La diputada del PRI señala que el propósito es asegurar que las niñas y niños tengan pensiones que garanticen su desarrollo
Palacio Legislativo, 25-11-2021 (Notilegis).- La diputada Carolina Viggiano Austria (PRI), integrante de la Comisión de Justicia, informó que impulsa una iniciativa para crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, de carácter público, que permita detectar a las personas que no cumplen con sus obligaciones alimentarias.
En un comunicado, indicó que su propuesta plantea reformar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia.
Precisó que este registro solamente procedería con orden de las autoridades judiciales cuando el deudor haya caído en mora más de 60 días y cuando este registro tenga conocimiento de la inscripción de deudores alimentarios morosos.
Dicho registro formaría parte del Sistema Nacional de Información al que se refiere la fracción 15 del artículo 125 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), mismo que se fortalecerá con la información que proporcionen los propios sistemas estatales.
La legisladora hidalguense aseguró que su iniciativa busca evitar que menores de edad tengan una afectación mayor a la cual ya se enfrentan por la separación de sus padres, por ello, la pensión alimentaria es el mecanismo que mantiene el orden y estructura en la vida del menor.
Reconoció que se han hecho diversos intentos para poder asegurar los alimentos a los niños y las niñas. Uno de ellos, detalló, es un mecanismo descontable a través del patrón al deudor alimentario, sin embargo, muchas veces se busca la manera de evadir esta obligación, incluso dándose de baja del centro de trabajo o no siempre se tiene un trabajo formal.
No se trata de crear más burocracia, “la idea es que con lo que ya tenemos lo podamos realizar”.
“Hoy es importante que los niños y las niñas de este país se vean protegidas por quienes debemos darle voz y protección, si no, no hay quién hable por ellos”.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.
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