La diputada García Grande (PT) presentó un punto de acuerdo
El Convenio reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo son una amenaza para la igualdad de oportunidades
La diputada Ana Ruth García Grande (PT) presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República para que se lleve a cabo, por parte del Estado mexicano, la firma y ratificación, respectivamente, del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El documento fue turnado a la Segunda Comisión de la Permanente: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen.
En las consideraciones menciona que el Convenio 190 de la OIT reconoce en su preámbulo que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, que son una amenaza para la igualdad de oportunidades, además de inaceptables e incompatibles con el trabajo decente.
También resalta la importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano para prevenir la violencia y el acoso.
Destaca que estas conductas en el mundo del trabajo afectan la salud psicológica, física y sexual de las personas, su dignidad y entorno familiar y social, así como la calidad de los servicios públicos y privados y pueden impedir que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado del trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente, y son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles.
El convenio 190 se adoptó el 21 de junio de 2019, es el más reciente, consta de 8 partes y en total suma 20 artículos, que instan a un alto a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo; es la primera convención internacional que le pone un alto a estas figuras y su misión es que las mismas ya no sean toleradas en ninguno de los sectores, ya sea público, privado, rural y urbano, en el ámbito de la economía formal e informal, precisa.
Considera que es dable asumir que “no existe inconveniente alguno en formalizar su firma por parte del Ejecutivo Federal y su consecuente ratificación por parte del Senado de la República, en un contexto de evidente cumplimiento a sus líneas estructurales y postulados de eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”.
Agrega que el Estado mexicano viene avanzando en el andamiaje jurídico que dé cada vez mayor certeza y condiciones a la clase trabajadora, la fuerza productiva del país, amén de que también ya algunas instancias internacionales han exhortado a nuestro país a su firma, reconociendo que México ha dado clara muestra de voluntad de adoptarlo.
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