La diputada Benavides Lozano (PT) presentó reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
La medida busca atender a los infantes que a causa de la violencia familiar deben incorporarse al mercado laboral
La diputada Febe Priscila Benavides Lozano (PT) impulsa una iniciativa que plantea que los menores de edad tendrán la oportunidad de incursionar en el ámbito laboral, siempre y cuando se garantice el principio del interés superior del menor y no violentando sus derechos humanos estipulados en la Constitución Política y los Tratados Internacionales que sean aplicables.
La iniciativa, que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, precisa que las niñas, niños y adolescentes tendrán el derecho al trabajo acorde a lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política, y el Estado promoverá el derecho al trabajo digno y socialmente útil.
Agrega que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán contar con un programa especial que garantice el derecho a la educación después de haber cumplido la mayoría de edad.
La propuesta adiciona un párrafo segundo a la fracción VII del articulo 57; un Capítulo Vigésimo Primero denominado “Del Derecho al Trabajo”, que comprende los artículos 101 Bis 3 y 101 Bis 4, de la citada ley, misma que fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su dictaminación.
Refiere que la reforma jurídica es pertinente, toda vez que protegerá a la niñez que a causa del clima de violencia dentro de sus familias tiene la necesidad de buscar un empleo para que puedan salir adelante ante la falta de un padre, madre o ambos que ejercieron violencia contra ellos y que por obvias razones no pueden volver a residir en el mismo lugar que habitaban con sus familiares.
Argumentó que otra secuela de la violencia familiar es que las niñas, niños y adolescentes descuidan o incluso abandonen sus estudios para salvaguardarse de su agresor, lo que genera un retroceso académico; por ello, agregó que es fundamental que las y los hijos víctimas de violencia que se encuentren en refugios cuenten con un programa especial respecto a su educación.
Indica que de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre 2016 y febrero de 2021 se registraron 3 millones 467 mil 003 llamadas para denunciar violencia familiar.
Ante ello, destacó que su propuesta está orientada a minimizar las afectaciones originadas por la violencia familiar, las cuales no sólo son físicas, sino psicoemocionales y académicas.
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