La senadora Alejandra León, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó un punto de acuerdo que propone solicitar a la Auditoría Superior de la Federación realizar una auditoría, con carácter extraordinario, sobre los recursos destinados al pago de trabajadores de la educación, pensionados y jubilados, y profesores interinos del estado de Baja California.
También solicita se deslinden posibles responsabilidades del gobernador del estado y funcionarios de diversas dependencias de aquella entidad.
Expuso al Pleno que 7 mil 500 jubilados y pensionados, y 200 trabajadores interinos no han recibido su salario, lo que originó un paro de labores del personal docente en activo en apoyo de los pensionados y jubilados, lo que ha afectado a un millón 300 mil niñas y niños que han perdido días de clase.
Añadió que el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, manifestó que el pago no se hizo porque el Gobierno estatal no concretó las ministración, alrededor de 305 millones de pesos.
“El daño a los pensionados y jubilados es grave. Son, sin excepción, personas adultas mayores”, comentó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.
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