por blanqueo y falsificación, pero le exonera de otros graves delitos de corrupción.

Van Dunem admite que aún se acumulan 700.000 casos en la Justicia lusa, pero se defiende: El Gobierno es responsable “de la base del sistema”, desde edificios a tecnología, “pero no somos responsables de los magistrados”.