La emergencia climática ya no es una amenaza distante ni un problema limitado a los glaciares y los bosques. Se manifiesta en viviendas inundadas, barrios sin drenaje, temperaturas extremas y comunidades que carecen de recursos para protegerse. En la COP31, gobiernos y activistas reclamaron compromisos financieros que permitan convertir los discursos sobre resiliencia en acciones concretas.
El cambio climático tiene un rostro cada vez más urbano. Se encuentra en las calles anegadas después de una tormenta, en las viviendas que se convierten en hornos durante las olas de calor y en los asentamientos donde la falta de drenaje, agua potable y servicios básicos transforma un fenómeno meteorológico en una tragedia humana.
Ese fue uno de los mensajes centrales de la jornada del 12 de noviembre en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP31, que se celebra en Antalya, Turquía. Mientras los gobiernos discutían compromisos de adaptación y financiación, las comunidades más vulnerables reclamaron algo elemental: que la respuesta climática comience por proteger la vida de quienes enfrentan sus consecuencias todos los días.
Anacláudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU-Hábitat, planteó la necesidad de modificar la manera en que se entiende y comunica la crisis climática. No se trata únicamente de observar el derretimiento de los glaciares o la desaparición de los bosques. También hay que mirar lo que ocurre dentro de las ciudades, donde millones de personas viven expuestas a inundaciones, temperaturas extremas y servicios públicos insuficientes.
La advertencia tiene una dimensión social ineludible: los efectos del cambio climático no se distribuyen por igual. Una familia con recursos puede trasladarse temporalmente, reparar su vivienda o instalar sistemas de climatización. En cambio, quienes habitan asentamientos informales o construcciones precarias suelen carecer de alternativas. Para ellos, una inundación puede significar perderlo todo.
La vivienda también es infraestructura climática
Uno de los momentos relevantes de la COP31 fue la realización de un diálogo de alto nivel dedicado a la resiliencia urbana, la adaptación y la acción climática. Se trata de un paso significativo: por primera vez, una conferencia climática de Naciones Unidas reservó un espacio de alto nivel para discutir de manera específica la protección de las ciudades y los asentamientos humanos.
El desafío es enorme. ONU-Hábitat advierte que hasta 3,000 millones de personas carecen de una vivienda adecuada y que más de 1,000 millones viven en asentamientos informales, muchos de ellos expuestos a inundaciones, deslizamientos de tierra y calor extremo.
Por eso, hablar de vivienda digna también implica hablar de adaptación climática. Una casa segura no depende exclusivamente de sus paredes y su techo: necesita acceso a agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, calles transitables y servicios de emergencia. Cuando esos elementos faltan, la vulnerabilidad se multiplica.
Hay avances en la planeación internacional. Un análisis de ONU-Hábitat encontró que el 80 % de 142 planes climáticos nacionales ya incorpora componentes urbanos bien desarrollados, frente al 50 % registrado en la ronda anterior. El problema es que reconocer la importancia de las ciudades en un documento oficial no equivale a transformar las condiciones de vida de sus habitantes.
La distancia entre los compromisos y los recursos disponibles sigue siendo considerable. De acuerdo con el análisis de financiación urbana citado por ONU-Hábitat, las ciudades necesitan alrededor de 4.5 billones de dólares anuales hasta 2030 para atender sus necesidades de mitigación y adaptación. Sin embargo, los flujos actuales rondan los 831,000 millones de dólares, una cantidad que apenas representa una fracción de lo requerido.
La pregunta, entonces, no es si las ciudades deben prepararse, sino quién pagará esa transformación y con qué criterios se distribuirán los recursos. No sería aceptable que las inversiones se concentraran en zonas de mayor valor económico mientras los barrios populares continúan expuestos a los mismos riesgos.
Los países vulnerables reclaman justicia climática
La segunda jornada de la Cumbre de Líderes también estuvo marcada por las exigencias de los países en desarrollo, que enfrentan pérdidas crecientes por tormentas, inundaciones y otros fenómenos extremos, pese a que muchos de ellos tienen una responsabilidad histórica menor en las emisiones que han provocado el calentamiento global.
Seychelles advirtió que los costos de recuperación pueden profundizar el endeudamiento de los pequeños Estados insulares. Nepal, por su parte, puso sobre la mesa los riesgos que enfrentan las comunidades de montaña por el derretimiento de los glaciares y la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos.
Nepal, Bután y Kirguistán se sumaron a Tayikistán y Pakistán para solicitar mayor protección de los glaciares y de las poblaciones que dependen de ellos. Además, Nepal propuso una alianza denominada «De Sagarmatha al Mar», destinada a vincular a las comunidades de montaña y costeras mediante cooperación, sistemas de alerta temprana y financiación climática.
La desigualdad quedó expuesta en una comparación especialmente dolorosa. El parlamentario nepalés Sagar Dhakal recordó que había ayudado a rescatar personas entre los escombros de un deslizamiento mortal cerca de la frontera entre Nepal y el Tíbet. También contrastó esa experiencia con la respuesta de Suiza ante el riesgo de colapso de un glaciar, donde la vigilancia científica y los recursos disponibles permitieron evacuar preventivamente a la población.
La diferencia no reside en que un país esté libre de amenazas y otro condenado a padecerlas. Reside, en buena medida, en la capacidad institucional, científica y financiera para anticipar los peligros. Una alerta temprana puede salvar vidas, pero únicamente cuando existen sistemas de monitoreo, infraestructura, comunicación y recursos para actuar antes de que ocurra la tragedia.
