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No basta la expulsión de estudiantes

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Ellos ya tergiversaron el derecho de privacidad.

Se debe crear un padrón de agresores sexuales como un castigo ejemplar y contundente

El tema es muy complejo. En lo personal el hecho de aprovecharse de la vulnerabilidad y exponer públicamente lo que es parte del ámbito privado, donde la confianza debe ser el principio que regule los actos y acuerdos, demuestra una bajeza humana que como sociedad no debemos tolerar. Por lo cual es a todas luces exigible que se haga justicia contra quienes trastocan los valores de la privacidad, el decoro, la decencia, el respeto a los demás sin ningún distingo sea mujer u hombre.

Esto refuerza el problema de las actitudes machistas que permean en la sociedad y que por su formación de casa y reforzamiento social consideran que las mujeres no son dignas de respeto y la cosifican. Quienes han organizado y participación de forma directa o indirecta tienen, a todas luces, problemas psicológicos muy graves y sin duda son un peligro para la sociedad.

Por lo cual la exigencia de justicia para las víctimas es contundente ante la situación expuesta en las principales universidades de Yucatán, donde estudiantes mujeres han denunciado públicamente a un grupo de mensajería instantánea que ha publicado fotografías y vídeos íntimos. Concretado el delito la sociedad y mucho más las instituciones educativas y autoridades deben realizar los esfuerzos para investigar para castigar a los responsables.

¿Quiénes resultan afectados por esta situación?

Aunque muchos enderezan el cuestionamiento de la responsabilidad a las instituciones de educación superior, no debemos soslayar que los comportamientos machistas y la carencia de valores dependen más de la educación en casa, de la formación que se recibe en la dinámica familiar.

Quienes llegan a una institución de educación superior se podría esperar que sean individuos más comprometidos consigo mismo y con los demás en virtud de que serán los profesionistas que darán un servicio a la sociedad. Y aunque hayan pasado por los niveles antecesores educativos que deberían ayudar a comprender la realidad social e individual, los derechos y obligaciones jurídicas y sociales y el fortalecimiento de una conciencia social sana dependerá en mucho de lo que sucede en casa, en el seno familiar.

Por otro lado, el discurso de empoderamiento y liderazgo de las universidades que utilizan en sus estrategias de marketing hoy son cuestionadas por la conducta de estudiantes. ¿En dónde quedaron los procesos formativos de valores y compromiso social que supuestamente venden las instituciones de educación privada y la UADY, como institución pública? Cualquiera con sentido común reconocería gran una incongruencia.

Para el volumen de estudiantes hombres matriculados según Anuario del ANUIES en las tres universidades señaladas, 13 mil 725 en total, el grupo conformado por alrededor de un mil 300 representa un 9.4 por ciento de hombres que han participado en este caso. Por lo cual no es asunto menor, uno de cada diez. Esa es una dimensión que llama la atención.

No basta solo con expulsar a los estudiantes. Se debe implementar procesos penales y debería crearse un padrón de agresores sexuales, así como ya existe para los morosos de pensiones alimenticias, para que se tenga efectos punitivos que disuadan la conducta que es criminal, sociópata y dañina para la sociedad. ¿Cómo podemos confiar en cada uno de los un mil,300 estudiantes cuando egresado asuman un ejercicio profesional? ¿Qué ética profesional van a ejercer cuando ya tiene podrida la mente?

AL ALCE. No es la intención revictimizar a ninguna de las chicas estudiantes que resultan afectadas por esta situación. Pero hay que enfatizar sobre la importancia de la prevención con el llamado a la conciencia de saber utilizar la tecnología de forma más sensata y decidir que se comparte o no a otras personas por más confianza que se tenga. Los ejemplos, como este caso lo fortalecen, no son nuevos, ni poco lo que paso en las universidades será el último que conoceremos.

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