La Comisión de Desarrollo Municipal, que preside el diputado Emilio Enrique Salazar Farías (PVEM), consideró que la cobertura de las necesidades de infraestructura municipal y de diversos sectores, no se garantiza con los recursos propuestos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, lo que seguiría propiciando grandes contrastes en las regiones, entidades federativas y municipios.
En su Opinión sobre el proyecto del PEF 2017, la Comisión estimó necesario modificar el proyecto de decreto, a fin de lograr un mayor desarrollo de los municipios desde una perspectiva integral y nacional.
El documento precisa que este órgano legislativo recibió un total de 16 mil 395 solicitudes con un monto de 129 mil 286 millones 295 mil 215 pesos, correspondientes a mil 325 municipios de las 32 entidades, con la finalidad de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere su viabilidad, y apoye dichos planteamientos, a fin de fortalecer a diversos municipios del país.
El escrito, aprobado en reunión de trabajo, destaca que en el proyecto del PEF 2017 se ha eliminado el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, el cual tenía un monto de 9 mil 948 millones de pesos.
Además, existe una afectación a los fondos que no tienen recursos asignados: Proyectos de desarrollo regional (-20,071.4 mdp) y programas regionales (-1,716.3 mdp).
También los fondos Metropolitano, Regional, de Estabilización de los ingresos de las entidades federativas y para Entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos, presentan una disminución respecto al año anterior.
Subraya que si bien es cierto que existe en el proyecto del PEF 2017, un aumento en los ramos administrativos 28 y 33 respecto del año anterior, las Provisiones salariales y económicas o Ramo 23, en el gasto federalizado, asciende a 12 mil 138 mdp lo cual representa una contracción anual de 54 mil 740 mdp, que significa una caída real de 82.4 por ciento, comparado con 2016 que representa una disminución del 58.7 por ciento.
La comisión consideró que si bien la dignidad humana se protege y garantiza a través de los derechos humanos, ésta no puede alcanzarse si no se garantizan también los servicios básicos que brinda la infraestructura municipal como el derecho a un medio ambiente sano, al acceso a la agua, salud y, sobre todo, a una vida digna, a fin de que la población esté en condiciones de combatir la pobreza, la vulnerabilidad, el rezago y la marginación.