La financiación debe llegar antes del desastre
Entre los anuncios de la jornada destacó el lanzamiento de una Plataforma de Financiación del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas, en la que participan seis agencias del organismo internacional. La iniciativa busca facilitar el acceso a más de 3,000 millones de dólares en financiación para proteger a 75 millones de personas y sus medios de vida frente a posibles impactos climáticos y desastres naturales de aquí a 2030.
Su importancia radica en intentar cambiar la lógica de la respuesta humanitaria. En lugar de esperar a que ocurra una inundación, una tormenta o una sequía para comenzar a movilizar recursos, la plataforma pretende facilitar financiación anticipada, aprovechar los pronósticos y coordinar la actuación de las instituciones antes de que las emergencias se agraven.
La propuesta reúne a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, UNICEF, la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Programa Mundial de Alimentos. Su objetivo es mejorar la disponibilidad de recursos, compartir información y aprovechar mecanismos financieros y de seguros para actuar oportunamente.
También se anunciaron más de 480 millones de dólares en nuevos recursos filantrópicos para combatir el metano y otros contaminantes climáticos de gran potencia. A esa cantidad se sumaron 25 millones de dólares destinados a apoyar a siete países en desarrollo en la reducción de sus emisiones.
Por su parte, Islas Salomón anunció una aportación de 400,000 dólares al siguiente ciclo de reposición del Fondo Verde para el Clima. El compromiso tiene un significado político importante: es la primera contribución de un pequeño Estado insular en desarrollo o de un país menos adelantado a ese ciclo de financiación. Se trata de una nación particularmente vulnerable que, pese a sus limitados recursos, decidió participar en el mecanismo.
Turquía también alcanzó un acuerdo de financiación climática por 1,600 millones de dólares con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, destinado a respaldar reformas, energía limpia y medidas de resiliencia. Son anuncios relevantes, aunque todavía deben traducirse en proyectos, resultados verificables y beneficios para las poblaciones expuestas.
Greta Thunberg cuestiona la distancia entre los discursos y la realidad
La presión de los activistas también se hizo presente en Antalya. Greta Thunberg criticó la falta de correspondencia entre la gravedad de la crisis climática y la respuesta de quienes tienen capacidad de decisión. Sostuvo que las acciones de los dirigentes políticos están desconectadas de la realidad que enfrentan millones de personas y advirtió que las comunidades no pueden esperar indefinidamente a que alguien llegue a rescatarlas.
Su intervención coincidió con el testimonio de Sagar Dhakal, quien describió las consecuencias humanas de los deslizamientos y la desigualdad de recursos para prevenirlos. Ambos mensajes apuntaron a una contradicción persistente: mientras las conferencias internacionales acumulan declaraciones y compromisos, muchas comunidades siguen sin contar con las condiciones mínimas para enfrentar una emergencia.
En las negociaciones oficiales, entretanto, continuaron las diferencias sobre la financiación de la adaptación y el futuro de los combustibles fósiles. Los pequeños Estados insulares reclamaron reducciones más rápidas de emisiones, mientras que los países productores defendieron sus prioridades de desarrollo. La discusión revela una de las tensiones centrales de la política climática: cómo acelerar la transición energética sin trasladar sus costos a las economías más vulnerables, pero también sin utilizar el desarrollo como justificación para prolongar la dependencia de los combustibles fósiles.
El desafío para México también está en sus ciudades
Las advertencias planteadas en la COP31 no son ajenas a México. Las inundaciones urbanas, las olas de calor, la presión sobre el agua, la expansión desordenada de las ciudades y la ocupación de zonas de riesgo forman parte de problemas que requieren políticas públicas sostenidas, coordinación entre órdenes de gobierno e inversión en infraestructura.
En ciudades como Mérida, por ejemplo, el crecimiento urbano, la pérdida de cobertura vegetal, la impermeabilización del suelo y las deficiencias en el manejo del agua de lluvia obligan a discutir con seriedad la planeación territorial. La adaptación climática no puede reducirse a plantar árboles o anunciar campañas ambientales: exige revisar dónde y cómo se construye, proteger los ecosistemas que regulan el agua, fortalecer los servicios públicos y evitar que las familias de menores ingresos terminen habitando los espacios más vulnerables.
Lo mismo ocurre en las grandes zonas metropolitanas del país, donde el calor extremo, la contaminación, la escasez de agua y las inundaciones evidencian que la infraestructura urbana no siempre está preparada para las condiciones climáticas actuales, mucho menos para las que se proyectan en las próximas décadas.
Por ello, México necesita incorporar la resiliencia climática como un criterio central de su política de vivienda, desarrollo urbano, movilidad y obra pública. No basta con que los planes nacionales mencionen la adaptación si los municipios carecen de presupuesto, capacidades técnicas y mecanismos de coordinación para ejecutarla.
La COP31 ha colocado sobre la mesa una realidad que los gobiernos ya no pueden seguir tratando como un asunto secundario: la crisis climática también se combate desde las calles, los hogares, los sistemas de drenaje, las redes eléctricas y los servicios de agua. Y, sobre todo, se combate protegiendo a quienes tienen menos posibilidades de defenderse.
Las ciudades no necesitan únicamente discursos sobre sostenibilidad. Necesitan presupuestos, infraestructura, instituciones responsables y decisiones que pongan la vida de las personas por encima de la rentabilidad inmediata. Porque cuando una vivienda se inunda o una comunidad queda sepultada por un deslizamiento, la emergencia deja de ser una estadística climática y se convierte en una tragedia que pudo haberse prevenido.
La verdadera medida del compromiso de los gobiernos no estará en las declaraciones pronunciadas en Antalya, sino en las vidas que logren proteger cuando termine la conferencia.
