La solicitud fue presentada por el Frente Civico Familiar y otras personas el pasado día 27 de julio, firmaron originalmente 19 personas, pero solo una de ellas acudió a ratificarse. El diputado Carlos Pavón Flores señaló que se trataba de un “show” armado por la oposición, y que los argumentos de los solicitantes solo fueron ideas.
Del análisis de la petición hecha por organizaciones cívicas se determinó la no procedencia del juicio político debido a que no cumplen las causales que establece el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.
El artículo en mención manifiesta que para que proceda un juicio se tiene que faltar a los siguientes preceptos: el ataque a las instituciones democráticas; el ataque a la forma de gobierno republicano representativo y popular del Estado así como a la organización política y administrativa del Municipios; a las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales.
También es causal de juicio político el ataque a la libertad de sufragio; a la usurpación de atribuciones; cualquier infracción a la Constitución del Estado o a las leyes estatales, cuando cause perjuicios graves al Estado o a uno o varios municipios del mismo, a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior y las violaciones graves y sistemáticas a los planes, programas y presupuestos de la administración pública estatal y municipal y a las leyes que determinen el manejo de los recursos económicos del Estado
Asimismo, se analizó en forma minuciosa si la indiciada está comprendida entre los servidores públicos a que se refiere el Artículo 2º de esta Ley y si la denuncia es procedente y por lo tanto amerita incoar el procedimiento.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Víctor Caballero Durán (PRI) señaló que se declaraba como asunto concluido, de acuerdo con lo que marca la ley, en función de las atribuciones que tiene ese órgano dictaminador.
“Los elementos que se discutieron fueron en función de lo que establece el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es un dictamen sustentado y muy amplio” expuso.
El diputado Tito Sánchez Camargo (PAN) fijó el posicionamiento de su bancada y consideró que está demostrado que hubo falta graves y sistemáticas de parte de las autoridades municipales en el inicio de los trabajos del distribuidor vial subterráneo.
Antes de la discusión del dictamen, durante el debate, el diputado Carlos Pavón Flores (PRI) advirtió que el diputado Renán Barrera Concha (PAN) violaba la fracción 13 del artículo 39 de la LRSPEY, por haber participado en los hechos suscitados en la Glorieta de La Paz, porque tenía una postura parcial de la solicitud del juicio político.
En respuesta, Renan Barrera criticó que la mayoría priísta en la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó un “aberrante” dictamen para desechar la demanda de juicio político por las agresiones que sufrieron numerosos ciudadanos el 4 de julio en la glorieta del Paseo de Montejo.
Por su parte, la diputada Martha Góngora Sánchez (PRI) pidió que se declare improcedente la solicitud ya que el documento respectivo no contenía argumentos sustentables, como el caso de pedir a nombre de todos los meridanos la no creación de la obra en la glorieta de la Paz.
Asimismo, el diputado Omar Corzo Olán (PVEM) se refirió a uno de los señalamientos de la parte demandante que argumenta la no intervención de la fuerza pública para salvaguardar el orden. Al respecto, el legislador observó que la Policía Municipal no tiene jurisdicción en la zona en la que se registró el conflicto el pasado 4 de julio, hecho que motivó la demanda de juicio político.
Por su parte, los diputados de la fracción del PAN aseveraron que existen los suficientes argumentos legales para llevar a efecto el juicio político. El diputado Renán Barrera Concha sostuvo que el cuadro comparativo sobre los hechos y las faltas que marca la ley entregado por la Secretaria General era incompleto.
El legislador blanquiazul presentó su propio cuadro comparativo para ser considerado en la discusión.
Se decretó un receso para la elaboración del dictamen. Al reanudarse la sesión, se dio lectura al dictamen, se discutió y se procedió a la votación que contó con la aprobación de los diputados del PRI y PVEM.
En la discusión del dictamen intervinieron los legisladores Tito Sánchez Camargo, Renán Barrera Concha, en contra, en tanto que Adolfo Calderón Sabido a favor.
Asistieron a la sesión los diputados Víctor Caballero Durán, presidente; Martha Góngora Sánchez, vicepresidenta; Tito Sánchez Camargo y Carlos Pavón Flores, secretarios; Adolfo Calderón Sabido, Omar Corzo Olán y Renán Barrera Concha, vocales.
También estuvieron presentes, los legisladores. Leticia Mendoza Alcocer (PRI), Martín Peniche Monforte (PRI), José Collado Soberanis (PAN), Alberto Escamilla Cerón (PRI) y René Tun Castillo (PRI)
