El Gobierno de México prevé cerrar 2026 con 42 millones 860 mil 296 derechohabientes de los Programas para el Bienestar y una inversión cercana al billón de pesos, recursos que la presidenta Claudia Sheinbaum considera también un mecanismo para fortalecer el consumo y la actividad económica.
Los Programas para el Bienestar se han convertido en una de las principales herramientas de política social del Gobierno de Claudia Sheinbaum. Para 2026, la administración federal contempla destinar más de un billón de pesos a este conjunto de apoyos, con una cobertura que alcanzará a 42 millones 860 mil 296 personas al cierre del año.
Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta sostuvo que estos recursos no solo representan una transferencia directa a millones de familias, sino que también tienen un efecto sobre la economía. La lógica es sencilla: cuando una pensión o un apoyo llega directamente al hogar, una parte importante de ese dinero termina utilizándose para alimentos, transporte, medicamentos, servicios y otros gastos cotidianos.
“Los Programas de Bienestar” son un apoyo directo no solamente a la gente, sino también a la economía”, afirmó Sheinbaum al señalar que el billón de pesos destinado a estos programas se incorpora al circuito de consumo interno.
La cifra de cobertura coincide con lo presentado por la Presidencia durante el Segundo Informe de Gobierno. De acuerdo con información oficial, al cierre de 2026 los programas alcanzarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión histórica de un billón de pesos. La cifra ya había sido anticipada desde enero, cuando el Gobierno federal planteó una meta de 42.9 millones de beneficiarios.
Entre los principales apoyos se encuentra la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que alcanza a más de 13.7 millones de personas y entrega 6 mil 400 pesos bimestrales. La Pensión Mujeres Bienestar, creada para mujeres de 60 a 64 años, beneficia a más de 2.8 millones, con un apoyo de 3 mil 100 pesos cada dos meses.
En el caso de las personas con discapacidad permanente, el programa llega a 2 millones de derechohabientes, quienes reciben 3 mil 300 pesos bimestrales. A ello se suman los apoyos dirigidos a madres trabajadoras, niñas, niños, jóvenes, productores del campo y otros sectores de la población.
El alcance de la estrategia también se extiende a servicios que buscan complementar las transferencias económicas. Salud Casa por Casa, por ejemplo, cuenta con 20 mil profesionales que han realizado 23 millones de visitas domiciliarias a personas adultas mayores y con discapacidad, según datos presentados por el Gobierno federal durante su Segundo Informe.
Otro de los proyectos en marcha es la Credencial del Servicio Universal de Salud. Hasta este lunes se reportaban 3.8 millones de adultos mayores y personas con discapacidad registrados. El objetivo es que, a partir de 2027, el sistema permita avanzar en el intercambio de servicios entre instituciones públicas de salud y facilitar el acceso a medicamentos, unidades médicas y expedientes electrónicos.
La Secretaría de Salud también ha confirmado que el Gobierno trabaja en la consolidación de este modelo, que busca articular capacidades del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y otras instituciones públicas. Además, el Gobierno federal prevé incorporar miles de nuevos consultorios de atención primaria como parte de esta estrategia.
En el campo, Sembrando Vida mantiene una cobertura de alrededor de 445 mil sembradoras y sembradores en 26 entidades. Cada participante recibe un apoyo mensual de 6 mil 450 pesos. El programa también ha comenzado a impulsar la comercialización directa de productos elaborados por las comunidades rurales, como café, miel, cacao, amaranto y derivados de frutas.
La política social también ha respondido a situaciones de emergencia. Tras las lluvias torrenciales que afectaron a cinco estados, cerca de 100 mil familias recibieron apoyos mediante el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, con una inversión de 7 mil 426 millones de pesos.
Por otra parte, los Centros de Atención para el Migrante han brindado apoyo a más de 197 mil personas, principalmente mediante acciones destinadas a cubrir necesidades inmediatas y proporcionar condiciones dignas durante su estancia en el país.
La dimensión territorial de esta política depende además de una estructura amplia de operación. Sheinbaum reconoció este lunes el trabajo de alrededor de 29 mil Servidores de la Nación, quienes participan en registros, asambleas, visitas y entrega de programas en distintas regiones del país.
Para la presidenta, los programas forman parte de una estrategia más amplia que incluye inversión pública, infraestructura, educación y fortalecimiento de los servicios de salud. “No es uno en vez de otro, son todos al mismo tiempo”, sostuvo al defender la combinación de gasto social e inversión como una vía para reducir la pobreza.
El Gobierno federal también atribuye parte de la reducción de la pobreza al incremento del salario mínimo. Sheinbaum señaló que, de acuerdo con las cifras presentadas por su administración, 13.5 millones de personas salieron de la pobreza durante los últimos años y adelantó que la próxima Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares permitirá conocer con mayor precisión la situación de los hogares durante 2026.
La apuesta, en suma, es mantener una política de transferencias directas mientras se destinan recursos a infraestructura, educación y salud. Es un esfuerzo de enorme dimensión presupuestaria y también un desafío: que el dinero llegue efectivamente a quienes lo necesitan, que los servicios mejoren y que el gasto social tenga un efecto duradero más allá del depósito que cada familia recibe cada dos meses.
