Una misión integrada por organizaciones de Guatemala y Europa documentó testimonios de comunidades indígenas y campesinas de Alta y Baja Verapaz y pidió al Estado atender denuncias relacionadas con territorio, agua, proyectos energéticos y derechos colectivos.
Una misión internacional integrada por organizaciones sociales y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas denunció este viernes en Ciudad de Guatemala diversas situaciones que, según los testimonios recopilados durante su visita, afectan a comunidades indígenas y campesinas de Alta y Baja Verapaz.
La delegación estuvo conformada por representantes de la Asociación de Servicios Comunales de Salud (Asecsa), el Bufete de Abogados para Pueblos Indígenas y la organización vasca Mugarik Gabe. Durante cinco días recorrió más de 90 comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos Cahabón y Canlich.
Los integrantes de la misión señalaron que durante el recorrido escucharon testimonios de más de 30 autoridades ancestrales, lideresas y defensores comunitarios pertenecientes a poblaciones maya Q’eqchi’ y Achí. Los testimonios se concentraron en conflictos relacionados con el uso del territorio, los recursos naturales y proyectos de infraestructura y energía.
De acuerdo con la misión, entre las principales preocupaciones expresadas por las comunidades se encuentran la gestión y comercialización del agua, modificaciones en los cauces naturales de los ríos, proyectos hidroeléctricos y disputas territoriales. Los representantes también señalaron casos que, según los testimonios recibidos, podrían involucrar procesos de judicialización de autoridades comunitarias.
Otro de los asuntos señalados fue la implementación de proyectos relacionados con bonos de carbono. Los integrantes de la delegación afirmaron que algunas comunidades cuestionan proyectos de este tipo porque consideran que se han promovido sin contar con su consentimiento.
Las organizaciones también plantearon dudas sobre el cumplimiento del derecho a la consulta de los pueblos indígenas antes de la autorización o ejecución de proyectos que puedan afectar directamente sus territorios.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Guatemala ratificó este instrumento internacional en 1996.
La misión sostuvo que los problemas observados no pueden analizarse únicamente desde la perspectiva de proyectos individuales, debido a que los testimonios recogidos apuntan también a conflictos agrarios y territoriales de carácter estructural.
Alicia López, abogada del Bufete de Pueblos Indígenas, explicó que la delegación recopiló información directamente de las comunidades durante su recorrido. Flora Pozzobon, representante de Mugarik Gabe, señaló que los hallazgos serán analizados desde perspectivas jurídicas, sociales y antropológicas.
Las organizaciones participantes anunciaron que trasladaron la información recopilada a instituciones del Gobierno guatemalteco, entre ellas el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Gobernación.
La intención de la misión es solicitar que las autoridades revisen las situaciones denunciadas y establezcan mecanismos para atender las demandas planteadas por las comunidades. Los integrantes de la delegación también prevén utilizar la información recopilada para llevar las problemáticas a espacios internacionales y europeos.
La presencia de organizaciones europeas está relacionada con el origen o financiamiento de algunas empresas y proyectos señalados por las comunidades. La misión afirmó que busca ampliar la discusión fuera de Guatemala y generar mecanismos de seguimiento sobre las responsabilidades de empresas y actores vinculados con esos proyectos.
Los representantes de la delegación no presentaron durante la conferencia una resolución judicial que establezca de manera definitiva la existencia de las violaciones denunciadas. Sus conclusiones corresponden a testimonios, observaciones y documentación recopilada durante la visita, por lo que algunas de las situaciones señaladas permanecen sujetas a investigación y respuesta de las autoridades competentes.
La situación adquiere especial relevancia en una región donde las comunidades indígenas mantienen una relación estrecha con los recursos naturales y donde los proyectos energéticos y de aprovechamiento de recursos han generado distintos conflictos sociales y territoriales.
La misión pidió al Estado guatemalteco garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y establecer mecanismos de diálogo y consulta que permitan abordar los conflictos antes de que deriven en nuevos enfrentamientos sociales o procesos judiciales contra autoridades y defensores comunitarios.