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Presentan reforma para reducir efectos de la sequía en zonas áridas y semiáridas

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El diputado García Hernández, del PT, propuso modificar la Ley de Aguas Nacionales

La iniciativa se envió a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento

 

El diputado Jesús Fernando García Hernández (PT) planteó reformar el artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, con el fin de que sea atribución de la Comisión Nacional del Agua desarrollar estrategias regionales para la administración del agua, encaminadas a prevenir y reducir los efectos de la sequía. 

La reforma precisa que será atribución de la Comisión desarrollar con autoridades de otras dependencias y entidades federales, con el gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías, con gobiernos de los estados que correspondan y por medio de éstos, con los gobiernos de los municipios dichas estrategias. 

El documento, que se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento para dictamen, señala que el 52 por ciento de la geografía nacional consta de superficie árida y semiárida, donde anualmente impera una baja precipitación pluvial, el país es un territorio vulnerable a las sequías, cuya recurrencia convierte así al fenómeno en uno de los problemas de mayor importancia para la agenda pública y privada. 

Cita que en años recientes este fenómeno climatológico ha generado daños severos y de enorme cuantía económica en las actividades productivas del sector primario, así como efectos nocivos en el suministro oportuno del vital líquido en asentamientos urbanos y rurales.

Menciona que dentro de los estados que registran índices de sequía extrema se encuentran en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Colima. Es más severo en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima. 

La Comisión Nacional del Agua detalla que los impactos pueden clasificarse en: económicos, ambientales y sociales. Los económicos consisten en la pérdida de producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera, así como en la recesión en la tasa de crecimiento económico regional y en aumento en la demanda de energía. 

Representa además un decremento en industrias y actividades asociadas o dependientes, incluido el desempleo y tirantez de créditos y actividad bancaria lo cual consiste en menor flujo de activos e implica disminución de ingresos y beneficios vía impuestos.

Los ambientales consisten en daños a los ecosistemas, erosión y pérdida de suelos, degradación de la calidad del agua, del aire y del paisaje; en tanto que los de carácter social se traducen en escasez de cantidad y calidad de alimentos, así como en problemas de salud y aumento de la morbilidad en sectores vulnerables, incluidos conflictos entre usuarios y sectores del agua 

También se observa en la desigualdad, en la calidad de vida e incremento de la pobreza, en la inestabilidad social, marginación y migración hacia áreas urbanas o al extranjero.

La iniciativa afirma que las medidas instrumentadas para la atención de esta problemática son loables, sin embargo, para un mejor cumplimiento deberían traducirse en norma legal, de suerte que su vigencia y aplicación tenga un carácter obligatorio y no potestativo. La emergencia de la situación lo demanda así.

Señala que el registro estadístico de la sequía en México, refleja que el fenómeno marcó una tendencia al alza, y en el mes de junio del año en curso se ubicó en una afectación al 84 por ciento de la geografía nacional; muy cercana a la registrada en 2012, cuyo pico fue cercano al 88 por ciento, mientras que de 2010 a 2020 se mantuvo en un nivel promedio del 60 por ciento.

 

 

 

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