Las Naciones Unidas registraron 38,558 violaciones graves contra 24,174 niñas y niños durante 2025, la cifra más alta desde que se estableció en 1996 el mandato internacional para proteger a la infancia en conflictos armados. Durante una reunión del Consejo de Seguridad, responsables de la ONU advirtieron que, por primera vez, las fuerzas gubernamentales fueron señaladas como principales responsables de estas agresiones, mientras los recortes presupuestarios amenazan los programas de protección y reintegración infantil.
El balance se presentó el 26 de octubre de 2026, durante una sesión dedicada a evaluar los avances y desafíos acumulados en tres décadas de esfuerzos internacionales para proteger a los menores afectados por las guerras.
Vanessa Frazier, representante especial del secretario general de la ONU para los niños y los conflictos armados, destacó que el aumento de las violaciones evidencia una brecha entre los compromisos internacionales y su cumplimiento efectivo.
Las agresiones documentadas incluyen asesinatos, mutilaciones, reclutamiento y utilización de menores por grupos armados, violencia sexual, secuestros, ataques contra escuelas y hospitales, y restricciones al acceso de la ayuda humanitaria.
Las armas explosivas agravan el impacto sobre la infancia
De acuerdo con UNICEF, más del 70 % de los niños muertos o mutilados en conflictos durante 2025 fueron víctimas de armas explosivas. Los territorios palestinos, la República Democrática del Congo y Nigeria figuraron entre los lugares con mayor número de violaciones verificadas.
La expansión de los combates hacia zonas urbanas y la prolongación de las hostilidades incrementan los riesgos para los menores, que quedan expuestos a ataques en sus hogares, escuelas y comunidades.
Según Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, desde 2005 las Naciones Unidas han verificado más de 430,000 violaciones graves contra niños. Además, durante 2025 se documentaron más de 8,000 casos de denegación de acceso humanitario, una situación que dificulta la entrega de alimentos, atención médica y otros servicios esenciales.
Tres décadas de avances no han detenido la violencia
A pesar del deterioro de la situación, los mecanismos internacionales de protección también han producido resultados. En los últimos 30 años, más de 220,000 menores han sido liberados de fuerzas y grupos armados, mientras se han establecido más de 40 planes de acción con partes involucradas en conflictos para poner fin a las violaciones contra la infancia.
En la República Democrática del Congo, estos mecanismos han contribuido a prevenir el reclutamiento de menores por parte del ejército nacional. En Nigeria, más de 2,000 niños y adolescentes vinculados a una milicia de autodefensa fueron desmovilizados y recibieron acompañamiento para su reintegración.
Sin embargo, la persistencia de los conflictos y la evolución de las tecnologías militares plantean nuevos obstáculos para la protección infantil. Los avances normativos y diplomáticos no han logrado impedir que las agresiones alcancen niveles récord.
Drones e inteligencia artificial plantean nuevos riesgos
Durante la reunión también se advirtió sobre los riesgos asociados con el uso de drones, sistemas de armas autónomos e inteligencia artificial en operaciones militares. Estas tecnologías pueden acelerar las acciones de combate y aumentar la distancia entre quienes toman decisiones y las consecuencias del uso de la fuerza.
El entorno digital también se ha convertido en un espacio de riesgo. Los grupos armados pueden utilizar plataformas y herramientas en línea para captar, reclutar o explotar a menores.
Jainaba Jagne, enviada especial de la Unión Africana para esta cuestión, señaló que las empresas tecnológicas deben asumir responsabilidades en la prevención de estos riesgos y en la protección de los datos personales de los niños.
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad el 19 de octubre una resolución destinada a mejorar la prevención del reclutamiento y la explotación de menores en entornos digitales.
Los recortes presupuestarios amenazan la reintegración
La reducción de recursos destinados a programas humanitarios representa otra preocupación. Durante la sesión, Bethany Ellis, directora de la organización Watchlist on Children and Armed Conflict, alertó sobre los recortes que afectan a las iniciativas de reintegración, la atención psicológica y el trabajo de las organizaciones locales que documentan las violaciones.
Ellis también pidió a los Estados revisar sus relaciones con gobiernos implicados en abusos contra menores y poner fin a las transferencias de armas hacia las partes que incumplen el derecho internacional.
La disminución de la financiación puede debilitar los mecanismos de apoyo a los niños liberados de grupos armados y limitar la capacidad de las organizaciones para identificar nuevas víctimas y documentar los abusos.
La ONU pide convertir los compromisos en acciones
Frazier sostuvo que la prioridad debe ser aplicar los compromisos internacionales y aprovechar las oportunidades diplomáticas para conseguir cambios concretos. Advirtió que el diálogo no puede sustituir las medidas necesarias para proteger a los menores.
La conmemoración recuerda el informe elaborado hace tres décadas por Graça Machel, que situó las consecuencias de los conflictos armados sobre la infancia en el centro de la agenda internacional y contribuyó a establecer el mandato especializado de las Naciones Unidas.
Treinta años después, el desafío consiste en lograr que los Estados apliquen las normas de protección de manera efectiva, incluso cuando las violaciones involucren a gobiernos aliados. La ONU advierte que los niños afectados por los conflictos actuales necesitan respuestas inmediatas y no pueden esperar otras tres décadas para recibir la protección prometida.
