Meta negocia con fiscales generales de varios estados de Estados Unidos un posible acuerdo para poner fin a un juicio que podría obligarla a pagar enormes sanciones y modificar la manera en que Facebook e Instagram funcionan para los usuarios jóvenes.
Meta intenta encontrar una salida antes de que un juicio que podría convertirse en uno de los mayores desafíos legales de su historia llegue a una conclusión adversa. La empresa matriz de Facebook e Instagram mantiene conversaciones con fiscales generales de varios estados de Estados Unidos para alcanzar un posible acuerdo extrajudicial en una demanda centrada en la seguridad de los menores y la protección de sus datos.
La información fue reportada inicialmente por Bloomberg y posteriormente confirmada por Reuters, que señaló que las conversaciones se producen en plena segunda semana del proceso federal que se desarrolla en Oakland, California. Por ahora, no existe un acuerdo anunciado públicamente y las partes tampoco han confirmado los términos de una eventual negociación.
El caso enfrenta a Meta con una coalición de 29 estados que sostiene que la compañía diseñó Facebook e Instagram para mantener a niños y adolescentes durante más tiempo en sus plataformas, aun cuando conocía los posibles efectos perjudiciales sobre los usuarios jóvenes.
California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey encabezan el proceso que actualmente se desarrolla ante un tribunal federal de Oakland. Los fiscales generales sostienen, además, que Meta recopiló información de menores y que la empresa no fue suficientemente transparente respecto de los riesgos asociados con sus productos.
El alcance económico de la disputa explica por qué cualquier negociación adquiere una importancia extraordinaria. Los estados han planteado una exposición potencial de hasta 200.000 millones de dólares en sanciones civiles, además de posibles modificaciones obligatorias en el funcionamiento de las plataformas.
Reuters y Bloomberg han descrito las conversaciones como una posible salida en mitad del juicio. El escenario no significa que Meta haya admitido las acusaciones ni que exista ya un pacto cerrado. La compañía continúa defendiendo sus productos y sus medidas de seguridad para adolescentes.
La presión sobre Meta, sin embargo, aumentó durante los últimos días del proceso. El martes, Adam Mosseri, director de Instagram, compareció como testigo y defendió las medidas adoptadas por la plataforma, pero reconoció que algunas herramientas de seguridad para adolescentes tuvieron una utilización muy baja cuando su activación era voluntaria.
Uno de los puntos centrales de su declaración fue la función “Take a Break”, creada para recordar a los usuarios jóvenes que hicieran pausas después de pasar determinado tiempo en Instagram. Reuters informó que Mosseri reconoció que pocos adolescentes utilizaban la herramienta antes de que se convirtiera en una función predeterminada para las cuentas de adolescentes en 2024.
La fiscalía utiliza ese dato para cuestionar la efectividad de las medidas de protección desarrolladas por Meta. La defensa, en cambio, sostiene que concentrarse en una sola herramienta ofrece una imagen incompleta de las medidas de seguridad que la compañía ha desarrollado con el paso del tiempo.
“No existen soluciones mágicas” para proteger a los adolescentes, fue uno de los argumentos planteados por Mosseri durante su testimonio, según El País. El ejecutivo también rechazó la idea de que Meta hubiera intentado ocultar deliberadamente información desfavorable sobre la seguridad de sus productos.
El testimonio se produjo después de que otros antiguos empleados de Meta ofrecieran una visión mucho más crítica de las políticas internas de la compañía. Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de la empresa, declaró días antes que Meta había adoptado durante años una actitud de “no preguntar, no decir” respecto del uso de sus plataformas por menores de 13 años, según Associated Press.
Los fiscales también han presentado testimonios y documentos internos que, a su juicio, muestran una tensión constante entre los objetivos de seguridad y las métricas de participación de los usuarios. La acusación sostiene que el tiempo que las personas permanecen conectadas tiene una relación directa con el modelo publicitario de Meta.
La compañía rechaza esa interpretación. Su posición es que ha invertido en herramientas para reducir los riesgos que enfrentan los adolescentes y que ha introducido nuevas medidas de protección en sus plataformas.
De hecho, Meta ha anunciado durante 2026 varias modificaciones destinadas a reforzar la seguridad de las cuentas de adolescentes. Entre ellas figuran controles de contenido apropiados para la edad, sistemas de estimación de edad mediante inteligencia artificial y nuevas alertas para padres cuando se detectan determinadas búsquedas relacionadas con autolesiones o suicidio.
El problema para Meta es que esas medidas recientes no eliminan necesariamente las preguntas sobre lo ocurrido antes. El juicio pretende determinar, precisamente, si la empresa conocía determinados riesgos y si actuó con suficiente rapidez y transparencia para enfrentarlos.
La disputa tampoco comenzó este mes. El proceso forma parte de una ofensiva jurídica más amplia contra las grandes plataformas de redes sociales por sus posibles efectos sobre niños y adolescentes. En junio, un tribunal rechazó el intento de Meta de conseguir que el caso de California terminara antes de llegar a juicio y determinó, entre otras cuestiones, que existían elementos suficientes para continuar con las acusaciones relacionadas con la privacidad infantil.
Además, Meta ya sufrió un golpe importante en Nuevo México. En agosto, un juez ordenó a la empresa pagar 567 millones de dólares y financiar programas destinados a enfrentar los daños asociados al uso de redes sociales por menores, después de que el estado obtuviera una victoria judicial contra la compañía. Bloomberg Law informó que esa cantidad se sumó a un veredicto civil anterior de 375 millones de dólares.
Ese antecedente vuelve especialmente delicadas las negociaciones actuales. Un acuerdo podría permitir a Meta limitar la incertidumbre financiera y evitar una resolución judicial que establezca nuevas obligaciones para sus plataformas. Para los estados, en cambio, un pacto solo tendría sentido si consigue cambios concretos en la forma en que la compañía protege a los menores y maneja sus datos.
También está en juego algo más difícil de medir: el precedente. Una resolución contra Meta podría reforzar la capacidad de los gobiernos estatales para exigir cambios en el diseño de las plataformas tecnológicas, particularmente cuando sus productos están dirigidos o son utilizados masivamente por adolescentes.
La dimensión del caso explica asimismo la atención que ha despertado en Silicon Valley. No se trata únicamente de determinar cuánto dinero podría pagar Meta. La cuestión de fondo es si una empresa tecnológica puede ser responsabilizada por diseñar mecanismos que favorecen un uso prolongado cuando esos mismos mecanismos pueden generar riesgos para usuarios menores de edad.
Para Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, el juicio todavía tiene otro momento decisivo pendiente. El empresario deberá declarar en el proceso, aunque la fecha exacta de su testimonio no se ha establecido públicamente.
Mientras tanto, las negociaciones avanzan entre bastidores. El hecho de que las conversaciones sobre un posible acuerdo hayan trascendido mientras el juicio continúa no permite anticipar su resultado, pero sí muestra la magnitud de la presión que enfrenta Meta.
La empresa tiene ante sí dos caminos difíciles. Puede continuar defendiendo el caso hasta obtener una resolución judicial, con el riesgo de enfrentar sanciones y cambios regulatorios de gran alcance, o puede negociar una salida que reduzca la incertidumbre, pero que probablemente implique compromisos concretos sobre la seguridad y privacidad de los menores.
Y es que el verdadero costo para Meta podría no medirse únicamente en dólares. Si los fiscales generales consiguen imponer cambios estructurales en Facebook e Instagram, el caso podría terminar modificando la manera en que una de las mayores compañías tecnológicas del mundo diseña sus productos para los usuarios más jóvenes.
