Hoy el caso ha
llegado a la Suprema Corte de Justicia, donde el proyecto inicial
para ser sometido en la discusión se plantea la liberación de la
francesa, toda vez que no cumplieron las formalidades que la
autoridad debió acatar.
La PGR, ayer mismo,
en un comunicado, exhorta a la SCJN que no olvide a las víctimas,
con el argumento de que un vídeo no es más que suficiente para no
considerar el daño causado a la sociedad, por lo que su liberación
sería un golpe a la procuración de justicia en nuestro país.
Pero tampoco se
puede pasar por alto que la procuración de justicia debe
estrictamente regirse con lo dispuesto en los códigos de
procedimientos penales ya sean federales o estatales en su caso que
están sustentados en el orden constitucional y respeto de las
garantías individuales y derechos humanos que emanan de ella. No
hacerlo es caer en la caracterización de un estado totalitario,
donde por simple voluntad de imperio impone el orden, sin que medie
las garantías fundamentales y los derechos de quienes acusa e
intenta procesar.
Por lo tanto, el
intento de justificación de la PGR cae en el absurdo que se ya se
creía superado en la evolución supuestamente más humana a la que
debe tender la aplicación de la justicia. Es grave reconocer que
para el actual régimen, en el fondo, no existe una mayor diferencia
entre el “mátalos en caliente… después averiguas” con lo que
ahora esta sucediendo en el país. Por lo que la justicia no puede
queda en manos de quienes no procuran mejorar los procesos de
acusación, de investigación judicial y probatorio.
En ese sentido, la
defensa de Cassez ha logrado encontrar el “punto de Aquiles” y
con ello destrabar a favor de la acusada y condenada un motivo para
su posible liberación. Lamentable que hoy la PGR sea exhibida y
cuestionada en su competencia de combatir la delincuencia con
estricto apego a derecho. Igualmente pretenda justificar una decisión
evocando el apego o empatía emocional con las víctimas. Si así
verdaderamente fuera, el primero que debería pedir perdón ante el
dolor de las víctimas es la misma PGR, que por querer lucirse llevo
la situación hasta un punto de indefensión de los intereses de la
sociedad.
En tal caso, debe
ser acusadas para ser presentadas ante la justicia mexicana las
autoridades de la policía que permitieron que esta situación
llegará hasta este nivel por los vicios en el procedimiento, que hoy
la SCJN en su papel de ser garante del orden constitucional, puede
determinar la liberación de una delincuente ya condenada, pero cuyo
proceso desde el principio no se le garantizó el respeto de las
garantías individuales y derechos humanos.
