El Gobierno de México ha intensificado su estrategia jurídica y diplomática por las muertes de connacionales relacionadas con el ICE, con especial atención al centro de detención de Adelanto, California, donde se han registrado varios fallecimientos.
El Gobierno de México decidió llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de los ciudadanos mexicanos que han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, en medio de una ofensiva diplomática y jurídica para exigir investigaciones sobre las condiciones de detención.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta estrategia después de que otro mexicano falleciera bajo custodia en el centro de procesamiento de Adelanto, California. El caso volvió a colocar en el centro de la discusión la atención médica que reciben los migrantes detenidos y las condiciones en las instalaciones operadas por empresas privadas contratadas por el Gobierno estadounidense.
La información oficial mexicana permite precisar que esta estrategia no surgió apenas con el fallecimiento más reciente. Desde marzo, la administración de Sheinbaum había anunciado que recurriría a la CIDH. El 30 de marzo, la Presidencia informó que México solicitaría una audiencia temática ante ese organismo sobre las personas fallecidas en centros de detención del ICE. Posteriormente, en abril, el Gobierno confirmó que había presentado una queja y buscaba formalizar la audiencia.
Por ello, la afirmación de que se trata de una acción que México emprende “por primera vez” debe entenderse en el contexto del anuncio original de marzo y de las posteriores gestiones ante la Comisión, no como una medida que apenas comenzara en octubre.
Adelanto concentra una parte importante de los casos
El centro de detención de Adelanto se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación para la Cancillería mexicana. En julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que cuatro ciudadanos mexicanos habían fallecido en esa instalación y anunció el envío de un escrito de cese y desistimiento para exigir que se detuvieran las acciones u omisiones que, según la posición mexicana, podían estar relacionadas con esas muertes.
La SRE también señaló que el documento cuestionaba, entre otros aspectos, posibles deficiencias en el acceso oportuno a servicios médicos y condiciones incompatibles con determinados estándares de atención. Además, México comunicó los casos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Las denuncias no se han limitado a declaraciones diplomáticas. El Gobierno mexicano ha acompañado a familiares de algunas víctimas mediante asistencia jurídica y ha participado en acciones legales dentro de Estados Unidos.
En agosto, la presidenta Sheinbaum informó que los casos relacionados con Adelanto continuaban bajo revisión y que, mediante el Programa de Asesorías Legales Externas de la Cancillería, se analizaban evidencias para determinar posibles responsabilidades de las empresas involucradas.
La situación del centro también ha sido documentada por medios estadounidenses y mexicanos. Investigaciones periodísticas han señalado casos en los que familiares de fallecidos cuestionaron la atención médica recibida antes de que sus parientes fueran trasladados a hospitales o murieran bajo custodia. Estas denuncias forman parte de investigaciones y litigios que todavía deben determinar responsabilidades concretas.
La cifra de mexicanos fallecidos ha aumentado
Las cifras también han cambiado conforme se han incorporado nuevos casos. En marzo, la Presidencia informó de 13 mexicanos fallecidos en operativos migratorios o bajo custodia del ICE desde el comienzo del segundo mandato de Donald Trump. En julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores actualizó el registro a 17 mexicanos: 14 habían muerto bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos.
La diferencia es importante porque algunos reportes periodísticos han utilizado el número de 14 para referirse al conjunto de fallecimientos registrados hasta marzo, mientras que la Cancillería posteriormente distinguió entre las muertes ocurridas dentro de centros de detención y aquellas registradas durante operaciones de agentes migratorios.
En julio, el canciller Roberto Velasco Álvarez explicó que de los 17 casos registrados hasta entonces, 14 correspondían a personas que habían muerto bajo custodia y tres a fallecimientos ocurridos durante operativos. La Cancillería anunció además denuncias ante fiscalías estadounidenses y acciones civiles contra operadores privados de centros de detención.
Las causas de muerte tampoco pueden presentarse como definitivas en todos los casos. En marzo, Sheinbaum informó que seis fallecimientos estaban asociados presuntamente con complicaciones médicas, cuatro con suicidios, dos con operativos migratorios y uno con un tiroteo. La propia presidenta subrayó que se trataba de causas presuntas mientras continuaban las investigaciones.
Una estrategia que va más allá de las notas diplomáticas
La reacción mexicana ha evolucionado durante los últimos meses. Inicialmente, la respuesta se concentró en las gestiones consulares y las notas diplomáticas. Posteriormente, el Gobierno anunció denuncias ante el Departamento de Justicia y fiscalías estatales de Estados Unidos, acciones civiles contra empresas operadoras de centros de detención y comunicaciones con organismos internacionales.
La SRE informó en julio que la Embajada de México en Estados Unidos, junto con la Fiscalía General de la República, presentaría una denuncia ante el Departamento de Justicia estadounidense. También comenzó el envío de escritos de cese y desistimiento a centros donde habían fallecido ciudadanos mexicanos.
El objetivo de estas acciones es que las posibles irregularidades sean investigadas dentro de los mecanismos jurídicos estadounidenses, mientras que la intervención de organismos internacionales busca colocar el problema en el ámbito de los derechos humanos.
Sin embargo, existe una limitación jurídica importante. Estados Unidos no es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por tanto, la capacidad de la CIDH para generar efectos jurídicamente vinculantes sobre Washington es distinta de la que tendría frente a un Estado que sí reconoce plenamente la jurisdicción del sistema interamericano.
Aun así, la Comisión puede recibir información, realizar audiencias, emitir pronunciamientos y formular recomendaciones dentro de sus competencias. En febrero de 2026, por ejemplo, la CIDH otorgó medidas cautelares a tres ciudadanos mexicanos detenidos en Venezuela después de considerar que existían riesgos graves para sus derechos a la vida, integridad personal y salud.
El caso se suma al debate sobre la política migratoria estadounidense
La controversia ocurre mientras el Gobierno de Donald Trump mantiene una política migratoria orientada a incrementar las detenciones y las deportaciones de personas que se encuentran en Estados Unidos sin autorización migratoria.
Para México, el problema no se limita al número de deportaciones. La administración de Sheinbaum ha insistido en que, incluso cuando una persona se encuentra sometida a un procedimiento migratorio, el Estado que la mantiene bajo custodia tiene la obligación de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, integridad y atención médica.
La discusión es particularmente delicada porque una parte de los centros de detención de ICE son administrados por empresas privadas mediante contratos con el Gobierno estadounidense. La SRE ha señalado expresamente a estos operadores en las acciones legales emprendidas por México.
Mientras tanto, las investigaciones sobre los fallecimientos continúan. El Gobierno mexicano ha insistido en que no pretende sustituir a las autoridades estadounidenses encargadas de determinar las causas de cada muerte, sino exigir que los casos sean investigados de manera independiente y que las familias tengan acceso a información y justicia.
La controversia coloca nuevamente la protección de los migrantes mexicanos en Estados Unidos en el centro de la relación bilateral. La estrategia de México combina ahora presión diplomática, acciones judiciales dentro de Estados Unidos y mecanismos internacionales de derechos humanos, mientras las autoridades mexicanas mantienen bajo seguimiento los casos registrados en centros de detención como el de Adelanto.
