La atención a la primera infancia comienza a consolidarse como una de las inversiones sociales más importantes para el futuro de América Latina. Sin embargo, garantizar el desarrollo de niñas y niños menores de seis años exige mucho más que ampliar la cobertura de servicios: requiere calidad educativa, financiamiento público, formación especializada y políticas que también atiendan el bienestar emocional y las condiciones de vida de quienes cuidan.

Invertir en la primera infancia no es un acto de generosidad institucional ni una estrategia que deba justificarse exclusivamente por sus beneficios económicos futuros. Es una responsabilidad social y política que determina, desde los primeros años de vida, las oportunidades de desarrollo, aprendizaje, salud y bienestar a las que tendrá acceso una persona. Bajo esta premisa, el Centro de Primera Infancia (CPI) del Tecnológico de Monterrey y Fundación FEMSA inauguraron la cuarta edición del Foro Internacional de Primera Infancia, un espacio que reúne especialistas, investigadores, organizaciones sociales y responsables de políticas públicas para discutir el presente y el futuro de la infancia en América Latina.

El encuentro, bajo el lema “Una región que cuida: ciencia, conocimiento y alianzas por la Primera Infancia en América Latina”, colocó sobre la mesa una discusión particularmente relevante: la necesidad de abandonar la visión de la educación inicial como un servicio de cobertura y comenzar a entenderla como una política integral cuyo éxito depende de la calidad, la evidencia científica, el acompañamiento familiar y la inversión sostenida.

La cobertura no basta cuando la calidad sigue siendo insuficiente

Uno de los planteamientos centrales del foro fue expuesto por el economista W. Steven Barnett, investigador de Rutgers University y del National Institute for Early Education Research (NIEER), quien destacó que los primeros años de vida representan una oportunidad decisiva para impulsar el desarrollo humano y reducir desigualdades que, de no atenderse oportunamente, pueden reproducirse a lo largo de la trayectoria educativa y social.

La evidencia presentada relaciona los programas de primera infancia de calidad con beneficios que pueden extenderse a la escolaridad, la productividad, la empleabilidad, la salud y la reducción de conductas delictivas. No obstante, Barnett advirtió que ampliar el número de niñas y niños atendidos sin garantizar estándares adecuados puede limitar los resultados de estas políticas.

El planteamiento es fundamental para México, donde las políticas sociales frecuentemente se evalúan a partir de beneficiarios, cobertura, infraestructura o presupuesto ejercido. Estos indicadores son necesarios, pero insuficientes para determinar si un programa realmente transforma las condiciones de desarrollo de la población infantil.

La calidad, como señaló Barnett, requiere inversión pública, formación docente, grupos reducidos, acompañamiento a las familias y mecanismos permanentes de evaluación y mejora. No se construye únicamente mediante discursos ni puede alcanzarse a costa de precarizar a quienes trabajan en los servicios de atención infantil.

El investigador expuso resultados de programas que muestran retornos económicos superiores a diez dólares por cada dólar invertido, al considerar beneficios acumulados en educación, salud, productividad y disminución de la delincuencia. También presentó datos sobre mejoras en empleabilidad, reducción de repetición escolar y menor necesidad de educación especial en algunas experiencias evaluadas.

Estas cifras deben interpretarse dentro del contexto de los programas y estudios que las originaron, no como resultados automáticamente replicables en cualquier política pública. Sin embargo, apuntan a una conclusión relevante: la atención de la primera infancia puede generar beneficios sociales de largo plazo cuando se diseña, financia y ejecuta con estándares adecuados.

RAPID México, las necesidades de quienes cuidan

Uno de los aportes más relevantes del foro fue la presentación de los primeros resultados de RAPID México, una iniciativa del Centro de Primera Infancia en colaboración con el Stanford Center on Early Childhood. El proyecto adapta al contexto mexicano una metodología de recopilación sistemática de experiencias de madres, padres y personas cuidadoras de niñas y niños menores de seis años.

Su primera etapa se desarrolló con 300 familias de la colonia Independencia, en Monterrey, Nuevo León, y abordó aspectos como el bienestar emocional, la distribución de las tareas de cuidado, el acceso a la salud, la alimentación, las interacciones familiares, las condiciones del entorno y el uso de pantallas.

Los resultados reportados revelan condiciones que merecen atención. El 70% de las personas cuidadoras participantes manifestó sentirse nerviosa, ansiosa o irritable; dos de cada tres mujeres señalaron asumir con mayor frecuencia las responsabilidades de cuidado, mientras que cuatro de cada cinco participantes reportaron alguna dificultad para cubrir sus necesidades básicas durante el último mes.

El estudio advierte expresamente que estos resultados corresponden a una muestra inicial y no deben generalizarse a todas las familias mexicanas. Aun con esa limitación, ofrecen una aproximación importante a una dimensión frecuentemente ignorada por las políticas públicas: el bienestar infantil no puede analizarse de manera aislada respecto de las condiciones materiales, emocionales y sociales de las personas que sostienen el cuidado cotidiano.

La afirmación de Oscar Tamez, investigador del Centro de Primera Infancia, sintetiza esta perspectiva: comprender las necesidades de la primera infancia implica comprender también las necesidades de quienes cuidan. No es posible exigir ambientes de desarrollo adecuados para niñas y niños cuando las personas responsables de su cuidado enfrentan precariedad, agotamiento emocional, falta de redes de apoyo o dificultades para cubrir necesidades básicas.

La primera infancia debe dejar de ser una agenda secundaria

Durante el foro, representantes del Tecnológico de Monterrey, Fundación FEMSA y otras instituciones destacaron la necesidad de fortalecer la colaboración entre la academia, los gobiernos, las organizaciones sociales y las comunidades. El Centro de Primera Infancia trabaja desde 2023 en investigación, formación, divulgación científica y vinculación, además de iniciativas de capacitación y acompañamiento técnico a gobiernos en planeación y presupuestación.

Estos esfuerzos son relevantes, pero el verdadero desafío consiste en trasladar el conocimiento generado a políticas públicas sostenibles. México necesita instituciones capaces de utilizar evidencia científica para diseñar programas, evaluar sus resultados, corregir sus deficiencias y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las niñas, niños y familias que más los necesitan.

La primera infancia no puede depender exclusivamente de proyectos temporales, alianzas filantrópicas o iniciativas académicas, por valiosas que sean. La responsabilidad de garantizar derechos, servicios de calidad y condiciones dignas de desarrollo corresponde también al Estado, mediante presupuestos suficientes, coordinación institucional y políticas que sobrevivan a los cambios de administración.

Invertir en niñas y niños menores de seis años significa reconocer que la desigualdad no comienza cuando una persona llega a la escuela, busca empleo o intenta acceder a servicios de salud. Muchas de sus raíces se encuentran en los primeros años de vida, cuando las condiciones de alimentación, cuidado, estimulación, afecto, seguridad y acceso a servicios pueden marcar diferencias profundas en el desarrollo.

La ciencia ha contribuido a demostrar la importancia de esta etapa. Ahora corresponde a las instituciones convertir esa evidencia en decisiones políticas. Porque hablar de primera infancia es hablar de justicia social, de oportunidades y de la obligación de construir un país donde el futuro de una niña o un niño no dependa de las condiciones económicas de su familia, de la disponibilidad de cuidados o del lugar donde nació.

Una sociedad que invierte en su infancia no está adelantando un gasto ni buscando una rentabilidad inmediata. Está decidiendo qué desigualdades está dispuesta a reproducir y cuáles tiene la responsabilidad de comenzar a corregir.