Los últimos dos años han sido difíciles para todos los habitantes de este planeta, por el surgimiento y propagación del virus Sars-Cov-2, o más conocido como Covid-19 o coronavirus. Para el caso de nuestra entidad, el confinamiento estricto inició en estos días hace dos años y se mantuvo a lo largo del tiempo y es hasta ahora, cuando el contagio ha disminuido significativamente, que las restricciones de movilidad se han levantado y estamos ya en la etapa de recuperación económica.

Sin embargo, el duro golpe del confinamiento y los efectos económicos, aun cuando no ha colapsado la economía mundial, si ha representado un gran problema para numerosas familias donde alguno de sus miembros ha perdido su trabajo, como también, en caso de tener negocios se han tenido que cerrar y perder el ingreso económico para solventar las necesidades. Una realidad que es compartida en todo el mundo

Una realidad de la dificultad económica es evidente cuando transitamos nuevamente las calles de la ciudad y observamos letreros en viviendas que se encuentra en venta o en renta, o también, cuando llegamos a un local comercial conocido y este se encuentra cerrado y a disposición de otro inquilino.

¿Será posible que la oferta y demanda de bienes inmobiliarios pueda ser un factor de recuperación económica mundial?

No hay ninguna duda que los bienes inmobiliarios siempre son y serán una fuente de inversión mucho más provechosa que depositar dinero a los bancos. El dinero con el tiempo corre el riesgo de perder valor, lo que no sucede con el valor de la propiedad inmobiliaria.

Pero a pesar de ello, hay riesgos inherentes como verse forzado a proceder a un desahucio por impago de rentas, como se le conoce al procedimiento judicial en España para exigir al inquilino moroso al cumplimiento de la obligación de pago contraída por un contrato de renta.

Ante ese panorama es necesario contar con especialistas para lograr el éxito en la judicialización para exigir el cumplimiento de una obligación contractual. En el caso de nuestros amigos de la Península Ibérica se reconoce el trabajo especializado del grupo JR Abogados que tiene su sede en Madrid.

Para dar cumplimiento del proceso legal español JR Abogados ofrecen una ruta crítica que va desde la preparación de la estrategia para recuperar la propiedad ante inquilinos morosos con el procedimiento legal que corresponde, además de procurar que se paguen los meses de alquiler vencidos, así como también, de las costas del procedimiento. Esto último significa que los gastos del proceso judicial corran a cuenta de los inquilinos y no del arrendador, quien al final puso en renta una propiedad buscando un beneficio económico y no es ni justo ni debe ser legal que pierda recursos económicos por la irresponsabilidad y morosidad de inquilinos.

En nuestro país es bien sabido lo difícil que resultan estos procesos judiciales. Sobre todo, por la consideración del derecho de vivienda como un derecho humano fundamental.

Boletín de prensa