En una iniciativa el diputado Miguel Ángel Torres Rosales (PRD) propone que dichos precios no puedan ser modificados
Impulsa reformas a la Ley General de Salud
El diputado Miguel Ángel Torres Rosales (PRD) propuso reformar la Ley General de Salud con el objetivo de incluir como derecho del usuario el tener acceso al costo del tratamiento y la atención médica durante el diagnóstico, así como establecer la obligación del prestador de servicios de salud de mantener precios públicos y que estos no puedan ser modificados.
La iniciativa que adiciona dos párrafos al artículo 51 Bis 1 del citado ordenamiento, señala que los prestadores de servicios de salud están obligados a entregar información y orientación al paciente y al familiar que lo acompañe o su representante legal, respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen.
En el caso de que exista pago por prestación de servicios de salud, estos deberán ser especificados en la información que se entregue y de ninguna forma podrán ser modificados en cuanto a montos una vez aceptados, precisa.
Los costos de servicios prestados, así como de materiales y medicamentos, deberán estar expuestos al usuario y coincidir con la información que le fue entregada de manera personal. Los costos no podrán ser mayores a los publicados y puestos a la vista del usuario, agrega.
El documento, remitido a la Comisión de Salud, refiere que las quejas relacionadas con la contraprestación a pagar por los servicios médicos recibidos han ido aumentando, a partir de identificar una serie de elementos irregulares, pero legales, que los hospitales utilizan para elevar el costo de sus servicios y no tener claridad con el paciente del costo real de su tratamiento o de los servicios ofrecidos.
Profeco señala a hospitales privados por encarecer costos; del 1 de enero de 2019 al 25 de septiembre de 2021 se atendieron 418 denuncias en contra de hospitales y clínicas.
Reportó el encarecimiento de costos de servicios de hospitales privados entre 15 y 20 por ciento, frente a una inflación en 2020 de 2.83 por ciento y de 7.36 por ciento para 2021, así como el cobro de servicios no autorizados por el paciente o cuyo costo no fue oportunamente informado, subraya.
La iniciativa también menciona que las aseguradoras reportan, entre otras de las dificultades para el pago de las mismas, el encarecimiento y que los hospitales privados incurren en cobros diferenciados a los consumidores cuando están asegurados.
Los principales motivos para las inconformidades de estos cobros, añade, es el no exhibir costos o no respetar los mismos, cobros indebidos, excesivos o injustificados, negarse a proporcionar servicios y realizar reembolsos.
Menciona que de acuerdo con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), las quejas se dividen: 32.1 por ciento, por tratamiento médico; 23.9 por ciento, por los diagnósticos arrojados; 20.4 por ciento, tratamientos quirúrgicos; 11.3 por ciento, por la relación médico/paciente y 12.3 por ciento entre otras.
Por ello, indica, es necesario reformar la ley para evitar toda clase de abusos en cobros excesivos, mala atención y deficiencia en la información proporcionada, poner mano dura y más atención en esta clase de situaciones.
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