Las lluvias torrenciales que azotaron la Franja de Gaza dejaron miles de refugios inundados o destruidos, interrumpieron servicios esenciales y agravaron las condiciones de vida de una población desplazada que enfrenta otro invierno sin protección suficiente. La ONU sostiene que buena parte de esta tragedia pudo evitarse si se hubiera permitido el ingreso oportuno de suministros humanitarios, mientras exige a Israel eliminar las restricciones que dificultan la asistencia.
La emergencia humanitaria en Gaza volvió a agravarse con la llegada de las lluvias invernales. Miles de familias palestinas que sobreviven en tiendas de campaña improvisadas encontraron sus refugios inundados, sus pertenencias destruidas y sus condiciones de vida todavía más deterioradas. Sin embargo, para las agencias humanitarias de Naciones Unidas, el desastre no puede atribuirse únicamente a las condiciones meteorológicas: también es consecuencia de decisiones políticas que han limitado la entrada de ayuda y las posibilidades de proteger a la población civil.
El 13 de noviembre, el Equipo Humanitario País para el Territorio Palestino Ocupado lanzó un llamado urgente para permitir el ingreso de suministros destinados a enfrentar el invierno. En su declaración advirtió que las consecuencias de la última tormenta pudieron haberse evitado y denunció que niños y adultos murieron, servicios esenciales quedaron suspendidos y miles de refugios familiares fueron inundados, arrastrados o destruidos.
La dimensión de los daños quedó documentada en el informe de situación humanitaria de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), publicado el mismo 13 de noviembre. Según los datos recopilados por los organismos que trabajan en el territorio, las lluvias afectaron aproximadamente a 46 mil hogares y dañaron más de 40 mil refugios. De estos últimos, más de 9 mil habrían quedado destruidos sin posibilidad de reparación, de acuerdo con las alertas iniciales de los equipos de respuesta.
La situación es especialmente grave porque una parte considerable de la población desplazada vive en tiendas deterioradas, estructuras improvisadas o edificios dañados que no ofrecen protección suficiente frente a las lluvias y los fuertes vientos. Para estas familias, una tormenta no representa una simple contingencia climática: significa perder el poco espacio de seguridad que todavía conservan.
El problema tampoco termina cuando deja de llover. El agua acumulada en los asentamientos se mezcla con aguas residuales debido al deterioro de las redes de drenaje y saneamiento. OCHA advirtió que esta contaminación representa un riesgo sanitario importante, especialmente para los niños, las personas mayores y quienes padecen enfermedades. Además, los servicios médicos enfrentan dificultades por la inundación de instalaciones, la falta de medicamentos y las restricciones para trasladar personal y suministros.
La crisis sanitaria se agrava por el hacinamiento y las condiciones de higiene. El informe humanitario de Naciones Unidas registró un aumento de casos probables de meningitis y advirtió sobre el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades transmitidas por el agua e hipotermia durante los meses más fríos. En Gaza y el norte del territorio, la capacidad hospitalaria pediátrica se encuentra muy por debajo de los niveles anteriores a la escalada del conflicto.
Lo más preocupante es que la emergencia había sido anticipada. Meses antes de la temporada de lluvias, las organizaciones humanitarias presentaron un plan para preparar a la población frente al invierno de 2026-2027. La estrategia contemplaba refugios, ropa de abrigo, mantas, sistemas de drenaje, sacos de arena, bombas para extraer agua, generadores, combustible y equipos para retirar escombros. También proponía mejorar el acceso a zonas elevadas y menos expuestas a las inundaciones.
Sin embargo, la ejecución del plan quedó limitada por la falta de financiamiento y las dificultades para introducir materiales y maquinaria en la Franja. El Equipo Humanitario País señaló que las políticas israelíes continúan obstaculizando el ingreso de artículos esenciales y el acceso a amplias zonas del territorio, incluidas áreas alejadas de la costa que podrían ofrecer mejores condiciones de protección frente a las inundaciones.
Uno de los datos más contundentes es que más de 150 mil tiendas de campaña adquiridas por organizaciones humanitarias y Estados miembros permanecen fuera de Gaza, listas para ser enviadas. Muchas se encuentran almacenadas en Al Arish, Egipto, a unos 50 kilómetros de Jan Yunis. Mientras tanto, las familias que permanecen dentro del enclave necesitan reemplazar constantemente los refugios destruidos por las tormentas.
