La política estadounidense de expulsar migrantes a países distintos de su lugar de origen ha enviado a miles a México, donde organizaciones humanitarias documentan dificultades para acceder a documentos, vivienda, empleo y atención médica.
Para algunos migrantes, la deportación desde Estados Unidos no termina con el regreso a su país de origen. Comienza, en realidad, otra etapa de incertidumbre. Desde 2025, la administración de Donald Trump ha ampliado el uso de expulsiones hacia terceros países, una práctica mediante la cual personas que no pueden ser enviadas directamente a su nación de origen son trasladadas a otro Estado con el que, en muchos casos, no tienen vínculos.
Una investigación internacional coordinada por Forbidden Stories y publicada esta semana por distintos medios, entre ellos RFI, documentó al menos 25 mil 447 expulsiones hacia terceros países entre enero de 2025 y el 31 de agosto de 2026. El trabajo identificó acuerdos o arreglos con 35 países y traslados efectivos a 28 de ellos.
Las cifras han sido corroboradas en términos generales por organizaciones que monitorean estas operaciones. Third Country Deportation Watch, iniciativa de Refugees International y Human Rights First, calcula que más de 25 mil personas habían sido enviadas a 29 países al actualizar sus registros en septiembre. La diferencia en el número de destinos refleja que los acuerdos y los traslados continúan modificándose.
México ocupa un lugar central en esta política. El mismo observatorio estima que alrededor de 20 mil nacionales de terceros países fueron trasladados a territorio mexicano entre el 20 de enero de 2025 y el 15 de agosto de 2026. La mayoría no son mexicanos y, en numerosos casos, tampoco tienen vínculos previos con el país.
Human Rights Watch había documentado hasta marzo de 2026 casi 13 mil personas enviadas a México y señaló que los cubanos constituían el grupo nacional más numeroso. En su investigación, la organización encontró que muchas personas habían vivido durante años o incluso décadas en Estados Unidos y que algunas tenían familias, empleos y redes sociales establecidas allí.
El caso de los cubanos resulta particularmente complejo. Durante años, Cuba se negó a aceptar determinados deportados procedentes de Estados Unidos, lo que dejó a personas con órdenes de expulsión pendientes en una situación migratoria prolongada. La política cambió de manera significativa durante el segundo gobierno de Trump y México comenzó a recibir un número creciente de ciudadanos cubanos expulsados desde territorio estadounidense.
La investigación de Forbidden Stories recoge historias como la de Lorenzo Sánchez, un cubano que llegó a Estados Unidos durante el éxodo del Mariel en 1980. Después de décadas en el país, fue detenido en Florida en 2025 por una infracción menor relacionada con el consumo de alcohol en una playa. Durante la revisión de sus antecedentes apareció una antigua orden de deportación.
Sánchez esperaba ser enviado a Cuba. En cambio, durante el traslado las autoridades estadounidenses le comunicaron que sería enviado a México. Terminó en Piedras Negras y posteriormente fue trasladado en autobús hasta Villahermosa, Tabasco, una ciudad donde no tenía familiares ni vínculos previos.
Su historia no es aislada. Human Rights Watch entrevistó a numerosos cubanos deportados y encontró que algunos llegaron a México sin documentos, dinero o pertenencias suficientes. La organización señaló además que varias personas de edad avanzada padecían enfermedades crónicas y tenían dificultades para conseguir medicamentos y atención médica.
La ruta también tiene una particularidad logística. A diferencia de otros traslados realizados mediante vuelos de deportación, muchos de los nacionales de terceros países enviados a México son trasladados por tierra. Third Country Deportation Watch señala que las principales rutas parten de cruces fronterizos como San Ysidro, Nogales, El Paso y Port Isabel.
Una vez en territorio mexicano, algunos son enviados hacia el sur, principalmente a Villahermosa y Tapachula. Human Rights Watch documentó traslados prolongados y casos de personas que llegaron sin documentación suficiente para trabajar o acceder con facilidad a determinados servicios.
Ahí aparece uno de los principales problemas: el limbo jurídico. Estados Unidos puede expulsar a una persona hacia un tercer país, pero la llegada a México no significa automáticamente que esa persona obtenga residencia, permiso de trabajo o una vía permanente para permanecer legalmente.
La organización Refugees International ha advertido que México necesita ofrecer a estas personas acceso efectivo a alojamiento de emergencia, atención médica y una vía clara hacia un estatus migratorio duradero. La falta de información pública sobre el mecanismo mediante el cual Estados Unidos y México gestionan estos traslados también ha generado cuestionamientos.
