Washington, D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez, corresponsal del Diario de Acayucan y fundador de La Voz de Hueyapan, en México e insta a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables del crimen, tanto materiales como intelectuales, y esclarecer su posible relación con la actividad periodística.
De acuerdo a la información disponible, el 22 de agosto Ríos fue víctima de un ataque con arma de fuego en Covarrubias, estado de Veracruz, perpetrado por al menos tres individuos. Junto al periodista se encontraban dos hombres quienes también fallecieron. Con larga trayectoria en el periodismo de investigación, el comunicador estaba bajo protección del Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de México desde julio de 2013 y recibía asistencia jurídica de la Comisión Estatal de Protección de Periodistas de Veracruz desde 2012, cuando interpuso una denuncia por amenazas de muerte contra el exalcalde de Hueyapan de Ocampo, Gaspar Gómez Jiménez. Según información de público conocimiento, el 26 de octubre de 2016 el periodista remitió una comunicación a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) y al Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos en la cual denunció diversas agresiones y amenazas en su contra perpetradas por Gómez Jiménez desde 2001. Días antes de la muerte de Ríos, Gómez Jiménez publicó en redes sociales un video en el cual profiere distintas amenazas contra el periodista.
De acuerdo con información suministrada por el Estado, la Feadle inició una carpeta de investigación el mismo 22 de agosto con motivo del homicidio en agravio de Cándido Ríos Vásquez. El Estado de México también informó que la Feadle continuará con la investigación.
La Relatoría Especial exhorta al Estado a investigar de manera completa e imparcial la hipótesis según la cual el crimen estaría relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión y a poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. También considera fundamental que se adopten medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que, sobre la impunidad de los crímenes relacionados a la libertad de expresión, es fundamental agotar la línea de investigación relativa al ejercicio de la profesión en casos de delitos cometidos contra periodistas, así como proveer con recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas de la investigación de este tipo de asuntos. Cuando tales delitos quedan impunes, esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras.
Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto amedrentador solamente podrá evitarse, según afirma la Comisión, "mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno".
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH señala: "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
