El Comité analizó los casos de unos 300 parlamentarios de 19 países y expuso una serie de recomendaciones al consejo directivo de la Unión Interparlamentaria (UIP) que aprobó las sugerencias en su sesión virtual de este lunes.
Entre los casos correspondientes a las restricciones de las garantías fundamentales de los parlamentarios en países inmersos en la celebración de elecciones se trató la situación de Venezuela, Côte d’Ivoire, Tanzania y Bielorrusia.
Venezuela
La UIP continúa supervisando las acusaciones de violaciones de los derechos humanos de 134 parlamentarios de la coalición de partidos de la oposición ante las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre.
“Según las pruebas de que dispone el Comité, casi todos los parlamentarios han sido objeto de ataques, amenazas, acoso o intimidación de otro tipo por parte de partidarios del gobierno“, indica un comunicado de la UIP.
Añadió que, ante las próximas elecciones, “el Tribunal Supremo ha nombrado a nuevos líderes de partidos de la oposición que al parecer son simpatizantes del gobierno”, y que “el Tribunal ha otorgado nuevos poderes al Consejo Nacional Electoral”, el principal órgano de supervisión de los sufragios.
“Las restricciones vigentes y el marco institucional que rige las elecciones de diciembre parecen socavar gravemente la igualdad de condiciones necesarias para que se produzcan unas elecciones libres y justas“, reza el despacho.
Côte d’Ivoire
La UIP examinó los casos de nueve parlamentarios de la oposición que han sufrido violaciones de sus derechos fundamentales, entre ellos, detención y reclusión arbitrarias en Côte d’Ivoire. Cinco de ellos fueron detenidos el año pasado acusados de provocar desorden público, desafiar a la autoridad del Estado y difundir noticias falsas.
La UIP concluyó que no existían pruebas materiales que demostraran su culpabilidad y que las acusaciones parecen tener una motivación política en vísperas de las elecciones del 31 de octubre.
Según las últimas informaciones de finales de septiembre las autoridades concedieron la libertad provisional a cuatro de los parlamentarios, aunque con serias restricciones como, por ejemplo, participar en “reuniones políticas”.
Pese a su frágil estado de salud, el parlamentario Alain Lobognon continúa detenido por causas desconocidas por la UIP.
Tanzania
En Tanzania, la UIP investigó nuevas pruebas sobre las violaciones de los derechos humanos de Tundu Lissu, exparlamentario y principal candidato de la oposición en las recientes elecciones presidenciales.
Tras recibir tratamiento médico en el extranjero después de ser víctima de un intento de asesinato, Lissu regresó a Tanzania en julio. Al regreso de su viaje, Lissu sufrió numerosas amenazas de muerte e intimidación en las semanas previas a las elecciones presidenciales del 28 de octubre, según la información de la que dispone la UIP.
La UIP instó a las autoridades tanzanas a investigar el intento de asesinato y las presuntas amenazas de muerte y otras formas de intimidación contra Lissu.
Bielorrusia
Tras las elecciones del 9 de agosto volvió a cobrar protagonismo el caso de Victor Gonchar quien desapareció en 1999 antes de presentar información fundamental al Parlamento sobre el presidente Alexander Lukaschenko.
Según las nuevas informaciones recibidas por la UIP, las pruebas apuntan cada vez más a la implicación de altos funcionarios estatales bielorrusos en su desaparición y posible asesinato.
La UIP instó a las autoridades a investigar el caso y llevar a los responsables ante la justicia.
Duarte Pacheco, nuevo presidente de la UIP
El pasado lunes la UIP eligió a Duarte Pacheco, de Portugal, como nuevo presidente de la organización relevando a Gabriela Cuevas Barron, una parlamentaria mexicana que acaba de concluir su mandato de tres años.
Pacheco ha desempeñado diversas funciones en el Parlamento, ente ellas las de Miembro de la Comisión de Presupuesto y Finanzas e integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales y de las Comunidades Portuguesas.
El Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la UIP es el único mecanismo internacional con un mandato de defender los derechos humanos de los parlamentarios perseguidos. Entre sus funciones figuran movilizar a la comunidad parlamentaria internacional para apoyar a los parlamentarios amenazados, presionar de cerca a las autoridades nacionales y enviar observadores a los procedimientos judiciales. El Comité está compuesto por 10 parlamentarios, que representan a las principales regiones del mundo, y son elegidos por sus homólogos para ejercer un mandato de cinco años.
Boletín de prensa de la ONU
