Por Valentine Hilaire y Divya Rajagopal
3 nov (Reuters) – Los abruptos movimientos de Panamá esta semana para anular el contrato de una de las minas de cobre más grandes y nuevas del mundo a través de un referéndum y una reciente ley alarmaron a inversores globales y acabaron con cerca del 40% del valor de mercado de First Quantum Minerals.
El jueves, legisladores pusieron fin a los esfuerzos para desechar el contrato, mientras que un proyecto de ley para decidir el futuro del acuerdo firmado por First Quantum y el gobierno de Panamá a través de un referéndum en diciembre promovido por el presidente está estancado en el Congreso.
Esto deja por ahora el destino del contrato en manos del máximo tribunal del país.
Las medidas de Panamá plantean dudas sobre el suministro de cobre, ya que Cobre Panamá representa alrededor del 1% de la producción mundial. La mina, valorada en 10,000 millones de dólares, produce un metal fundamental para la fabricación de vehículos eléctricos.
First Quantum, con sede en Canadá, dijo el viernes que sigue “confiando” en su posición legal en Panamá.
He aquí algunas preguntas en torno a las decisiones de Panamá:
¿EN QUÉ CONSISTE LA DISPUTA?
La controversia se remonta a 2017, cuando el máximo tribunal de Panamá consideró inconstitucional la ley bajo la cual First Quantum operaba la mina.
A First Quantum le fue heredado el contrato tras sustituir a Petaquilla Gold como operador de la mina en 2013.
Las impugnaciones contra la decisión del tribunal fueron rechazadas y la sentencia fue confirmada en 2021, lo que obligó a la empresa a iniciar negociaciones para un nuevo acuerdo con el Gobierno.
El nuevo contrato, acordado el 20 de octubre del 2023, fue convertido en ley por el gobierno panameño y otorga a First Quantum un derecho minero de 20 años con opción a prórroga por otros 20 años, a cambio de 375 millones de dólares en ingresos anuales para Panamá.
Aunque el Gobierno ha afirmado que el nuevo contrato ofrece mejores condiciones que el anterior, los manifestantes panameños no están de acuerdo.
¿CUÁLES SON LAS DEMANDAS DE LOS MANIFESTANTES?
Los inconformes afirman que el contrato es excesivamente generoso con la minera canadiense y alegan corrupción. También argumentan que la mina plantea riesgos medioambientales y exigen la anulación del contrato y la prohibición de todos los nuevos proyectos mineros.
¿QUÉ OCURRE DESPUÉS?
El gobierno panameño permitió a la minera operar mientras se negociaba el contrato impugnado. No ha comentado qué ocurriría si se revocara el contrato.
Legisladores aprobaron el viernes un proyecto de ley que prohíbe nuevas concesiones mineras, pero no afecta a Cobre Panamá, que ya tiene una concesión. No obstante, la vida útil de la mina podría verse afectada por la veda, ya que el proyecto de ley prohíbe renovar y ampliar las concesiones.
Las operaciones de los mineros también podrían verse perjudicadas si el máximo tribunal considera inconstitucional el contrato, ya que podría proceder al cierre de sus operaciones u ordenar la negociación de un nuevo contrato.
El gobierno panameño no ha dicho públicamente si pensaba nacionalizar la mina.
¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS LOCALES?
Expertos locales han afirmado que dejar que el máximo tribunal del país se pronuncie sobre la validez del contrato sería la mejor forma de resolver las disputas en curso, ya que poner fin al contrato unilateralmente por ley podría abrir la puerta a un arbitraje internacional, pues se consideraría un incumplimiento del acuerdo por parte del gobierno panameño.
El máximo tribunal panameño verá en los próximos días varias impugnaciones en contra el contrato.