El crecimiento de los riesgos digitales y la dificultad de supervisar lo que ocurre en las plataformas han abierto un debate en México sobre una responsabilidad que ya no puede recaer únicamente en padres y madres.
La protección de los adolescentes en internet se ha convertido en un problema demasiado grande para dejarlo exclusivamente en manos de las familias. Esa fue una de las conclusiones centrales del debate celebrado en México durante el encuentro Screen Smart de Meta, donde especialistas, periodistas y representantes de la industria coincidieron en que la seguridad digital requiere responsabilidades compartidas.
La discusión ocurre además mientras México prepara una propuesta para regular el uso de plataformas digitales y redes sociales entre niñas, niños y adolescentes. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en julio una serie de foros regionales destinados a recoger propuestas antes de presentar un proyecto al Congreso de la Unión.
El escenario legislativo todavía está abierto. En la Cámara de Diputados existen distintas iniciativas que plantean restricciones de edad, consentimiento parental, verificación de usuarios y obligaciones específicas para las plataformas. Una de ellas propone impedir la creación de cuentas a menores de 15 años y exigir consentimiento parental verificable para adolescentes de entre 15 y 17 años. Otra iniciativa plantea limitar el acceso a menores de 14 años y establecer mecanismos de autorización para quienes superen esa edad.
Es decir, México todavía no tiene una sola ruta definida. El debate se mueve entre quienes proponen establecer edades mínimas para abrir cuentas, quienes buscan concentrar las restricciones en el entorno escolar y quienes consideran indispensable imponer obligaciones directamente a las empresas tecnológicas.
En medio de esa discusión, Viridiana García Martignon, oficial nacional de Comunicación e Información de la UNESCO en México, planteó una idea difícil de ignorar: los padres pueden acompañar a sus hijos, pero no diseñaron los algoritmos, las reglas de interacción ni los modelos de negocio de las plataformas que utilizan los menores.
“La responsabilidad no puede solamente caer en los padres de familia”, sostuvo García Martignon durante el panel. A su juicio, las familias tienen una responsabilidad de orientación y acompañamiento, pero las empresas también deben responder por la manera en que construyen sus servicios y los gobiernos deben establecer reglas sustentadas en derechos humanos.
Los datos del propio INEGI muestran por qué la discusión no es menor. El Módulo sobre Ciberacoso 2025 registró que 25.4 % de las mujeres usuarias de internet de 12 a 19 años experimentó alguna situación de ciberacoso durante los 12 meses anteriores a la encuesta. Entre los hombres del mismo grupo de edad la proporción fue de 19.5 %.
Además, entre las víctimas de 12 a 17 años, 63.2 % señaló como agresora a una persona de su mismo rango de edad. El dato es importante porque recuerda que la violencia digital no proviene únicamente de adultos desconocidos. Muchas veces ocurre entre compañeros, conocidos o personas que forman parte del mismo entorno escolar y social.
El INEGI también advierte que el Módulo sobre Ciberacoso mide situaciones ocurridas en distintos servicios de internet, por lo que sus cifras no deben interpretarse como un indicador exclusivo de redes sociales. El ciberacoso puede presentarse mediante redes, mensajería, llamadas y otros servicios digitales.
La dimensión del problema también obliga a mirar más allá del tiempo que los adolescentes pasan frente a una pantalla. Una hora de conexión no significa necesariamente una hora de exposición al mismo tipo de contenido. Importan las conversaciones, las recomendaciones algorítmicas, la publicidad, los contactos y el tipo de comunidades digitales en las que participa cada usuario.
Ahí aparece una de las principales dificultades para las familias. Incluso cuando existe acompañamiento y confianza, resulta complicado saber qué contenidos está viendo un adolescente, qué personas pueden contactarlo o por qué determinado material aparece repetidamente en su pantalla.
Meta, propietaria de Instagram, reconoce que parte de esa responsabilidad debe incorporarse directamente en el diseño de sus productos. Las Cuentas para Adolescentes de Instagram están configuradas de forma privada por defecto y utilizan restricciones adicionales para limitar contactos y contenido sensible. Los menores de 16 años necesitan autorización de sus padres para modificar algunas de esas protecciones.
La compañía también mantiene activado un recordatorio después de 60 minutos de uso diario y un modo de descanso que silencia las notificaciones entre las 22:00 y las 7:00 horas. Meta señala que estas medidas buscan reducir la exposición nocturna y evitar que los adolescentes tengan que tomar por sí solos todas las decisiones relacionadas con su seguridad.
