El diputado del PRI detalla que es importante posibilitar a los cuentahabientes las vías legales para objetar las transferencias de recursos que no reconozcan
Palacio Legislativo, 02-02-2022 (Notilegis).– El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de que los bancos cumplan con protocolos que eviten estafas vía internet y se garantice la seguridad de los clientes.
En un comunicado, el legislador detalló que es importante que se posibiliten a los cuentahabientes las vías legales para objetar transferencias de recursos que no reconozcan.
Abundó que la iniciativa está destinada a exigir a los bancos cumplir con los protocolos para evitar las estafas vía internet y permitir así el acceso a mecanismos de defensa adecuados para los cuentahabientes de la banca electrónica, frecuentemente en desventaja frente a las instituciones de crédito al reclamar un fraude cibernético.
Mediante la adición propuesta al artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, especificó el legislador, se propone obligar a los bancos a demostrar el cumplimiento de las normas que obligan a las instituciones de crédito a observar ciertos protocolos para evitar ciberataques, “pues de lo contrario, operará en su contra la presunción de que su sistema de seguridad electrónico fue vulnerado, facilitando el robo a sus cuentahabientes”.
Argumentó que esta iniciativa se justifica en el hecho de que personas que usan la banca móvil se encuentran en desventaja frente a las instituciones de crédito, al no contar con los mecanismos tecnológicos necesarios para demostrar un atentado digital, sin dejar de lado la resistencia que los bancos pueden poner cuando sus clientes pretendan revisar la estructura y conformación de sus servidores para demostrar el fraude.
Los bancos han aprovechado la tecnología para facilitar el acceso a la banca en línea o electrónica, sin embargo, ello no ha evitado que dichas instituciones y sus clientes sean objeto de ciberataques. Tales delitos, en 2019, tuvieron un costo de 785.4 millones de pesos, y durante el 2021 las afectaciones fueron de al menos 39 millones de pesos.
Finalmente, manifestó, el Covid-19 ha puesto en jaque la economía de las familias, lo que ha provocado que millones de personas cancelaran sus tarjetas de crédito, pero es importante que aquellos cuentahabientes que aún conservan este mecanismo de pago tengan las garantías necesarias en caso de una vulneración o ataque cibernético.
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