La recesión global que se avecina debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 puede ser un desastre, pero también puede convertirse en una oportunidad para implementar soluciones audaces e innovadoras que permitan a los sectores más afectados de la sociedad superar la crisis con dignidad y en pleno ejercicio de sus derechos humanos, señaló este viernes un experto de la ONU.
Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente en deuda externa y derechos humanos, urgió a los Gobiernos a ajustar sus políticas económicas que tengan que ver con el COVID-19 con los términos de los Principios Rectores sobre Evaluación de Impacto de las Reformas Económicas sobre los Derechos Humanos.
Exhorto a los Gobiernos a considerar un ingreso básico universal de emergencia.
En un comunicado, Bohoslavsky aseveró que la respuesta más adecuada a la catástrofe económica y social será poner las finanzas al servicio de los más pobres: “Los estímulos fiscales y paquetes de protección social directamente dirigidos a quienes disponen de menor capacidad para hacer frente a la crisis son esenciales para mitigar las consecuencias devastadoras de la pandemia.”
Al referirse a las medidas de estímulo económico a gran escala que planean algunos países, dijo que son alentadoras, pero insistió en que deben diseñarse de tal modo que no terminen destinadas “a salvar sólo a las grandes empresas y bancos”, sino que deben ir mucho más allá. “Exhorto a los Gobiernos a considerar la introducción de un ingreso básico universal de emergencia”, agregó.
Suspensión de deudas y desalojos
Planteó por ejemplo, que los servicios públicos sean provistos sin cargo a quienes no puedan pagarlos y que se suspenda el pago de deudas cuando las personas no tengan dinero suficiente para hacer frente a la crisis de salud pública. Además, hizo hincapié en que se prohíban los desalojos masivos.
El experto indicó que los trabajadores autónomos o del sector informal, así como los que no pueden trabajar desde la casa, necesitan incentivos económicos y fiscales para quedarse en sus hogares y no exponer su salud y la de sus familias y comunidades por tener que salir a trabajar.
Llamó a revertir con urgencia la tendencia observada en los últimos años de mercantilización y privatización de servicios esenciales, como la salud.
“Estas tendencias deben ser revertidas de manera urgente para que los Estados puedan enfrentar los desafíos de derechos humanos y fiscales que impone la crisis del COVID-19”, enfatizó Bohoslavsky.
Explicó que si están debidamente justificadas, los Estados están habilitados a tomar medidas económicas y legales para enfrentar la actual crisis de salud, subrayando que ningún derecho económico privado como la propiedad intelectual puede triunfar sobre el derecho a la salud pública y la supervivencia.
FMI y Venezuela
El experto también instó a las instituciones financieras internacionales a movilizar de manera urgente sus recursos para ayudar a los países a combatir la pandemia. “Estoy profundamente preocupado por la reciente respuesta negativa del Fondo Monetario Internacional frente a la solicitud de Venezuela de recibir ayuda financiera para afrontar la crisis del COVID-19.”
Estoy profundamente preocupado por la respuesta negativa del FMI frente a la solicitud de Venezuela.
“El argumento del FMI sobre la falta de ‘claridad’ acerca del reconocimiento internacional del Gobierno del país no puede justificar una decisión que pone en grave riesgo a la totalidad de la población venezolana y, por añadidura, al mundo entero. Esta decisión podría constituir una violación seria de derechos humanos y exigiría una rendición de cuentas por parte de la institución y sus gestores”, sostuvo Bohoslavsky.
Añadió que la crisis es una oportunidad para reflexionar y revertir la ideología de acuerdo con la cual el crecimiento económico es el único camino para avanzar. En particular, nos llama a cuestionar y cambiar nuestros patrones y comportamientos de consumo si somos serios en cuanto a intentar asegurar el disfrute de los derechos humanos de todos y la protección del medio ambiente”, concluyó el experto.
Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
Boletín de prensa de la ONU
