A 50 años de los secuestros de estudiantes secundarios en La Plata, la memoria de La Noche de los Lápices recuerda el costo de la represión y mantiene abierto el debate sobre la participación de las juventudes en la defensa de sus derechos.

El 16 de septiembre de 1976, en los primeros meses de la última dictadura militar argentina, varios estudiantes secundarios de La Plata fueron secuestrados por fuerzas represivas. Tenían entre 16 y 18 años. Algunos militaban en organizaciones estudiantiles y varios habían participado en las movilizaciones por el boleto estudiantil secundario.

Medio siglo después, aquellos hechos siguen ocupando un lugar central en la memoria democrática de Argentina. La fecha es conocida como La Noche de los Lápices y desde 2014, mediante la Ley 27.002, el 16 de septiembre es también el Día Nacional de la Juventud.

Los hechos no se limitaron a una sola noche. De acuerdo con materiales oficiales de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina y de Educ.ar, el operativo comenzó el 16 de septiembre y continuó durante los días siguientes. Entre los jóvenes secuestrados estuvieron María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Claudio de Acha, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro. Emilce Moler, Patricia Miranda, Pablo Díaz y Gustavo Calotti también fueron detenidos y sobrevivieron.

Los jóvenes fueron trasladados a centros clandestinos de detención, entre ellos el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield y dependencias policiales de Quilmes y Avellaneda. Seis de los estudiantes permanecen desaparecidos.

Durante años, la explicación más difundida vinculó directamente los secuestros con las movilizaciones por el boleto estudiantil. Sin embargo, el testimonio de Emilce Moler, una de las sobrevivientes, ha contribuido a matizar esa interpretación. En declaraciones recogidas por la Secretaría de Derechos Humanos argentina, Moler recordó que ella y otros jóvenes fueron perseguidos por su militancia política y que el reclamo por el boleto había ocurrido previamente.

Ese matiz es importante porque permite comprender que la historia no puede reducirse a una sola demanda estudiantil. Los jóvenes formaban parte de organizaciones políticas y estudiantiles y participaban de una sociedad en la que la dictadura había comenzado a perseguir, secuestrar y desaparecer a personas consideradas opositoras.

Educ.ar señala que el episodio se convirtió en uno de los símbolos de la represión contra los estudiantes durante la dictadura y recuerda que, según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, más de una quinta parte de las personas desaparecidas durante ese periodo eran estudiantes.

La memoria de La Noche de los Lápices también ha encontrado un lugar dentro de las aulas. Cada 16 de septiembre, escuelas argentinas trabajan sobre el episodio para abordar los derechos de los estudiantes secundarios, la historia del movimiento estudiantil y la importancia de la participación democrática.

Y es precisamente ahí donde el recuerdo adquiere una dimensión que trasciende a Argentina. El movimiento estudiantil latinoamericano tiene una larga historia de organización y participación. Desde la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918 hasta las movilizaciones estudiantiles de las últimas décadas, los jóvenes han intervenido en debates relacionados con educación, democracia, libertad de expresión y derechos sociales.

La UNESCO ha subrayado recientemente la importancia de que los estudiantes tengan una participación efectiva en las decisiones educativas. Su Informe sobre la Juventud 2026, elaborado junto con la Oficina de las Naciones Unidas para la Juventud, analiza precisamente hasta qué punto los gobiernos incorporan a jóvenes y organizaciones estudiantiles en la elaboración de políticas educativas.

Los resultados muestran que la participación juvenil todavía enfrenta una brecha entre ser escuchada y tener una influencia real. El informe encontró que muchas estructuras de consulta existen, pero no siempre permiten que las opiniones de los jóvenes tengan un efecto concreto en las decisiones finales.

En América Latina, esa discusión también está vinculada con la necesidad de construir escuelas y universidades como espacios seguros para la expresión y la participación. El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO para la región destaca el liderazgo distribuido y la participación de las comunidades educativas como elementos relacionados con una educación orientada hacia la democracia.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura también ha desarrollado iniciativas recientes para colocar las voces juveniles en el centro de las políticas educativas. En 2025, por ejemplo, impulsó una consulta internacional para que jóvenes participaran en la elaboración de una guía sobre educación para la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha ido incluso más lejos al reconocer el activismo estudiantil como un componente de la sociedad civil y plantear la protección de derechos como la libertad de expresión, asociación y reunión.

La comparación histórica debe hacerse con cuidado. La realidad de las democracias latinoamericanas actuales no es la de la Argentina de 1976. Pero la memoria de aquel periodo permite comprender por qué la protección de las libertades, la participación política y el derecho de los estudiantes a organizarse no son asuntos menores.

Recordar tampoco significa convertir a aquellos jóvenes en figuras abstractas. Eran adolescentes con familias, amigos, escuelas, proyectos y preocupaciones cotidianas. Algunos buscaban mejores condiciones para trasladarse a sus centros educativos; otros participaban en organizaciones políticas. Todos quedaron atrapados en un aparato represivo que convirtió la militancia y la oposición en motivos de persecución.

Cincuenta años después, sus nombres continúan apareciendo en escuelas, actos públicos, espacios de memoria y actividades educativas. Esa permanencia tiene un significado concreto: impedir que la desaparición borre también la historia de quienes fueron perseguidos.

La Noche de los Lápices pertenece al pasado, pero las preguntas que dejó siguen abiertas. ¿Qué lugar tienen los jóvenes en las decisiones que afectan su educación? ¿Hasta dónde deben llegar las instituciones para garantizar su libertad de expresión y organización? ¿Cómo se preserva la memoria cuando las nuevas generaciones no vivieron aquellos acontecimientos?

Las respuestas no están únicamente en los libros de historia. También se encuentran en las escuelas, en las organizaciones estudiantiles, en los espacios de memoria y en la capacidad de una sociedad para escuchar a sus jóvenes.

Ese es uno de los sentidos más profundos de recordar aquel septiembre de 1976. Los lápices que fueron silenciados hace medio siglo dejaron, paradójicamente, una escritura que continúa. Una escritura hecha de nombres, testimonios y memoria, pero también de una pregunta que cada generación debe volver a formularse: qué está dispuesta a hacer para que los derechos humanos no vuelvan a depender del silencio.