"En Yucatán el Sistema Penal Acusatorio y Oral es una realidad que
nos coloca a la vanguardia en la materia. Nuestro compromiso es
mantenernos como el estado más seguro, comprometido con la justicia
penal y que trabaja por la equidad social", aseveró.
Ante representantes del Poder Legislativo y Judicial, de cámaras
empresariales, colegios de profesionistas, instituciones académicas y de
la sociedad civil, la mandataria convocó a que este esfuerzo que se ha
hecho en la entidad se perciba y propague por todo el país, "esa sería
un meta digna del siglo XXI".
Para que el espíritu que reine sea el de una nueva cultura jurídica,
la cual se sienta más fuerte que nunca en el Mayab, que ahora sí, sin
regateos y sin cortapisas, es al mismo tiempo la entidad más segura y
más justa, donde mejor se aplica la ley para la justicia jurídica y
social, apuntó.
El Sistema Penal Acusatorio y Oral entró en vigor hoy en Yucatán con
una anticipación de cinco años, toda vez que el Gobierno federal
estableció un plazo de ocho años para la implementación de esta reforma
constitucional y el Estado logró instaurarlo en tan solo tres.
De manera inicial, se estará aplicando en 35 municipios del segundo y
tercer Departamento Judicial del Estado y paulatinamente se irán
incluyendo los demás hasta septiembre de 2013, fecha en la que ya estará
implementado en todas la regiones y zonas de la entidad. Asimismo, se
informó que dicho sistema comenzará en materia penal, pero gradualmente
irá abarcando las ramas mercantil y familiar.
Como parte de las actividades por el inicio de implementación de
este moderno esquema, la Gobernadora inauguró los Centros de Justicia
del Sistema Penal Acusatorio y Oral en esta localidad y el municipio
Umán, en la zona conurbada a Mérida.
Al hacer uso de la palabra, el presidente del TSJE, Marcos Celis
Quintal, indicó que con la entrada en vigor de este nuevo sistema el
ejercicio de la labor judicial se renueva con un mecanismo que llegó
para quedarse y que es resultado del esfuerzo de los tres niveles de
Gobierno y Poderes del Estado.
Que nadie se equivoque este nuevo sistema tiene un irrestricto
respeto por los derechos humanos y no está diseñado para generar
impunidad, es un mecanismo que ha probado su eficacia y que ubica a
Yucatán como una referente nacional, refirió
En su discurso, el también magistrado del Poder Judicial resaltó la
voluntad política del Ejecutivo estatal, el Congreso del Estado, las
autoridades federales y la ciudadanía para hacer de la justicia un
servicio esencial para la paz social y la armonía.
Llegar a este inicio ha sido un objetivo que hemos perseguido sin
cortapisa y que cumplimos el día de hoy sin retraso, con el aliento que
nos da el deber de brindar a la sociedad yucateca una impartición de
justicia más directa, más humana y más transparente, finalizó.
A la sesión solemne del TSJE, celebrada en el atrio del Convento del
Barrio de Sisal de esta ciudad, se dieron cita el secretario técnico
del Consejo de Coordinación parta la Reforma Penal, Felipe Borrego
Estrada, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana
Roo, Fidel Villanueva Guerrero, el presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso local, Mauricio Sahuí Rivero, el
alcalde anfitrión, Gonzalo Escalante Alcocer, el comandante de la XXXII
Zona Militar, Miguel Ángel Andrade Cisneros, así como magistrados y
jueces.
Durante su mensaje, Ortega Pacheco destacó que en Yucatán se abre
hoy una nueva etapa que hará historia, ya que la justicia va a ser
verdaderamente para todos y los que menos tienen serán los que más se
beneficien.
Esta es una fecha que ahora debemos honrar de aquí en adelante para
de verdad cumplirle a Yucatán y a quienes llevan cientos de años en
espera de justicia plena, porque sabemos que hay sectores de la sociedad
que ni en la independencia, ni en la revolución han recibido justicia y
con ellos tenemos una deuda pendiente que hoy estamos saldando,
enfatizó.
Tras reiterar la importancia del nuevo sistema de justicia, la
titular del Poder Ejecutivo mencionó los procesos que se han seguido en
el estado para consolidar esta reforma constitucional, entre las que
citó la transformación de la seguridad operativa a una estructural, la
actualización del sistema legal del estado y el impulso a la
independencia y solidez financiera del Poder Judicial, así como la
aplicación de los medios alternativos de justicia y oralidad en los
procesos.
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