La vigesimocuarta edición del Diccionario de la lengua española incorpora el término «cristianofobia», definido como aversión hacia el cristianismo, los cristianos o lo cristiano. La inclusión fue celebrada por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que promovió una campaña para solicitar su reconocimiento. La decisión también invita a reflexionar sobre la libertad religiosa y la necesidad de documentar cualquier forma de discriminación sin privilegios ni dobles estándares.
La Real Academia Española (RAE) incorporó la palabra «cristianofobia» a la vigesimocuarta edición del Diccionario de la lengua española, presentada el pasado 30 de octubre de 2026. La nueva entrada define el concepto como «aversión hacia el cristianismo, los cristianos o lo cristiano», una formulación que reconoce lexicográficamente una expresión utilizada para describir distintas manifestaciones de hostilidad contra la fe cristiana y quienes la profesan.
La incorporación fue recibida con especial satisfacción por la Fundación Española de Abogados Cristianos, organización que impulsó una campaña dirigida al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, para solicitar que el término fuera incluido en la obra académica. La iniciativa reunió cerca de 16 mil firmas y, según informó la propia organización a EWTN Noticias Español, estuvo acompañada de reuniones con representantes de la institución desde enero de este año.
La campaña partió de un argumento concreto: si el diccionario ya reconoce expresiones como «islamofobia» y «antisemitismo», también debía contar con una palabra que permitiera identificar la aversión dirigida específicamente contra el cristianismo y sus comunidades. La organización sostuvo que las profanaciones de templos, la vandalización de símbolos religiosos y las expresiones de hostilidad contra los creyentes merecen visibilidad y atención pública.
Sin embargo, conviene precisar el alcance de la decisión. La RAE no ha creado una categoría jurídica ni ha declarado que exista un determinado nivel de persecución contra los cristianos. Su función es lexicográfica: recoger y definir el vocabulario del español. La inclusión reconoce la existencia y el significado de una voz en el idioma, pero no sustituye las investigaciones necesarias para establecer cuándo una conducta constituye discriminación, un delito de odio o una vulneración de la libertad religiosa.
El diccionario no se construye por presión, sino mediante documentación y análisis
La vigesimocuarta edición del Diccionario de la lengua española es una obra elaborada conjuntamente por la Real Academia Española y las 22 academias restantes que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). La edición de 2026 contiene 99 mil 990 artículos y cerca de 209 mil acepciones, y constituye la primera concebida originalmente en formato digital.
La incorporación de una palabra no depende exclusivamente de que una organización o un grupo de ciudadanos la solicite. Como explicó el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, en una entrevista publicada por el diario uruguayo El País en 2022, las propuestas deben someterse a un estudio que permita comprobar si la voz se utiliza efectivamente, en qué contextos aparece y con qué significado. Después, las propuestas se analizan dentro de las instancias académicas y se someten a la consideración de las academias de la lengua.
En ese proceso tienen importancia los corpus lingüísticos, las fuentes documentales y el análisis de los usos reales del idioma. La Academia no funciona como una autoridad que inventa palabras y obliga a los hablantes a utilizarlas; su tarea consiste, fundamentalmente, en registrar y describir el vocabulario que se ha consolidado en la comunidad lingüística.
Por ello, la campaña de Abogados Cristianos puede entenderse como una iniciativa que buscó llamar la atención sobre una palabra cuyo uso consideraba insuficientemente reconocido. No obstante, atribuir exclusivamente a las firmas la incorporación sería simplificar un procedimiento académico que corresponde a las instituciones responsables del diccionario.
Una palabra que se suma al vocabulario sobre la intolerancia religiosa
La nueva entrada se incorpora a un repertorio que ya contiene términos relacionados con distintas formas de rechazo religioso. «Islamofobia» se define como aversión hacia el islam, los musulmanes o lo musulmán. También figuran voces como «anticristiano», «anticatólico», «anticlerical» y «anticlericalismo». En el caso del antisemitismo, el diccionario recoge el término para describir la hostilidad hacia los judíos, aunque su significado histórico y contemporáneo también comprende manifestaciones de odio vinculadas a su identidad colectiva.
La comparación permite reconocer que las sociedades necesitan conceptos para identificar distintas formas de intolerancia. Sin embargo, también obliga a evitar equivalencias automáticas: cada término tiene una trayectoria histórica, un contexto social y una evolución semántica particulares. Reconocer una forma de hostilidad no debe servir para minimizar otra ni para establecer una competencia entre comunidades religiosas.
