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La UE envía 300 millones más a Túnez para mitigar el impacto de la pandemia

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Bruselas, 25 may (EFE).- La Comisión Europea envió este miércoles un fondo de 300 millones de euros al Gobierno de Túnez en forma de ayudas que Bruselas espera que sirvan para atajar el impacto económico de la pandemia de la covid-19 y fomentar la estabilidad financiera del país tras la guerra en Ucrania.

Se trata de un préstamo a largo plazo que, según detalló en un comunicado el Ejecutivo comunitario, incluye unas condiciones “muy favorables” para su devolución futura a la Unión Europea (UE).

La Comisión confía en que estos fondos contribuyan a aliviar la balanza de pagos y la situación fiscal de Túnez, al mismo tiempo que sirvan para apoyar la implementación de reformas económicas estructurales en sectores como, por ejemplo, la administración pública, los servicios sociales o las empresas estatales.

Según comentó en el mismo comunicado el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, Túnez es un “socio clave de la UE” y afirmó que, con este desembolso de 300 millones de euros, Bruselas demuestra su deseo de apoyar “al pueblo tunecino” en “estos momentos difíciles”, ahora marcados por la guerra en Ucrania.

En concreto, la Comisión señaló el impacto negativo que la invasión rusa en Ucrania está teniendo en la provisión de energía y alimentos, y recordó que este nuevo fondo económico supone la segunda parte de un paquete de ayudas cuya primera parte, por un mismo valor de 300 millones, ya se desembolsó en junio de 2021.

“La UE apoya firmemente a los tunecinos en su determinación de preservar los logros democráticos del país y seguirá apoyando las tan necesarias reformas económicas para asegurar un futuro más próspero”, sentenció el dirigente comunitario.

En este sentido, la Comisión apuntó que ahora Túnez afronta un nuevo escenario político, con la organización, primero, de un referéndum constitucional este mes de julio, y luego de unas elecciones parlamentarias, el próximo diciembre.

El Ejecutivo comunitario aplaudió esta hoja de ruta al entender que se basa en un “diálogo inclusivo” con todos los actores políticos y que, a su juicio, respeta tanto los derechos fundamentales como el Estado de derecho, algo que, según Bruselas, será clave para “garantizar la estabilidad” del país.