Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, pasó de encabezar el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza a permanecer en prisión preventiva mientras un juez determina su situación jurídica por acusaciones de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
El presidente municipal fue detenido el 23 de septiembre durante un operativo coordinado en el que participaron fuerzas federales y estatales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que también fue aprehendida otra persona identificada como Carlos Alberto P. L., alias “La Parka”. Ambos tenían órdenes de aprehensión relacionadas con extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca señaló que la investigación contempla la posible relación de los detenidos con una célula denominada “Los Cromos”, a la que las autoridades atribuyen vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La fiscalía también investiga si Sánchez Altamirano habría facilitado, promovido o encubierto actividades ilícitas desde su posición pública. Estos señalamientos forman parte de una investigación y deberán ser acreditados ante la autoridad judicial.
Sánchez Altamirano es abogado egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Antes de asumir la presidencia municipal se desempeñó como secretario particular de Emilio Montero Pérez, quien ocupó anteriormente la alcaldía de Juchitán. Tras la salida de Montero del Ayuntamiento, Sánchez Altamirano asumió la presidencia municipal en 2022 y posteriormente obtuvo la elección para el periodo 2025-2027.
La detención provocó además una crisis política en el municipio. El Congreso de Oaxaca aprobó posteriormente la desaparición de los poderes del Ayuntamiento de Juchitán y se designó un comisionado municipal para atender las funciones de gobierno mientras se resuelve la situación institucional.
En el ámbito judicial, un juez calificó como legal la detención y dictó prisión preventiva para Sánchez Altamirano. La medida también fue aplicada a “La Parka”. El exalcalde permanece en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, mientras continúa el proceso.
La Fiscalía de Oaxaca solicitó la vinculación a proceso de ambos imputados. Sin embargo, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que la audiencia para determinar si serán vinculados a proceso quedó programada para el 29 de septiembre de 2026.
El caso también ha llamado la atención por las revisiones realizadas a la administración municipal. La Auditoría Superior de la Federación ha documentado observaciones relacionadas con el ejercicio de recursos federales del Ayuntamiento de Juchitán durante los ejercicios fiscales correspondientes a los primeros años de la administración de Sánchez Altamirano.
Los documentos de fiscalización muestran que algunas observaciones estuvieron relacionadas con documentación comprobatoria, recursos pendientes de aclaración y procedimientos administrativos. La propia documentación de la ASF registra procesos de solventación y reintegros, por lo que las cantidades observadas por una auditoría no deben presentarse automáticamente como desvíos definitivos ni como responsabilidad penal.
La situación jurídica del exalcalde y las investigaciones sobre el Ayuntamiento son asuntos distintos, aunque ambos forman parte del contexto que rodea actualmente al gobierno municipal de Juchitán. Mientras el proceso penal deberá resolverse ante los tribunales, las observaciones financieras siguen los procedimientos establecidos por los mecanismos de fiscalización.
El caso representa además un episodio de fuerte impacto para la vida política del Istmo de Tehuantepec. La detención de un presidente municipal en funciones, la intervención de corporaciones federales y la posterior modificación de la estructura de gobierno local han colocado a Juchitán bajo una atención pública extraordinaria.
Por ahora, Sánchez Altamirano enfrenta una acusación y una medida cautelar, no una sentencia definitiva. La audiencia prevista para el 29 de septiembre será un punto relevante para conocer si el juez determina su vinculación a proceso y bajo qué términos continuará la investigación.