La ONU ha señalado que el ingreso de estos suministros enfrenta múltiples procedimientos de autorización, capacidad limitada en los pasos fronterizos y ventanas de entrega imprevisibles o demasiado reducidas. A ello se suman las restricciones para introducir maquinaria, combustible, repuestos y equipos necesarios para reparar las redes de agua y aguas residuales.
La responsabilidad de garantizar las condiciones básicas de supervivencia también tiene un fundamento jurídico. El Comité Internacional de la Cruz Roja recuerda que, conforme al derecho internacional humanitario, Israel, en su condición de potencia ocupante según la interpretación de ese organismo, debe garantizar en la mayor medida posible que la población de Gaza disponga de alimentos, suministros médicos y otros bienes indispensables. El artículo 55 del IV Convenio de Ginebra establece obligaciones específicas sobre el abastecimiento de la población bajo ocupación.
Asimismo, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de Israel en el territorio palestino ocupado reafirma que la población debe contar con los suministros esenciales para la vida cotidiana, entre ellos alimentos, agua, ropa, combustible, alojamiento y atención médica. También establece la obligación de facilitar los mecanismos de asistencia humanitaria mientras la población no se encuentre suficientemente abastecida.
Frente a las denuncias de las agencias humanitarias, las autoridades israelíes han sostenido que los suministros de invierno sí están ingresando a Gaza. El organismo israelí COGAT informó el 13 de noviembre que más de 93 mil tiendas de campaña y alrededor de 8 mil 600 camiones con suministros invernales y otros equipos esenciales habían entrado en el territorio. También ha señalado que Hamás representa un obstáculo para la rehabilitación y distribución de la ayuda.
Esta diferencia entre las cifras y las versiones de las partes no elimina la gravedad de la emergencia. La propia ONU advierte que la cantidad de suministros autorizados o registrados para ingresar no equivale necesariamente a que las familias hayan recibido lo que necesitan. La evaluación debe considerar si los materiales llegan efectivamente a las personas afectadas, si pueden distribuirse en condiciones seguras y si existe capacidad suficiente para atender las necesidades de toda la población desplazada.
Por ello, el Equipo Humanitario País exigió a las autoridades israelíes acelerar el ingreso de suministros en cantidades suficientes, permitir el uso de todos los pasos fronterizos disponibles, retirar las restricciones que obstaculizan la asistencia y facilitar la reparación de las redes de agua y saneamiento. También pidió que las agencias de Naciones Unidas, las organizaciones internacionales y las ONG palestinas puedan trabajar sin impedimentos, además de permitir una actividad comercial significativa.
El llamado también se dirigió a los gobiernos y Estados miembros de la comunidad internacional. Las agencias solicitaron que utilicen su influencia diplomática para conseguir la eliminación de las barreras humanitarias y que proporcionen los recursos financieros necesarios. La falta de financiamiento, reconocieron, ha limitado la capacidad de respuesta incluso cuando existen suministros adquiridos y preparados para su traslado.
La tragedia de Gaza demuestra que las consecuencias de una guerra no terminan cuando disminuyen los enfrentamientos. La destrucción de viviendas, hospitales, escuelas y redes de servicios básicos prolonga el sufrimiento de la población mucho después de los episodios de violencia. Cuando llega el invierno, la falta de refugio, agua potable y atención médica se convierte en una amenaza directa para la supervivencia.
Resulta especialmente grave que miles de niños deban enfrentar las lluvias y las bajas temperaturas sin un espacio seguro donde dormir, mientras sus familias intentan recuperar lo poco que conservan. No se trata de una consecuencia inevitable de la naturaleza, sino de una crisis en la que las decisiones políticas, las restricciones de acceso y la insuficiencia de recursos pueden marcar la diferencia entre recibir protección o quedar expuestos a nuevos riesgos.
La ayuda humanitaria no puede convertirse en instrumento de negociación política ni quedar subordinada indefinidamente a los cálculos de las partes en conflicto. El derecho internacional establece obligaciones concretas frente a la población civil, y su cumplimiento no depende de simpatías políticas ni de la identidad de quienes necesitan protección. Cuando la supervivencia de miles de personas está en juego, permitir el ingreso de alimentos, medicamentos, refugios y equipos de emergencia no es un gesto de buena voluntad: es una obligación humanitaria y jurídica.
