Indispensable, salvaguardar su interés superior: diputada Rojo Pimentel
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) pidió a diversos organismos federales establecer mecanismos para asegurar las condiciones de vida y fomentar la educación de las niñas y niños que viven con sus madres en los centros de readaptación social.
Estos mecanismos deberán ir encaminados a tener centros infantiles adecuados para el desarrollo físico, mental y social de los menores, con el objetivo de salvaguardar el interés superior de las niñas y niños.
Así lo establece la legisladora en un punto de acuerdo que hace este exhorto a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Educación Pública, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Durante los últimos años el número de mujeres en prisión se ha incrementado sin que haya un cambio sustancial en las políticas públicas que ofrezcan mejores medios para garantizarles condiciones dignas, y derivado de ello, se observa un aumento de menores viviendo con sus madres en los diferentes reclusorios del país, dejado a un lado la protección de sus derechos.
Consideró que la obligación de brindar atención en diversos ámbitos de desarrollo no sólo corresponde a la madre, sino también al Estado y a la sociedad civil.
Por ello, señaló, es indispensable que este aislamiento no provoque una afectación a los derechos de las niñas y los niños, porque están en un estado de indefensión y sin garantía para su educación y desarrollo dentro de los centros de reclusión.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario estatales, en el año 2016 había 542 menores de seis años viviendo con su madre en cárceles del país, 275 niños y 267 niñas.
El Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas señala la falta de apoyo para que los menores de edad accedan a servicios de guardería y educación básica, mientras permanecen con sus madres.
También afirma que hay cincuenta y tres establecimientos que permiten la estancia de menores de edad con sus madres y no ofrecen el derecho de acceso a los servicios educativos.
La legisladora mencionó que, como parte de los compromisos adquiridos al ratificar la Convención de los Derechos de las Niñas y Niños, el Estado mexicano adquirió la obligación de adoptar oportunamente los lineamientos y observaciones sobre sus derechos.
Expuso que el Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) Amalia Solórzano de Cárdenas, ubicado en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, atiende a 61 menores de seis años, 27 niñas y 34 niños, de los niveles lactante, maternal y preescolar, que viven con sus madres al interior del centro y pueden ser atendidos desde los cuarenta días de nacidos hasta los cinco años con once meses.
Comentó que es responsabilidad del Estado la rectoría e impartición de la educación, además de cumplir con los principios de obligatoriedad, universalidad, inclusión, gratuidad y laicidad, en este caso, entendiéndose como formación básica a la educación inicial y preescolar para los menores que se encuentran internos con sus madres.
El punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, menciona que es imperativa la existencia de un modelo de enseñanza accesible e inclusiva que satisfaga las necesidades de niñas y niños que se encuentran en desventaja con los demás menores.
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