La Diócesis de Zamora confirmó que el sacerdote Antonio Jesús Martín de Lera está sometido a un proceso penal canónico por posibles irregularidades económico-administrativas, sin que exista todavía una resolución definitiva.
La Diócesis de Zamora confirmó la apertura de un procedimiento canónico relacionado con posibles irregularidades de carácter económico-administrativo atribuidas al ejercicio de responsabilidades eclesiales de Antonio Jesús Martín de Lera, quien fue vicario general de la diócesis.
El caso se encuentra en fase judicial ante el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, con sede en Madrid. Según el comunicado diocesano recogido por medios especializados, el 29 de enero de 2026 quedó constituido el Tribunal Colegial encargado de examinar el procedimiento.
La diócesis precisó que antes de llegar a esa instancia se realizó una investigación previa, conforme a las normas del Derecho Canónico. Tras esa fase, se apreciaron elementos suficientes para que los hechos fueran analizados por la vía judicial eclesiástica.
El procedimiento sigue abierto. La Diócesis de Zamora ha subrayado expresamente que no se ha dictado una resolución definitiva y que se respeta plenamente la presunción de inocencia del sacerdote, así como las garantías que reconoce el ordenamiento jurídico de la Iglesia a todas las partes.
Martín de Lera fue nombrado vicario general en julio de 2024 para un periodo de tres años. Su salida del cargo se produjo en mayo de 2025, cuando presentó su renuncia. En aquel momento, el obispo de Zamora, Fernando Valera, destacó públicamente su dedicación y servicio a la vida diocesana, sin hacer referencia a las razones de la dimisión.
La noticia vuelve a situar la atención sobre los mecanismos de supervisión económica de la diócesis. En su portal de buenas prácticas, la institución mantiene disponibles documentos sobre inversiones, prevención de blanqueo de capitales, obras y procesos de control interno. Además, la propia diócesis ha señalado que estas herramientas buscan prevenir riesgos, reforzar la transparencia y mejorar la gestión.
La existencia de un proceso canónico no equivale a una declaración de responsabilidad. La resolución corresponderá al Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, mientras la diócesis ha indicado que no realizará valoraciones adicionales para no interferir en el desarrollo del procedimiento ni en los derechos de las personas implicadas.