Human Rights Watch señaló que, hasta mayo de 2026, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el Departamento de Estado estadounidenses habían hecho público un acuerdo específico que explicara las condiciones para la recepción de nacionales de terceros países en México. Third Country Deportation Watch describe el arreglo como no escrito.
El Gobierno mexicano, por su parte, ha recibido a estas personas y ha sostenido que la recepción responde a razones humanitarias. Sin embargo, la falta de información pública detallada sobre sus derechos y sobre el mecanismo de regularización deja un vacío que organizaciones civiles consideran especialmente preocupante.
La discusión también ha llegado a los tribunales estadounidenses. El 18 de septiembre de 2026, una corte federal de apelaciones determinó que la política que permitía deportaciones rápidas a terceros países sin una oportunidad suficiente para que los migrantes plantearan sus temores de persecución o tortura vulneraba las garantías del debido proceso.
La decisión judicial no elimina automáticamente todas las expulsiones, pero establece un límite relevante para el procedimiento. Los jueces señalaron que las personas deben recibir información efectiva sobre el país al que serán enviadas y una oportunidad real para impugnar el traslado cuando exista temor fundado de persecución o tortura.
Ese punto resulta especialmente importante para quienes han pasado años en Estados Unidos. En algunos casos investigados por Forbidden Stories, los afectados aseguraron que conocieron el destino de su expulsión apenas antes de llegar o cuando el traslado ya estaba en marcha.
La situación adquiere una dimensión todavía más delicada cuando existen enfermedades, edad avanzada o separación familiar. La investigación internacional documentó casos de personas que llegaron a México sin medicamentos, sin recursos económicos y sin una red familiar que pudiera ayudarlas a comenzar de nuevo.
En Villahermosa, albergues como Amparito han terminado ocupándose de una parte de esta población. El refugio, creado originalmente para apoyar a familiares de pacientes de un hospital cercano, amplió sus servicios para recibir a migrantes y personas deportadas. Sus recursos, sin embargo, son limitados y las estancias suelen ser breves.
El fenómeno también ha generado presión sobre otras organizaciones de la sociedad civil. En el sur de México, los albergues ya atienden a una población migrante numerosa que atraviesa la región rumbo al norte. La llegada de personas deportadas desde Estados Unidos agrega necesidades diferentes: algunas buscan regularizarse, otras intentan reunirse con sus familias y otras simplemente necesitan un lugar donde permanecer.
La controversia no se limita a México. Amnistía Internacional ha señalado que Estados Unidos ha establecido acuerdos de expulsión con más de 30 países y ha cuestionado las garantías procesales y de protección para quienes son enviados a Estados con los que no tienen vínculos. La organización sostiene que algunos de estos traslados pueden exponer a las personas a detención arbitraria o incluso a nuevos riesgos de persecución.
El Gobierno estadounidense sostiene una interpretación distinta. Funcionarios de la administración han defendido las expulsiones como parte de su estrategia para retirar del país a personas que tienen órdenes de deportación y cuyos países de origen no las reciben. La Casa Blanca también ha argumentado que los terceros países ofrecen una alternativa para ejecutar esas órdenes.
La diferencia entre ambas posiciones se encuentra precisamente en las garantías que deben acompañar una expulsión. Para las organizaciones de derechos humanos, enviar a una persona a un país donde no tiene vínculos y sin permitirle plantear adecuadamente un temor de persecución puede vulnerar sus derechos. Para el gobierno estadounidense, el mecanismo forma parte de una política migratoria destinada a acelerar las expulsiones.
Mientras esa disputa jurídica continúa, México se ha convertido en el principal punto de recepción de estas personas. Las cifras disponibles no son idénticas porque provienen de periodos y metodologías diferentes, pero coinciden en una tendencia: miles de nacionales de terceros países han terminado en territorio mexicano durante el segundo gobierno de Trump.
Y es que detrás de cada cifra existe una historia distinta. Algunos deportados buscan regresar a su país de origen; otros no pueden hacerlo; algunos intentan conseguir residencia en México y otros esperan una oportunidad para reunirse con familiares que permanecieron en Estados Unidos.
Para quienes llegan sin documentos, el problema puede ser tan elemental como conseguir trabajo o comprar medicamentos. Para otros, significa reconstruir una vida desde cero después de haber pasado décadas en otro país. La deportación, en esos casos, no representa simplemente un cambio de frontera: supone el comienzo de una existencia marcada por la incertidumbre.