María Cristina Capelo, responsable de Seguridad y Bienestar de Meta para América Latina, reconoció durante el encuentro que la compañía tiene una responsabilidad directa sobre el diseño de estas experiencias. También admitió que ningún sistema puede considerarse perfecto porque los riesgos digitales cambian con rapidez.
Ese reconocimiento abre otra pregunta: ¿hasta dónde debe llegar la responsabilidad de las plataformas? Para la UNESCO, no basta con ofrecer herramientas de control parental. También es necesario que los usuarios comprendan cómo funcionan los servicios digitales, qué información dejan detrás y de qué manera sus acciones alimentan los sistemas de recomendación.
La alfabetización mediática aparece así como una pieza fundamental. La UNESCO impulsa desde hace años en México iniciativas destinadas a desarrollar competencias para analizar, utilizar y producir información de manera crítica. En el caso de los adolescentes, esas capacidades pueden ser tan importantes como cualquier filtro técnico, porque permiten reconocer manipulación, publicidad encubierta, desinformación, acoso y otros riesgos.
La discusión también toca la salud mental, aunque aquí conviene evitar conclusiones apresuradas. La existencia de una relación entre determinados patrones de uso de redes sociales y algunos problemas de salud mental no significa que las plataformas sean, por sí solas, la causa de esos problemas. Edad, contexto familiar, relaciones sociales, tipo de contenido y condiciones personales pueden modificar de manera importante la experiencia de cada adolescente.
Precisamente por ello, algunas propuestas, como las defendidas por el psicólogo social Jonathan Haidt, plantean retrasar el acceso pleno a las redes sociales y limitar el uso de teléfonos en las escuelas. Pero esas medidas también han provocado un debate sobre sus posibles efectos secundarios, la capacidad real de hacer cumplir las restricciones y el riesgo de que una regulación excesiva termine afectando otros derechos, incluida la libertad de expresión.
La experiencia cotidiana ofrece una pista sobre la dificultad del problema. Prohibir un contenido no garantiza que desaparezca. Un adolescente puede encontrarlo en la cuenta de un amigo, en otra plataforma o incluso en un dispositivo distinto. Por eso, como señaló la periodista Pamela Cerdeira durante el panel, la prohibición aislada tiene límites y debe acompañarse de conversación, pensamiento crítico y confianza.
Ana María Olabuenaga, especialista en comunicación y autora de Linchamientos digitales, llevó la discusión hacia otro aspecto menos visible: la escala de la exposición. Un adolescente ya no interactúa únicamente con su familia, sus compañeros y sus profesores. Una publicación puede recibir en minutos la reacción de cientos o miles de personas, y esa respuesta puede influir en la manera en que construye su identidad.
La diferencia con generaciones anteriores es considerable. Antes, una equivocación podía quedar limitada al salón de clases o al grupo de amigos. Hoy puede quedar registrada, replicarse y acompañar durante años a quien la cometió. Esa huella digital convierte decisiones aparentemente pequeñas en asuntos con consecuencias mucho más amplias.
Por eso, la discusión mexicana no debería reducirse a una pregunta sobre cuántos años debe tener una persona para abrir una cuenta. El verdadero desafío es construir un entorno digital en el que las plataformas tengan obligaciones claras, las escuelas formen usuarios críticos, los gobiernos establezcan reglas proporcionales y las familias puedan acompañar sin cargar solas con una responsabilidad que técnicamente no pueden controlar por completo.
La verdad es que ningún botón de configuración sustituye una conversación entre padres e hijos, pero tampoco una conversación familiar puede compensar por sí sola un diseño digital que favorezca la exposición permanente, la interacción sin límites o la recomendación automática de contenidos.
México se encuentra todavía en la etapa de discusión de las reglas que definirán ese equilibrio. Lo que ocurra en los próximos meses determinará si el país apuesta principalmente por prohibiciones y límites de edad, por controles tecnológicos, por educación digital o por una combinación de todas estas herramientas.
El reto será encontrar una fórmula que proteja a los adolescentes sin tratarlos como usuarios incapaces de tomar decisiones y que, al mismo tiempo, obligue a las empresas a asumir la parte de responsabilidad que les corresponde. Porque mientras la tecnología continúa avanzando a una velocidad difícil de seguir, la protección de quienes crecen dentro de ella no puede quedarse esperando.
