El 14 de septiembre de 1813, en plena guerra de Independencia, José María Morelos abrió en Chilpancingo un Congreso insurgente y presentó un programa político que convirtió la lucha militar en un proyecto de nación basado en la soberanía popular, la representación y la igualdad jurídica.

En 1813, la guerra de Independencia todavía estaba lejos de resolverse. Las fuerzas insurgentes combatían al gobierno virreinal y, al mismo tiempo, intentaban definir qué clase de país surgiría de aquella ruptura. En ese escenario, José María Morelos y Pavón impulsó la creación de un Congreso en Chilpancingo, actual capital de Guerrero. La reunión comenzó el 14 de septiembre y pronto se convertiría en uno de los episodios fundamentales de la historia constitucional mexicana.

La idea no apareció de la nada. El movimiento insurgente ya había experimentado con formas de representación política, primero mediante la Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro. Sin embargo, las diferencias entre sus integrantes y la necesidad de dotar de mayor legitimidad al proyecto independentista llevaron a Morelos a convocar una nueva asamblea. Según el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Morelos había expedido el reglamento del Congreso apenas tres días antes de su inauguración.

El 14 de septiembre, Morelos pronunció el discurso inaugural y su secretario, Juan Nepomuceno Rosáins, dio lectura a los Sentimientos de la Nación. El documento estaba compuesto originalmente por 23 puntos y no era todavía una Constitución. Era, más bien, una declaración de principios destinada a orientar la labor del Congreso y a definir los fundamentos políticos de la nación que los insurgentes pretendían construir.

Uno de sus planteamientos más profundos estaba contenido en una frase que modificaba el origen mismo de la autoridad. El quinto punto establecía que la soberanía «dimana inmediatamente del pueblo» y que este la depositaría en el Supremo Congreso Nacional Americano. Para una sociedad organizada durante siglos alrededor de la autoridad monárquica, la afirmación tenía un enorme alcance. El poder ya no debía justificarse por la voluntad de un rey, sino por la representación de los pueblos.

El documento también planteó la división de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Como ha documentado el INEHRM, este principio formaba parte de los postulados centrales de Morelos y posteriormente tendría una expresión constitucional en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, promulgado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814.

La dimensión social era igualmente significativa. El artículo 15 de los Sentimientos de la Nación propuso que la esclavitud se proscribiera para siempre y que desaparecieran las distinciones de castas. No era una idea aislada dentro de la insurgencia. El propio Morelos había decretado la abolición de la esclavitud el 5 de octubre de 1813, semanas después de la instalación del Congreso. El proceso muestra que la igualdad jurídica comenzó a plantearse como parte de un programa político y no únicamente como una aspiración moral.

Otro aspecto revelador fue la preocupación por las desigualdades económicas. Morelos sostuvo que las leyes debían moderar la opulencia y la indigencia y mejorar las condiciones del pobre. La propuesta conectaba la independencia política con una transformación social: romper con el dominio español no bastaba si la nueva nación conservaba intactas las jerarquías que habían caracterizado al orden colonial.

Conviene, sin embargo, evitar una interpretación demasiado lineal. Los Sentimientos de la Nación no instauraron por sí solos la división de poderes ni crearon inmediatamente el Estado mexicano. El Congreso tuvo que enfrentar la guerra, las dificultades militares y las profundas tensiones políticas de la época. Fue hasta el 6 de noviembre de 1813 cuando declaró formalmente la independencia de la América Septentrional, y un año después produjo la Constitución de Apatzingán.

La importancia histórica del documento está precisamente en ese tránsito. Como ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estudios sobre la evolución constitucional mexicana, los principios de soberanía popular, división de poderes, representación e igualdad planteados en 1813 encontraron continuidad en el constitucionalismo insurgente de 1814.

El Congreso de Anáhuac fue, por tanto, mucho más que una reunión de dirigentes insurgentes en medio de una guerra. Representó el intento de convertir una rebelión armada en un proyecto político con leyes, instituciones y una idea definida de soberanía. Morelos comprendió que ganar batallas no bastaba. Había que explicar para qué se quería la independencia y qué principios debían regir la sociedad que naciera de ella.

Dos siglos después, esa pregunta conserva una fuerza particular. El 14 de septiembre de 1813 no nació todavía el México constitucional que conocemos, pero comenzó a tomar forma una idea decisiva: que la nación podía darse sus propias leyes y que la autoridad debía encontrar su origen en el pueblo. En medio de la incertidumbre de la guerra, Morelos llevó al Congreso una convicción que terminaría sobreviviendo al propio movimiento insurgente: la independencia necesitaba también un proyecto de gobierno.