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Paola González exige investigación y sanciones por presunto acto de corrupción en Conalep

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Palacio Legislativo, 09-07-2021 (Notilegis).- La diputada Paola González (Morena) exhortó a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la Secretaría de Bienestar y al Conalep, para que de manera inmediata realice las investigaciones y sanciones pertinentes a raíz de un presunto caso de corrupción y fraude por parte de dos profesores de dicha institución del municipio de Cadereyta, Nuevo León, quienes fueron denunciados por sus alumnos de robar las becas “Benito Juárez”. 

Por medio de un comunicado, la diputada dijo que de acuerdo con una investigación por parte del medio local “Periódico La Encuesta”, el 24 de junio del presente año, José Juan de L. y Jorge Alberto C. S., profesores del Conalep en Cadereyta, fueron denunciados ante el CODE por el delito de corrupción de menores, del cual se presume traficaban con información de la institución y por medio de los menores cobrar las becas “Benito Juárez”. 

Algunos padres de las posibles víctimas presentaron material gráfico como prueba, el cual fue grabado por el grupo de menores, en los cuales se muestran algunos de estos incidentes. Los padres señalan que los profesores de Conalep utilizaban a sus hijos para cobrar las becas, trasladándolos a tiendas Elektra, a las cuales eran llevados con chantajes para que pudieran cobrar el dinero en el Banco Azteca, ya que este realizaba el pago correspondiente al código QR que no les pertenecía. 

“En la Cuarta Transformación no podemos pasar por alto los actos de corrupción, mucho menos dentro de las instituciones del Gobierno Federal. De igual forma, se extiende este exhorto a la Secretaría de Bienestar, y a Enrique Ku Herrera, director general del Sistema Conalep, para que en el uso de sus obligaciones realice las investigaciones pertinentes de las personas involucradas que pertenecen a esta dependencia, y realice de inmediato las sanciones pertinentes a que haya lugar”, señaló. 

De acuerdo con la investigación, con este procedimiento se estima pudieron cobrar millones de pesos, por lo que cientos de estudiantes no se vieron beneficiados con el apoyo del Gobierno Federal, además de haberles puesto en riesgo invitándolos con chantajes a lugares no aptos para menores de edad.

 

 

 

 

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