Se le impondría pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a quince mil días de salario mínimo
Entre 2011 y 2021, al menos 70 mil personas migrantes fueron víctimas de tráfico y secuestro en el país
La diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) presentó una iniciativa que plantea sancionar a quien modifique o altere cualquier tipo de vehículo para albergar o transportar por el territorio nacional a una o más personas sin la documentación correspondiente, con propósito de tráfico y obtener directa o indirectamente un lucro.
El documento, enviado a la Comisión de Asuntos Migratorios para su análisis y dictaminación, adiciona una fracción IV al artículo 159 de la Ley de Migración y con ello establecer que se impondrá una pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a quince mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, a quien cometa dicho acto.
Subraya la necesidad de hacer algo frente a la impunidad con la que actúan quienes trafican y transportan a los migrantes en el país, que incluso pasan desapercibidos por las autoridades de todos los niveles de gobierno, lo que ha propiciado que se modifiquen vehículos para transportarlos en condiciones inhumanas, de hacinamiento, inseguridad e insalubridad.
Precisa que es inexistente el número de personas migrantes que perdieron la vida por dichas condiciones durante el traslado en diversos vehículos modificados, lo que da paso a que los delincuentes actúen con total impunidad.
El documento, presentado en la Comisión Permanente, señala que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 2011 y 2021 al menos 70 mil migrantes fueron víctimas de tráfico y secuestro en nuestro país.
Destaca que esta situación debe ser visibilizada y evitar que existan condiciones inhumanas y violatorias en materia de derechos humanos para quienes cruzan nuestro territorio en búsqueda de una mejor calidad de vida.
Argumenta que México debe ser un lugar seguro no solo para las y los mexicanos, sino para cualquier persona que pise el territorio nacional, sin importar su género y edad e independientemente de que lo haga por una estancia larga o corta o bien en condición legal o migrante.
“Se debe asumir a cabalidad la responsabilidad de que el territorio mexicano sea una nación de justicia, de respeto y garantía de todos los derechos humanos”, agrega en su propuesta la legisladora.
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