A 261 años de su nacimiento, el pensamiento político de José María Morelos conserva puntos de contacto con principios incorporados al constitucionalismo mexicano, aunque sus propuestas deben entenderse dentro del contexto político y jurídico de la insurgencia de 1813.
José María Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, en la entonces provincia de Michoacán, hoy Morelia. Dos siglos y medio después, su figura continúa vinculada con uno de los documentos políticos más importantes del proceso de Independencia: Los Sentimientos de la Nación, presentado el 14 de septiembre de 1813 ante el Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo.
El documento no fue una Constitución en sentido formal. Se trató de un programa político compuesto originalmente por 23 puntos, mediante el cual Morelos planteó principios para organizar el gobierno de la nación que los insurgentes pretendían construir. Entre ellos aparecieron la soberanía popular, la división de poderes, la igualdad jurídica y la proscripción de la esclavitud.
Desde la perspectiva del derecho constitucional, uno de sus planteamientos centrales aparece en el punto quinto: la soberanía debía emanar inmediatamente del pueblo y depositarse en un Congreso Nacional Americano. La formulación resulta relevante porque desplaza la fuente de legitimidad política desde la autoridad monárquica hacia una representación nacional.
El punto sexto estableció que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial debían estar divididos. Esta idea se incorporaría posteriormente al proceso constitucional insurgente y forma parte actualmente de la estructura fundamental del Estado mexicano.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 49 que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Aunque no existe una identidad absoluta entre el modelo planteado por Morelos y el sistema constitucional contemporáneo, existe una continuidad histórica en la concepción de la división funcional del poder público.
Otro de los aspectos centrales de Los Sentimientos de la Nación fue la igualdad. En el punto decimoquinto, Morelos planteó que la esclavitud debía proscribirse y que también debía desaparecer la distinción de castas. El planteamiento respondía a una sociedad colonial profundamente jerarquizada, en la que el origen y la pertenencia a determinados grupos tenían consecuencias jurídicas y sociales.
El constitucionalismo mexicano contemporáneo contiene una prohibición expresa de la esclavitud. El artículo 1º de la Constitución establece que está prohibida en los Estados Unidos Mexicanos y reconoce además el principio de igualdad y la prohibición de discriminación por diversas condiciones que puedan afectar la dignidad y los derechos de las personas.
La comparación permite observar una continuidad conceptual, pero también una diferencia histórica importante. Morelos formuló sus propuestas en una sociedad colonial y en medio de una guerra de independencia; la Constitución vigente pertenece a un Estado constitucional desarrollado durante más de dos siglos de transformaciones políticas, jurídicas y sociales.
La dimensión social de su pensamiento también aparece en el punto duodécimo. Allí se planteó que las leyes debían moderar la opulencia y la indigencia y procurar que aumentara el jornal de los pobres. No se trataba solamente de organizar los poderes del Estado: el proyecto insurgente incorporaba una preocupación explícita por las condiciones materiales de la población.
Este planteamiento resulta particularmente interesante desde la perspectiva del constitucionalismo social mexicano. Sin embargo, no debe confundirse el contenido de 1813 con los derechos sociales desarrollados posteriormente. La Constitución de 1917 incorporó de manera mucho más amplia derechos relacionados con el trabajo, la propiedad, la educación y otras dimensiones de la justicia social.
La relevancia jurídica de Los Sentimientos de la Nación se entiende mejor cuando se observa su relación con la Constitución de Apatzingán de 1814. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana recogió diversos principios del movimiento insurgente y estableció una organización política basada en la soberanía popular y la división de poderes.
Morelos, por tanto, no puede ser considerado simplemente como un precursor aislado de normas constitucionales posteriores. Su importancia reside también en haber participado en un proceso político que intentó transformar la insurgencia militar en un proyecto institucional. El Congreso de Anáhuac representó precisamente ese esfuerzo por convertir las aspiraciones independentistas en principios de organización política.
Hay además un elemento metodológico importante para el análisis jurídico: la vigencia de un principio histórico no significa que una norma actual derive directamente de una frase de Morelos. El derecho constitucional mexicano es producto de una evolución compleja que incluye la Constitución de Apatzingán, el constitucionalismo del siglo XIX, las reformas liberales, la Constitución de 1857 y el texto constitucional de 1917, además de sus numerosas reformas posteriores.
Desde esa perspectiva, Los Sentimientos de la Nación conserva interés no solamente como documento histórico, sino como fuente para estudiar la formación del constitucionalismo mexicano. Sus planteamientos permiten identificar preocupaciones que posteriormente adquirirían formulaciones jurídicas distintas: quién es titular de la soberanía, cómo debe distribuirse el poder, qué límites deben existir frente a la autoridad y qué lugar ocupa la igualdad dentro de la organización del Estado.
El aniversario del natalicio de Morelos ofrece así una oportunidad para revisar su pensamiento más allá de la conmemoración. El valor jurídico e histórico del documento de 1813 está precisamente en mostrar que la Independencia no fue únicamente una ruptura con el dominio colonial, sino también un debate sobre las instituciones, la representación política, la igualdad y las condiciones que debían definir a la nueva nación.
Dos siglos después, esos problemas continúan formando parte del lenguaje constitucional mexicano, aunque bajo instituciones, derechos y mecanismos jurídicos construidos en épocas diferentes. La distancia histórica no elimina la relación: permite comprender cómo algunas ideas políticas de la insurgencia fueron transformándose hasta incorporarse, con modificaciones sustanciales, al desarrollo posterior del Estado constitucional mexicano.