El Senado aprobó el ingreso temporal de 139 militares estadounidenses armados para participar en un ejercicio de adiestramiento con fuerzas mexicanas en Chihuahua, en un contexto marcado por la presión de Washington en materia de seguridad y por el énfasis del Gobierno mexicano en preservar la soberanía nacional.
México abrirá temporalmente sus instalaciones militares a un contingente de 139 elementos del Ejército de Estados Unidos para participar en un ejercicio conjunto de adiestramiento en Chihuahua. La autorización fue aprobada por el Senado a solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum y establece que los efectivos permanecerán en territorio nacional del 20 al 30 de septiembre.
De acuerdo con información del Senado de la República, la delegación pertenece a la 101.ª División Aerotransportada del Ejército estadounidense y realizará el denominado «Ejercicio Especializado Conjunto» en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis. La resolución fue aprobada con 75 votos a favor y ninguno en contra.
El ingreso tendrá una particularidad relevante: los militares estadounidenses llegarán con armamento a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La autorización legislativa establece que el contingente arribará el 20 de septiembre a la Quinta Zona Aérea Militar de Santa Gertrudis y regresará a su país al concluir las actividades previstas.
La presencia de tropas extranjeras requiere autorización del Senado mexicano, de acuerdo con las facultades establecidas en el artículo 76 de la Constitución. En este caso, la Cámara Alta avaló expresamente la entrada temporal del personal estadounidense para una actividad militar determinada, sin que la resolución implique un despliegue permanente de fuerzas de Estados Unidos en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum había explicado previamente que este tipo de adiestramiento forma parte de una cooperación militar que ambos países mantienen desde hace varios años. En una conferencia de prensa del 4 de septiembre, señaló que unidades mexicanas también habían viajado a instalaciones estadounidenses para recibir capacitación y que la finalidad era mejorar la compatibilidad operativa entre ambas fuerzas.
El movimiento ocurre, sin embargo, en un momento particularmente delicado de la relación bilateral. El Gobierno de Donald Trump ha presionado a México para intensificar las acciones contra el narcotráfico y otros delitos transfronterizos. Washington ha planteado incluso la posibilidad de realizar acciones directas en territorio mexicano, una alternativa que Sheinbaum ha rechazado públicamente.
La mandataria ha definido la relación con Estados Unidos bajo el principio de «cooperación sin subordinación». Esa postura cobra especial importancia en un ejercicio que tendrá lugar precisamente en Chihuahua, estado fronterizo donde en meses recientes se produjeron controversias por la participación de agentes estadounidenses en operaciones contra organizaciones criminales.
En abril, la presencia de dos agentes de la CIA en una operación antinarcóticos en Chihuahua provocó cuestionamientos debido a que, según los reportes publicados entonces, su participación no había sido autorizada por el Gobierno federal. El asunto salió a la luz después de que ambos agentes murieran en un accidente automovilístico relacionado con aquella operación.
La nueva autorización parlamentaria presenta una diferencia fundamental: en esta ocasión existe un procedimiento formal aprobado por el Senado y un periodo definido de permanencia. Además, la actividad se encuentra delimitada a instalaciones militares mexicanas y a un ejercicio de adiestramiento conjunto.
La cooperación tampoco se limita a la llegada de tropas estadounidenses. El Gobierno mexicano ha informado que unidades de sus propias Fuerzas Armadas realizan periódicamente entrenamientos en Estados Unidos. Según la Presidencia de la República, desde 2022 unidades del Ejército mexicano han acudido a instalaciones estadounidenses para recibir capacitación.
La seguridad fronteriza constituye otro de los ámbitos en los que ambos países han incrementado la coordinación. El Gobierno mexicano ha informado sobre mecanismos de cooperación relacionados con la vigilancia de drones utilizados por organizaciones criminales y sobre reuniones periódicas entre mandos militares de ambos lados de la frontera.
Con todo, la llegada de los 139 militares no significa que Estados Unidos asuma funciones de seguridad dentro de México. La autorización se refiere a un ejercicio concreto y temporal, mientras que las Fuerzas Armadas mexicanas conservan el control de las instalaciones y de las actividades desarrolladas en territorio nacional.
El episodio muestra así una relación bilateral con dos dimensiones que avanzan al mismo tiempo. Por un lado, México y Estados Unidos profundizan mecanismos de cooperación militar y buscan mejorar su coordinación operativa. Por otro, el Gobierno mexicano mantiene como condición política que esa colaboración no se traduzca en una pérdida de control sobre las decisiones de seguridad dentro del país.