San Salvador, 30 ago (EFE).- Un grupo de organizaciones humanitarias de El Salvador, uno de los países más violentos del mundo, exigió este lunes la aprobación de una serie de legislaciones para atender las desapariciones registradas durante la guerra civil (1980-1992) y en la actualidad.
Las organizaciones pidieron hoy, cuando se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se cree un registro único de personas desaparecidas y una ley de búsqueda con estándares internacionales, además de una legislación de “ausencia por desaparición”.
Esta permitirá, señalaron en un comunicado, “reconocer y dar continuidad a la identidad jurídica de la persona desaparecida” para ofrecer “mayor certeza jurídica a sus familiares”.
Las organizaciones también llamaron a crear un mapa de todos los posibles cementerios y fosas clandestinas existentes en el país centroamericano para diseñar las estrategias de localización e identificación de las víctimas.
La cifra de denuncias de desapariciones entre enero y abril de 2021 se dispararon aproximadamente un 112 %, respecto al mismo lapso de 2020, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la República (FGR) brindadas a Efe.
Los datos de la Fiscalía, obtenidos mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, indican que en los primeros cuatro meses del 2021 se registraron 415 “víctimas por el delito de desaparición de personas”, mientras que en el mismo lapso del 2020 la cifra fue de 196.
La diferencia es de 219 casos más en 2021, aproximadamente un 112 % arriba del registro de 2020.
Un estudio de 2016 del Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social (Incide), que también cita datos de la Fiscalía General, indica que entre 2005 y 2009 se registró en El Salvador un promedio anual de 1.391 víctimas de privación de libertad, delito “que hace referencia a la desaparición de personas”.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con tasas de asesinatos de 103, 81,7 y 60 por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017, respectivamente, muertes atribuidas principalmente a las pandillas MS13 y Barrio 18.
Estas bandas son un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos.
La guerra civil salvadoreña que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dejó un saldo de 75.000 muertos y unos 8.000 desaparecidos. EFE
