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Propone María Eugenia Hernández otorgar un intermediario de oficio en procedimiento de arbitraje comercial en solución de controversias

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Señala la diputada de Morena que con ese objetivo presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente

Indica que se busca establecer en el Código de Comercio que la SE provea de un árbitro de manera gratuita, que podrá ser un servidor público facultado para ello

 

Palacio Legislativo, 03-06-2022 (Notilegis).- La diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena), en representación del diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete, de su bancada, propuso otorgar un intermediario de oficio en el procedimiento de arbitraje comercial como medio alternativo para solucionar controversias.

Mediante un comunicado, indicó que presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente que busca establecer en el Código de Comercio que la Secretaría de Economía (SE) provea de un árbitro de manera gratuita, que podrá ser un servidor público facultado para ello.

«Estamos convencidos de que las controversias y los conflictos deben solucionarse mediante métodos de acercamiento y conciliación porque la confrontación y el litigio que llegan hasta sus últimas consecuencias, por lo general, arrojan un resultado donde al menos una de las partes pierde todo y otra queda sumamente desgastada».

Hernández Pérez explicó que hasta antes de 2018 la sociedad en general entendía que la única forma de resolver un problema de índole penal era que el tribunal dictara una sentencia condenatoria.

Sin embargo, dijo que «con el gobierno de la Cuarta Transformación se ha propiciado que se implementen mecanismos de justicia, alternativa que permita impartir justicia para todas y todos».

«Así como pregonamos que la violencia no se resuelve con más violencia, valga la analogía, podemos afirmar que una controversia no se debe resolver con un litigio intenso y una condena categórica».

Puntualizó que mediante el arbitraje gratuito que se plantea, se promueven soluciones justas a las controversias, donde todos ganen y nadie pierda.

A través de esta adición se permitirá que toda la ciudadanía pueda hacer valer sus intereses mediante un mecanismo de impartición de justicia rápido, gratuito y eficaz, sin distinción de ninguna especie.

«Estamos avanzando en darle un contexto jurídico a estas convicciones, pero aún existen pendientes que requieren un cambio en la procuración de justicia», concluyó.