La dirigente opositora venezolana María Corina Machado visitó el campamento de familiares de presos políticos instalado frente a la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, donde reiteró su compromiso de exigir la liberación de todos los detenidos por razones políticas. La protesta cumple 302 días y se desarrolla en medio de denuncias de tortura, restricciones a las visitas y cuestionamientos sobre la continuidad de las detenciones.
La situación de los presos políticos volvió al centro de la atención pública en Venezuela. El viernes 6 de noviembre, la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, acudió a las inmediaciones del centro penitenciario El Rodeo I, en el estado Miranda, para acompañar a los familiares que mantienen un campamento de protesta desde hace más de diez meses.
Durante su visita, Machado expresó que no dejará solos a quienes permanecen privados de libertad por motivos políticos y reiteró que continuará exigiendo su liberación. Frente a los familiares, leyó una relación de personas que siguen recluidas y los años que llevan detenidas, aunque advirtió que la lista no representa la totalidad de los casos, pues algunas familias temen denunciar las detenciones por posibles represalias.
La movilización, conocida como Campamento de la Dignidad, cumple 302 días. Durante ese periodo, familiares de los detenidos han permanecido en carpas, expuestos a las lluvias, el calor y los insectos, con el propósito de mantener visible su exigencia de excarcelación y obtener información sobre las condiciones de reclusión de sus seres queridos.
Familiares denuncian torturas y restricciones
Entre quienes participan en la protesta se encuentra Soraida González, quien llegó desde Barquisimeto en enero para exigir la liberación de su hijo, José Miguel Estrada. El joven fue detenido y acusado en 2018 de presuntamente participar en un atentado con drones contra Nicolás Maduro, entonces presidente de Venezuela.
En declaraciones a la agencia EFE, González relató que su hijo habría sido sometido a torturas durante su detención. Según su testimonio, sufrió lesiones físicas, descargas eléctricas, golpes y otras formas de maltrato. Estas denuncias forman parte de los señalamientos que familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos han formulado sobre las condiciones de reclusión en El Rodeo I.
La madre también señaló que, después de meses de protestas, consiguieron algunas modificaciones en el régimen de visitas. De acuerdo con su relato, los familiares y los internos dejaron de ser obligados a utilizar capuchas durante esos encuentros y actualmente pueden comunicarse los domingos durante 20 minutos, separados por un vidrio y mediante un teléfono.
El centro penitenciario ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones de reclusión, las restricciones de comunicación y las denuncias de malos tratos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por Naciones Unidas, documentó anteriormente problemas relacionados con el aislamiento, las limitaciones de visitas y las condiciones materiales de los detenidos.
Más de 300 personas continúan detenidas por motivos políticos
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) considera que El Rodeo I se ha convertido en uno de los principales centros de reclusión donde se denuncian prácticas de tortura. Su activista Diego Casanova indicó que en ese penal permanecen alrededor de un centenar de presos políticos, mientras que en el campamento continúan entre 20 y 30 familiares de manera más constante.
La organización Foro Penal, dedicada a la defensa y asistencia jurídica de personas detenidas por razones políticas, contabilizó 322 presos políticos en Venezuela en su balance correspondiente a finales de octubre de 2026. Aunque la cifra representa una disminución respecto de los registros de meses anteriores, la ONG sostiene que todavía existen cientos de personas privadas de libertad por motivos políticos.
Las excarcelaciones ordenadas desde enero por el Gobierno encargado han permitido que algunas familias recuperen a sus parientes. Sin embargo, las liberaciones no han resuelto las demandas de las organizaciones civiles, que también reclaman información sobre personas detenidas cuyo paradero se desconoce, el fin de las detenciones arbitrarias y garantías para evitar nuevas violaciones de derechos humanos.
Estados Unidos, un actor relevante en las negociaciones
La situación de los presos políticos también está relacionada con el nuevo escenario político venezolano, surgido después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 y la posterior instalación de un Gobierno encargado encabezado por Delcy Rodríguez.
En este contexto, el dirigente opositor y exdiputado Juan Pablo Guanipa consideró que Estados Unidos tiene una influencia determinante para conseguir la liberación de quienes continúan encarcelados. A su juicio, la intervención diplomática de Washington podría contribuir a impulsar una decisión definitiva sobre los detenidos.
La actuación estadounidense se ha convertido en un factor relevante dentro de las negociaciones políticas posteriores a la captura de Maduro. Sin embargo, la liberación de los presos políticos también requiere decisiones de las autoridades venezolanas y garantías jurídicas que permitan evitar que las excarcelaciones dependan exclusivamente de acuerdos coyunturales.
La exigencia de las familias, por tanto, no se limita a conseguir que sus parientes abandonen las cárceles. También comprende el esclarecimiento de las detenciones, el acceso a la justicia, la reparación de las víctimas y el establecimiento de mecanismos que impidan la repetición de abusos.
La libertad de los detenidos sigue siendo una demanda central
La visita de Machado al campamento de El Rodeo I representa un nuevo respaldo público a las familias que han mantenido la protesta durante más de 300 días. Su presencia también devuelve visibilidad a una problemática que continúa generando cuestionamientos sobre el respeto a las garantías fundamentales en Venezuela.
El desafío no consiste únicamente en reducir las cifras de personas encarceladas, sino en garantizar que nadie sea privado de su libertad por ejercer derechos políticos, expresar opiniones o participar en actividades de oposición. Asimismo, las denuncias de tortura y malos tratos deben investigarse de manera independiente y dar lugar a responsabilidades cuando se acrediten violaciones.
Mientras las familias continúan frente a la prisión, la exigencia de libertad se acompaña de otras demandas: justicia para las víctimas, reparación para sus allegados, reconocimiento de los abusos y garantías de no repetición. La resolución de estos casos será un indicador relevante para evaluar cualquier proceso de apertura política y reconstrucción institucional en Venezuela.
