Casi la mitad de los detenidos permanece desaparecida, mientras organizaciones civiles alertan sobre los riesgos para su vida e integridad
Notipress.- La incertidumbre sobre el paradero de decenas de personas detenidas agrava las denuncias de violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Organizaciones civiles reportaron 72 personas encarceladas por motivos políticos, entre ellas 33 en condición de desaparición forzada, según el registro actualizado al 23 de octubre de 2026.
Desde el exilio, la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ) informó que la cifra aumentó en 12 personas respecto de julio. El registro también representa cuatro casos adicionales frente al informe del 24 de septiembre, lo que refleja un incremento reciente de las detenciones documentadas.
Entre las personas privadas de libertad figuran 56 hombres y 16 mujeres, incluidos 16 adultos mayores, de acuerdo con la organización. Ocho de esas personas mayores permanecen desaparecidas, una situación que genera preocupación por su estado de salud y condiciones de reclusión.
Según las denuncias, las detenciones por motivos políticos ocurren bajo el gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde abril de 2018, organizaciones de derechos humanos han documentado 1.506 detenciones por motivos políticos, en medio de una prolongada crisis política y social.
Desapariciones forzadas y familias sin respuestas
La desaparición forzada comprende situaciones en las que las autoridades ocultan una detención o niegan información sobre el paradero de una persona. Esta situación impide a familiares y representantes legales conocer las condiciones de reclusión y comprobar si los detenidos reciben atención médica.
Según las denuncias recopiladas por la AMJ, algunas familias permanecen durante períodos prolongados sin información oficial sobre sus seres queridos. Organizaciones civiles también reportaron casos de incomunicación, presuntas torturas y represalias contra familiares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre los casos documentados aparecen seis familiares del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera, fallecido bajo custodia estatal el 30 de mayo de 2026. Estas personas fueron detenidas al día siguiente en Managua, capital nicaragüense, cuando intentaban reclamar el cuerpo del dirigente para darle sepultura.
La situación de los familiares evidencia otra dimensión de las denuncias, relacionada con las dificultades para obtener respuestas sobre personas bajo custodia estatal.
Obstáculos judiciales agravan las denuncias
Otro motivo de preocupación para las organizaciones de derechos humanos son las dificultades que enfrentan las personas detenidas para acceder a mecanismos judiciales de protección. Un estudio publicado por la AMJ en septiembre examinó 315 recursos de exhibición personal, equivalentes al hábeas corpus en la legislación nicaragüense.
De esos procedimientos, 284 no ofrecieron protección efectiva, una proporción del 90,1% de los casos examinados por la organización. Únicamente cinco recursos obtuvieron resultados favorables, mientras que en otros 26 expedientes no fue posible determinar su desenlace.
La investigación también identificó 763 actuaciones atribuidas a instituciones públicas que habrían limitado el acceso a la justicia entre 2018 y 2024. Además, documentó al menos 280 personas presentadas ante un juez después del plazo constitucional de 48 horas establecido para las detenciones.
Frente a este panorama, las organizaciones civiles reclaman garantías judiciales efectivas, información sobre el paradero de los detenidos y acceso a defensa legal. Sus denuncias también ponen el foco en la protección de las personas bajo custodia y en las respuestas que esperan sus familiares.
