Diputadas y diputados se pronuncian a favor y en contra
Participan en la primera sesión ordinaria de la LXV Legislatura
Diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios se pronunciaron a favor y en contra del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Comentarios a favor
La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) dijo que “quien tenga deudas pendientes con la justicia y con la sociedad deberá pagarlas. No se aceptará a quienes hayan infringido la ley y se colocarán ante la justicia; terminaron los tiempos de protección partidista y se pone fin a la era de la evasión procesal”.
De Morena, el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros comentó que se tiene un gran reto en esta nueva Legislatura, que es cambiar radicalmente el entramado jurídico para generar más igualdad, libertad y bienestar.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, también de Morena, aseguró que al viejo régimen le genera molestia que hoy se discuta este tema y que sea el propio Ejecutivo el principal impulsor de dichas reformas. “Señalan que la ley puede usarse como instrumento de persecución política porque ustedes así lo hacían, pero no es para perseguir, es para dar certeza jurídica”.
El diputado Omar Enrique Castañeda González (Morena) refirió la importancia de actualizar el modelo de juicio político conforme al mandato constitucional y llevar a cabo la armonización que integre los derechos humanos y las actividades punitivas del Estado, con el objeto de no violentar los derechos de los acusados.
La diputada María Del Rocío Corona Nakamura (PVEM) dijo que el fuero es percibido como un incentivo para el incumplimiento de la ley. “El ocupar un cargo público ya no puede significar que se esté exento de cumplir la ley. Es indispensable contar con mecanismos para que las conductas de los servidores públicos sean ejemplares”.
La diputada del PT, Lilia Aguilar Gil, afirmó que esta ley abre la puerta para que los ciudadanos puedan iniciar un proceso de juicio político a través del análisis de las pruebas que se aporten y enjuiciar a aquellos funcionarios públicos que rompan su promesa, compromiso y hagan mal uso de su posición. “Es una verdadera ley y herencia de un gobierno progresista”.
Posturas en contra
El diputado Gerardo Peña Flores (PAN) señaló que la propuesta de ley es contradictoria al espíritu del Constituyente, atenta contra el federalismo y es inconstitucional de facto, absurda y penosa. “No legislen con la ira, un día serán oposición y reformas como esta ponen en riesgo la libertad de actuación institucional del servicio público”.
También del PAN, la diputada Kathia María Bolio Pinelo dijo que el documento está plagado de imprecisiones y es contrario a la Carta Magna. De aprobarse se está olvidando la autonomía de los congresos estatales. “La mayoría de la Cámara legisla a capricho y cerrazón”.
El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI) mencionó que esta ley será un instrumento de persecución política, justicia selectiva, para proteger a allegados y perseguir a opositores. “La expedición de esta ley es prueba de la agenda política que se promueve desde el Gobierno para la persecución”.
Por el PRI, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo consideró que la propuesta, en vez de agilizar procedimientos, genera incertidumbre y refleja la intención de usar la figura de juicio político y declaración de procedencia como herramientas de persecución política. Atenta abiertamente contra el federalismo con una redacción inconstitucional al querer imponer a los congresos locales decisiones, violentando la autonomía de los estados.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) dijo que nadie se opone a lo establecido en materia de juicio político y se coincide en que hay vacíos que deben modificarse, pero desde la pasada Legislatura se han buscado hacer las cosas de manera apresurada y al final en otros espacios se enmiendan las cosas y se regresan las leyes.
Del PRD, el diputado Marcelino Castañeda Navarrete argumentó que el proyecto tiene vicios de origen en el procedimiento. De aprobarse, el Congreso de la Unión violará las competencias en las declaratorias de procedencia y en los juicios políticos de servidores públicos de gobiernos locales, así como los principios del federalismo.
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