La diputada de MC señala que el objetivo es garantizar la seguridad y protección de los derechos humanos de las personas con SIDA que habitan en dicho lugar
Palacio Legislativo, 22-03-2021 (Notilegis).- La diputada Martha Tagle Martínez (MC) llamó a los gobiernos de Yucatán y al municipal de Conkal a resolver de manera definitiva el conflicto respecto de los terrenos del Albergue Oasis de San Juan de Dios, a fin de garantizar la seguridad y protección de los derechos humanos de las personas con SIDA que habitan en dicho lugar.
En conferencia de prensa, acompañada de Laura Hernández García, secretaria de derechos humanos e inclusión social de MC, y Carlos Méndez Benavides, director del Albergue Oasis San Juan de Dios, en Conkal, Yucatán, informó que con ese fin presentó un punto de acuerdo, que contempla tres acciones sobre este tema.
Solicitar al Fiscal General de Yucatán a realizar las investigaciones pertinentes, a fin de esclarecer los hechos denunciados en la averiguación previa 35/2399/2013 del índice de la Agencia Investigadora Especial 35 del Ministerio Público del Fuero Común, con motivo de los hechos denunciados sobre el caso mencionado.
También exhortar a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que, en el marco de sus atribuciones, tome las medidas necesarias para dirimir el conflicto respecto a los terrenos del albergue
Además, pide a la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán a investigar las posibles violaciones a los derechos humanos de las personas que viven con VIH y son beneficiarias de los servicios que brinda el albergue.
Tagle Martínez recordó que el pasado 2 de marzo en dicho albergue que aloja a personas que tienen tratamiento contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) se suscitaron hechos violentos “que han vivido en diferentes ocasiones, y a pesar del llamado que ha habido a las autoridades locales y federales para atender la situación de conflicto no están teniendo una respuesta”.
Por su parte, Carlos Renán Méndez Benavides, director del Albergue Oasis San Juan de Dios, relató que en marzo entró un grupo de nueve personas con machetes para sacarlos y presentaron al juez paz un pago de 6 mil pesos de impuesto predial, para apropiarse de tres hectáreas del terreno del albergue.
Agregó que se quedaron con la posesión de dicha manzana desde 1996, ya que entraron de buena fe, porque desde 1986, había una fundación que se llamaba Retiro de Ancianos, la cual les cedió el terreno para que no hubiera problema.
Recordó que desde 1996 cuando inició el trabajo el albergue “ha sido un acoso impresionante, nos quemaron un huerto; nos han atacaron varias veces queriéndonos quitar, con acoso, insultos y amenazas”.
“Por un lado, el ayuntamiento de Conkal está muy contento con que nos salgamos y está motivando esto, porque nunca han querido apoyar el albergue de VIH, hay un desconocimiento en la cuestión de salud, nos dicen que porque escupen en la calle van a contagiar”, dijo.
Laura Hernández García, secretaria de derechos humanos e inclusión social de MC, calificó de increíble que en el siglo XXI el estigma y la discriminación vulnere los derechos fundamentales de las personas, y más ahorita en época de pandemia.
Señaló que muchas de las personas que acuden al albergue son indígenas y migrantes, quienes tienen el beneficio a la salud, pero “hay un acto arbitrario que nos pone en indefensión total, ya que no se les está haciendo justicia”.
Eligia Vera Gamboa, académica, comentó que desde la Universidad Autónoma de Yucatán “hemos sido aliados del albergue y hemos visto con enojo y tristeza cómo se están vulnerando los derechos humanos de las personas que viven con VIH y está sentando un mal precedente para Yucatán esta falta de justicia y equidad, para atender esta situación.
“En este país tenemos que esperar que alguien pierda la vida o que pase una desgracia para que se tome alguna acción. No podemos seguir esperando, esto ya lleva muchísimos años”, expresó.
Tagle Martínez reiteró que se suma al reclamo para que el tema no pase desapercibido y no llegue a mayores, por eso es que “junto con este punto de acuerdo haremos las gestiones correspondientes con (los gobiernos) estatal, local y la Sedatu, para estar atenta del tema y que no quede en la presentación del exhorto para garantizar la seguridad, salud y la vida de las personas en el albergue”.
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