La Ley Palacios, sancionada en Argentina en 1913, marcó un precedente jurídico contra la explotación sexual, pero más de un siglo después las redes criminales utilizan plataformas digitales, mensajería cifrada y herramientas tecnológicas que obligan a replantear la persecución de un delito que ya no depende únicamente de espacios físicos.
El 23 de septiembre recuerda una fecha singular en la historia de la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas. Ese día de 1913, el Congreso argentino sancionó la Ley 9.143, conocida como Ley Palacios, impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios. El Gobierno argentino la identifica como la primera norma legal del mundo destinada a combatir la explotación sexual y la trata, mientras que el Ministerio Público Fiscal destaca que estableció penas para quienes promovieran o facilitaran la prostitución o corrupción de menores.
La conmemoración fue establecida en 1999 durante una conferencia internacional celebrada en Daca, Bangladés. Desde entonces, la fecha sirve para recordar que la explotación sexual no es solamente un problema criminal, sino una vulneración grave de derechos humanos que puede atravesar fronteras, economías y estructuras sociales.
El escenario actual, sin embargo, es muy diferente al de comienzos del siglo XX. Internet ha proporcionado a las organizaciones criminales herramientas para localizar, contactar, engañar, controlar y explotar a víctimas potenciales sin necesidad de establecer inicialmente un encuentro físico. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, señala que los tratantes pueden utilizar teléfonos, redes sociales, aplicaciones de mensajería y sitios web para ampliar considerablemente el número de personas a las que pueden acceder.
La captación tampoco requiere necesariamente ingresar en espacios clandestinos. Puede comenzar con una oferta de empleo, una propuesta de viaje, una promesa de ingresos o una relación aparentemente personal. UNODC ha documentado estrategias en las que los delincuentes publican anuncios en plataformas legítimas y esperan que las personas interesadas establezcan contacto, una modalidad que aprovecha la enorme capacidad de alcance de Internet.
Una vez establecida la relación, las herramientas digitales pueden convertirse también en mecanismos de control. INTERPOL advierte que las redes criminales utilizan plataformas en línea para identificar vulnerabilidades, reclutar víctimas, coordinar desplazamientos y mantener vigilancia sobre personas explotadas. La geolocalización, las comunicaciones instantáneas y el control de cuentas pueden ampliar la capacidad de los tratantes para seguir ejerciendo presión incluso después de la captación.
El cifrado plantea otro desafío. Es importante hacer una distinción: la encriptación no fue creada para facilitar delitos y cumple funciones esenciales para proteger la privacidad y la seguridad de millones de usuarios. El problema aparece cuando los delincuentes aprovechan comunicaciones cifradas, servicios anónimos o determinados espacios de la web oscura para ocultar identidades y dificultar la obtención de evidencia. INTERPOL señala que estas tecnologías pueden complicar las investigaciones forenses.
La dimensión transnacional añade una dificultad adicional. Una víctima puede encontrarse en un país, el captador en otro, la infraestructura digital en un tercero y los pagos circular por sistemas financieros de distintas jurisdicciones. La evidencia electrónica también puede estar almacenada fuera del territorio donde se realiza la investigación. Por ello, una investigación que antes podía depender principalmente de una policía local requiere ahora cooperación internacional, intercambio de información y procedimientos compatibles entre distintas legislaciones.
Los organismos internacionales ya están adaptando sus métodos. En junio de 2026, INTERPOL informó que una operación coordinada con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa examinó el uso de plataformas de suscripción de contenidos para captar y explotar sexualmente a mujeres, menores y adultos vulnerables. La operación permitió identificar nuevas líneas de investigación, perfiles sospechosos y posibles víctimas.
UNODC recomienda que los Estados fortalezcan las capacidades de investigación digital, permitan el uso eficaz y legal de evidencia electrónica y desarrollen cooperación internacional para perseguir la trata facilitada por tecnologías de la información. También destaca la necesidad de combinar las investigaciones tecnológicas con protección y asistencia a las víctimas.
La verdad es que la tecnología no creó la trata de personas. Lo que cambió fue la escala y la velocidad con la que determinadas redes pueden operar. La misma infraestructura que permite comunicarnos en segundos puede ser utilizada para captar víctimas a miles de kilómetros, mover dinero y ocultar identidades.
Más de un siglo después de la Ley Palacios, el desafío vuelve a ser jurídico y humano al mismo tiempo. Entonces fue necesario reconocer una forma de explotación que durante años permaneció insuficientemente perseguida. Hoy el reto consiste en evitar que la velocidad de la innovación tecnológica deje atrás a las instituciones encargadas de proteger a las víctimas y perseguir a quienes las explotan.