En una sociedad plural, la libertad de conciencia y de religión protege por igual a católicos, protestantes, judíos, musulmanes, creyentes de otras tradiciones y personas que no profesan ninguna religión. La protección de un grupo no puede construirse mediante la descalificación de otro. El principio debe ser el mismo para todos: nadie debe ser agredido, amenazado, discriminado o privado de sus derechos por sus convicciones religiosas o por la ausencia de ellas.
Los datos de la Fiscalía española y la necesidad de distinguir los hechos
La incorporación de «cristianofobia» coincidió con la publicación de la Memoria 2026 de la Fiscalía General del Estado español, correspondiente a la actividad desarrollada durante 2025. Por primera vez, el documento desglosó datos específicos sobre hechos registrados con motivación discriminatoria relacionada con el catolicismo, además de otras categorías religiosas.
Las cifras requieren una lectura cuidadosa. En las diligencias de investigación abiertas por las fiscalías durante 2025 se registraron dos casos clasificados bajo el motivo de discriminación por catolicismo. En las denuncias y querellas presentadas por el Ministerio Fiscal se contabilizó uno; en los escritos de acusación, dos; y en las sentencias conocidas por la Fiscalía, uno.
Estos registros no representan un recuento completo de todos los ataques contra católicos en España. La propia Fiscalía advierte que sus estadísticas corresponden a la actividad del Ministerio Público y a las resoluciones judiciales detectadas por sus especialistas. No incluyen los atestados policiales ni todos los incidentes que pueden constituir actos de intolerancia, pero que no necesariamente llegan a convertirse en infracciones penales.
El informe del Ministerio del Interior, por su parte, contabilizó 75 delitos registrados en 2025 dentro de la categoría general de creencias o prácticas religiosas. Esa cifra utiliza una metodología y un universo estadístico distintos de los de la Fiscalía, por lo que no debe confundirse con los casos específicamente atribuidos al catolicismo.
La diferencia entre ambos registros demuestra por qué es indispensable contar con estadísticas completas y comparables. Las cifras oficiales permiten dimensionar los hechos que llegan a conocimiento de las autoridades, pero no necesariamente reflejan todas las experiencias de discriminación o violencia que viven las comunidades religiosas. Tampoco sería correcto interpretar automáticamente un aumento de investigaciones o sentencias como un incremento equivalente de los delitos cometidos durante el mismo año.
La libertad religiosa no debe convertirse en una causa de confrontación
El reconocimiento de la palabra «cristianofobia» abre una discusión que va más allá de la actualización de un diccionario. Obliga a preguntarnos cómo se protege la libertad religiosa en sociedades donde las diferencias de fe, las convicciones personales y las expresiones culturales pueden convertirse en motivos de hostilidad.
Las agresiones contra iglesias, la profanación de espacios de culto, las amenazas contra creyentes y la violencia motivada por prejuicios religiosos deben investigarse y sancionarse cuando corresponda. Pero también es necesario distinguir entre una crítica a las instituciones religiosas, una sátira, una discrepancia ideológica y una conducta que realmente busca humillar, excluir o violentar a una persona por sus creencias. La libertad de expresión protege el debate y la crítica, mientras que la legislación establece límites frente a las amenazas y la discriminación.
En Europa, el debate sobre la persecución de los cristianos también ha llegado a las instituciones comunitarias. Diversas organizaciones han solicitado mayor atención a los ataques contra comunidades cristianas, especialmente en regiones donde enfrentan violencia sistemática. Esas denuncias merecen investigación y respuestas institucionales, aunque cualquier afirmación sobre su magnitud debe sustentarse en datos verificables y metodologías transparentes.
La defensa de la libertad religiosa no puede depender de la identidad de quien sufre la agresión. Si una persona es atacada por ser cristiana, debe recibir protección; si es atacada por ser musulmana, judía o por profesar cualquier otra creencia, también. Y si alguien es discriminado por no tener religión, su dignidad y sus derechos merecen exactamente la misma protección.
La incorporación de «cristianofobia» al Diccionario de la lengua española constituye un reconocimiento lingüístico relevante. Pero el verdadero desafío comienza fuera de sus páginas: construir sociedades en las que ninguna persona tenga que ocultar sus convicciones por miedo a sufrir violencia, discriminación o exclusión. Las palabras ayudan a identificar los problemas; corresponde a las instituciones, a la justicia y a la ciudadanía impedir que la intolerancia se normalice.
