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Las fuerzas policiales no deben estar por encima de la ley

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No hace mucho tiempo, las diversas autoridades del Estado mexicano celebraban la primera década de la importante reforma en materia de derechos que vino a cambiar el modelo de justicia en nuestro país. Pero es muy lamentable que nos percatemos que falta mucho, pero mucho por hacer para que los abusos de autoridad, por parte de las fuerzas públicas, desaparezcan y que los actos de “coacción policial” se circunscriban y limiten en los fundamentos y principios de los derechos humanos, hoy ya derechos fundamentales por estar en nuestra Constitución.

El caso del joven veracruzano asesinado por elementos de las fuerzas policiales de nuestro municipio a causa de los golpes, la tortura y la violación sexual, trastocan la paz y armonía social que tanto estamos presumiendo en Yucatán. Pero no es el único caso. Sabemos, por las redes y las denuncias sociales de diversas situaciones en las cuales la policía no es garante de derechos humanos, sino de continuos atropellos sin que las autoridades superiores hagan algo al respecto.

¿Qué ha sucedido, mejorado o cambiado desde 2014 cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán emitiera un informe de la deplorable situación de las cárceles públicas municipales?

Es muy grave que un ciudadano, a criterio y percepción de los policías, pueda ser detenido y encarcelado sin que medie una situación de apremio, caso urgente o flagrancia ante la comisión de un delito. Lo peor de caso, es que sea traslado al edificio público de la policía y ahí, sin ningún control que garantice la integridad física y emocional, se le golpee, torture y además se le viole sexualmente. En la percepción ciudadana resulta difícil suponer que este sería un caso único.

Lo que nos debe generar una pregunta ¿cuál es la cadena de custodia del detenido? ¿Acaso no existe, para garantía y certidumbre de los derechos humanos, un protocolo de detención?

La policía se considera una institución de buena fe, con poder coactivo para intervenir y ejercer la fuerza pública contra un ciudadano, en ocasiones, ni mediar orden judicial. Esto parece que los hace intocables y superiores. Los ciudadanos desconocemos que existan procedimientos de control que evalúen los actos de policías y sancionen en caso de violar derechos humanos y procedimientos policiales. Algunos otros países llaman “policía interna” o “asuntos internos” a la policía de la policía que están continuamente investigando lo que éstos hacen, sancionando y suspendiendo cuando se agravian procedimientos y la integridad de un ciudadano o el honor de la institución policial.

Además, debemos suponer que un detenido debe ser informado de sus derechos, así como también de ser revisado y que quede constancia de ello de sus condiciones médicas, de como entra y como sale en caso de ser liberado. Esto implicaría responsabilidades administrativas a quienes tiene la función de recepcionar y atender la cárcel pública. ¿Acaso no había un médico? Sería una buena pregunta que las autoridades nos deben aclarar.

Lo que sucedió no es un caso menor, ni tampoco puede ser analizado como una acción de un privado o hecho aislado. Ya que sin duda existe una responsabilidad institucional por parte de la autoridad municipal ya que el acto, aunque sea una conducta personal y ajena a los principios institucionales, se hizo en nombre del servicio público; por lo cual, conforme al Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Humanos, es obligación además de la prevención, investigación y sanción, la reparación de las violaciones a los derechos humanos. Una reparación que debe ser integral en cuanto el valor de vida y efectos que hoy sufren los seres queridos de la víctima y los daños que causa a la sociedad.

Por consecuencia si bien gozamos de un sistema de vigilancia y de revisión supuestamente de primer mundo que abarca toda la ciudad de Mérida, se le debe exigir a la autoridad acciones preventivas que consoliden un control a la acción policiaca para someterlos al Estado de Derecho y respeto a los Derechos Humanos.

Se debe exigir la implementación de un protocolo de detención que contemple criterios para valorar la actuación de policía ante una detención por sospecha y que establezca toda la línea de acciones de custodia del detenido.

Se debe crear un organismo o policía interna que someta a la investigación y sanción a los encargados de la seguridad pública, que no necesariamente los mandos respondan al poder ejecutivo para no viciar la ética y el compromiso constitucional de respetar los derechos humanos de todos los involucrados en situaciones policiales.

Además de ejercer toda la acción persecutoria contra los responsables materiales de este horrible crimen, debe existir una disculpa pública de las autoridades de la máxima autoridad municipal, es decir, del Cabildo meridano, ante este hecho ante los familiares y de cara a la sociedad con compromisos en acciones para que esto no vuelva a pasar. No pasemos por alto que fueron servidores públicos los responsables que actuaron a nombre de una institución política y dejaron en entredicho el compromiso y honor de todo el gobierno municipal y, por ende, estatal.